Las condenas contra cuatro policías involucrados en ejecuciones extrajudiciales en El Salvador parece representar un mensaje de las autoridades sobre su voluntad de abordar la violencia policial que ha puesto al país en la mira internacional. Sin embargo, las causas de fondo de este problema aún continúan intactas.
La Fiscalía General de El Salvador informó el 22 de junio que cuatro miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron condenados a 60 años de prisión por homicidio agravado.
El caso por el que son acusados sucedió el 13 de febrero de 2017 en el municipio San Pedro Masahuat, en La Paz, cuando dos civiles murieron en lo que la policía había descrito como una persecución y enfrentamiento con pandilleros. Sin embargo, el Tribunal concluyó que dicho enfrentamiento no ocurrió, y que esa narrativa fue utilizada para encubrir una ejecución extrajudicial.
Según la Fiscalía, se investigará también la posible participación de otros agentes que fueron mencionados por testigos, pero que no habían sido considerados en este proceso.
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Además de este caso, las autoridades salvadoreñas condenaron este año a otros seis policías por haber participado en un grupo de exterminio, y otros siete están actualmente procesados, acusados de una ejecución extrajudicial que tuvo lugar en 2015.
Análisis de InSight Crime
El Salvador ha estado en los ojos de la comunidad internacional debido a las múltiples acusaciones sobre la participación de la policía en masacres y ejecuciones extrajudiciales.
Un número de expertos internacionales de las Naciones Unidas han hecho públicas denuncias en este sentido y hace tan solo unas semanas, CNN reveló que Estados Unidos había financiado una unidad élite de la PNC involucrada en este tipo de abusos.
Las recientes condenas a policías por ejecuciones extrajudiciales son, sin duda, pasos positivos e importantes y podrían ser un mensaje de las autoridades judiciales salvadoreñas al público local e internacional para mostrar que sí están abordando este problema.
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Sin embargo, todavía queda por verse el efecto que estas condenas tendrán para acabar con la violencia policial mientras ésta está arraigada a un contexto en donde las medidas de mano dura son la política estándar del Estado para combatir a las pandillas.
En una entrevista con InSight Crime en febrero, la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas Agnes Callamard dijo que el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad está facilitado por un contexto de impunidad y por la incapacidad de llevar casos de corrupción a la justicia.
“En últimas se necesita aportar evidencia valiosa, tener jueces que no tengan miedo de condenar a policías y proteger a esos jueces [cuando toman] decisiones muy impopulares”, comentó Callamard.
Por otro lado, hasta ahora las autoridades salvadoreñas solo han enjuiciado a los actores directos de las ejecuciones, pero se han quedado cortos en investigar a los rangos más altos, también involucrados en abusos.