La destitución de siete fiscales departamentales y un informe reciente de la ONU, en el que se critica la corrupción del sistema judicial de Bolivia, ponen de relieve la debilidad institucional que está incrementando la vulnerabilidad del país andino frente al crimen organizado transnacional.
Los siete fiscales fueron removidos de sus cargos después de que ocho divisiones del Ministerio Público en el departamento de La Paz fueran investigadas por la Fiscalía General del Estado por irregularidades, informó La Razón.
Entre los fiscales destituidos se encuentra Patricia Santos, fiscal del distrito de La Paz, sede del gobierno del país.
La investigación encontró cientos de denuncias por irregularidades —incluyendo corrupción y maltrato a los clientes— relacionadas con los fiscales departamentales. La Fiscalía General de Bolivia dijo que existe la posibilidad de que se presenten más remociones durante las próximas semanas.
Esta limpieza judicial en La Paz se presenta poco después de la reciente publicación de un crítico informe (pdf) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que describe la corrupción generalizada en el sistema judicial de Bolivia y afirma que las reformas implementadas en 2011 hicieron poco para mejorar la situación en el país. Al presentar el informe, Denis Racicot, representante de la OACNUDH, se refirió al año 2014 como “quizás el peor” año en la historia reciente para el sistema de justicia de Bolivia, informó la agencia EFE.
Las reformas judiciales bolivianas de 2011 le permitieron al país elegir a sus jueces por primera vez en la historia, pero fueron criticadas por el hecho de que podrían politizar el poder judicial, en lugar de hacerlo más eficiente. En enero, el presidente Evo Morales dijo que esperaba celebrar un referéndum sobre la reforma judicial, y añadió que “se ha empeorado la justicia en Bolivia”.
Análisis de InSight Crime
La corrupción del sistema judicial es sólo una de las varias debilidades institucionales que les podrían continuar facilitando a las redes del crimen organizado ganar una posición más fuerte en Bolivia. El año pasado, abogados penalistas en la ciudad de Santa Cruz le dijeron a InSight Crime que tanto fiscales como jueces pueden ser sobornados por entre US$20.000 y US$50.000.
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Sin embargo, la remoción de los siete fiscales de La Paz debe ser tomada como un signo positivo de que Bolivia continúa esforzándose por sanear su sistema judicial. Poco después de que el presidente Morales anunciara los planes de un referéndum, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de Bolivia identificó a docenas de fiscales y jueces que se encontraban bajo investigación por aceptar sobornos de presuntos narcotraficantes.