A comienzos de 2017, Hansy Sánchez vendía drogas en “Bola 8”, un bar y billar latino ubicado en un deteriorado centro comercial del sureste de Nashville, Tennessee, Estados Unidos.
La incursión de Sánchez en el mundo del narcotráfico comenzó temprano. Cuando tenía cuatro años, fue llevado de Guatemala a Nashville. El motivo, según lo que contaría dos décadas después ante un tribunal, era para poder tener una mejor vida. Pero en Nashville, a los 12 años ya fumaba marihuana, y a los 14 consumía cocaína y metanfetaminas.
A los 16, vendía bolsas de cocaína de US$20 en discotecas y bares como “Bola 8”. Una noche, en el baño, vio que otro dealer —como se le conoce a quienes venden drogas—salía a buscar cambio. Hansy tenía cambio, así que aprovechó la oportunidad y se quedó con el cliente.
El dealer rival lo enfrentó y discutieron antes de que este desapareciera en medio de la multitud. Poco después, otro hombre —el jefe de su rival— se le acercó con un mensaje. Tenía dos opciones: podía trabajar para ellos o marcharse y no volver a vender drogas allí. Si regresaba, lo matarían.
Pero Hansy no respondía ante ellos, sino ante su propio jefe, alias “El Gordo”. Este le ordenó seguir vendiendo en el bar. Lo que había comenzado como una disputa por una venta de US$50, pronto se convirtió en una guerra callejera sangrienta.
Semanas más tarde, Hansy y el Gordo se quedaron hasta el cierre del bar para luego salir, en su Toyota Scion, con unos amigos hacia un club nocturno cercano. Detrás de ellos los seguía un Honda oscuro con vidrios polarizados. Cuando el Honda los alcanzó, uno de los pasajeros del auto de Hansy sacó una pistola y disparó varias veces. La ventanilla del Honda se bajó apenas unos centímetros, y el cañón de un fusil AK-47 asomó. El aire se llenó de balas.
Hansy, el Gordo y sus amigos aceleraron. Mientras el Honda los perseguía por las calles secundarias, les dispararon varias veces, destrozando el parabrisas trasero y perforando la ventanilla donde estaba sentado Hansy. Lograron meterse en un estacionamiento, abandonaron el auto, saltaron una cerca y corrieron por sus vidas mientras las balas silbaban a su alrededor e impactaban contra la fachada del club.
Fue un escape milagroso. Hansy se había cruzado con un grupo que el gobierno de Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera: la MS13 o Mara Salvatrucha.
Según una orden presidencial de enero de 2025 que declaró el estado de emergencia nacional, la MS13 es una organización que “amenaza la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”. Para enfrentarla, el gobierno estadounidense anunció que movilizaría a sus fuerzas de seguridad con la orden de “repeler la invasión extranjera”.
Pero los hombres armados que atacaron a Hansy no eran sicarios enviados desde Centroamérica por terroristas extranjeros para tomar Tennessee. La MS13 lleva más de dos décadas activa en Nashville, y la mayoría de los implicados en el tiroteo —incluido el cabecilla— eran nativos de la ciudad. Otros llegaron cuando eran niños. Esta era una historia nacida en Tennessee.
Los Locos de Nashville
Los atacantes de Hansy Sánchez pertenecían a la clica Thompson Place Locos Salvatrucha (TPLS). Las clicas son el nombre que reciben las células locales de la MS13.
Thompson Place es una franja de casi un kilómetro escondida detrás del Aeropuerto Internacional de Nashville. Está a solo 15 minutos de los bares turísticos del centro y de los modernos apartamentos de los suburbios gentrificados de la ciudad. Pero es otro mundo: centros comerciales deteriorados por el sol, estacionamientos vacíos y apartamentos de solo una habitación con rentas que cuestan la mitad del precio promedio.
Es un lugar marcado por la precariedad. En las transcripciones judiciales del juicio contra la TPLS, los testigos hablaban de “las calles”: “Lo conocí en las calles”, “Lo veo en las calles”. Pero “las calles” no eran un sitio físico, sino un concepto. En esa zona no hay calles propiamente dichas, solo largas avenidas bordeadas por autopistas y enormes intersecciones.
Thompson Place es, en otras palabras, uno de esos espacios intermedios creados por las ciudades automovilísticas del sur de Estados Unidos, y muchos de sus residentes viven también en un limbo. Familias con trabajos, casas, iglesias y fiestas, pero sin dejar huella en los registros oficiales: sin visas, sin seguridad social, sin licencias de conducir. Otros sí tienen documentos que prueban que dejaron sus países para venir a Tennessee, pero siguen atrapados en un limbo invisible, enfrentando barreras de idioma, una burocracia incomprensible y prejuicios raciales que a veces se convierten en una hostilidad abierta.
Ese era el mundo donde crecieron la mayoría de los miembros de la TPLS, y donde la MS13 ya había echado raíces.
“Estas pandillas han estado presentes en Nashville desde principios de los años 2000. Lamentablemente, nunca han dejado de ser parte del panorama criminal”, dijo Thomas Jaworski, quien supervisó el juicio contra la TPLS como fiscal federal interino para el Distrito Central de Tennessee.
La historia de la TPLS en Nashville sigue la trayectoria general de la MS13 en Estados Unidos, un camino moldeado por un ciclo constante de migración y deportaciones.
La pandilla surgió por primera vez entre migrantes salvadoreños en el sur de California durante la década de 1980. Posteriormente, se expandió a Centroamérica a raíz del aumento de deportaciones en los años noventa, cuando la administración del presidente Bill Clinton aprobó una serie de leyes que ampliaron la lista de delitos deportables para incluir faltas menores como conducir en estado de embriaguez o hurto menor.
Según un análisis del Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute, MPI), las deportaciones anuales hacia El Salvador, Guatemala y Honduras pasaron de poco más de 5.000 en 1995 a más de 100.000 en 2014.
De regreso en Centroamérica, la MS13 pasó de ser una pandilla callejera violenta a convertirse en una red criminal sofisticada. Para comienzos de los años 2000, esta versión más estructurada y expansiva del grupo ya se extendía por las comunidades latinas en Estados Unidos, donde desde entonces se ha regenerado reclutando jóvenes vulnerables, ya fueran nacidos en el país o migrantes recién llegados.
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A nivel nacional, las agencias federales lanzaron a mediados de la década del 2000 los primeros operativos a gran escala que combinaron el control migratorio con investigaciones contra pandillas, justo cuando la TPLS comenzaba a surgir en Nashville.
En 2005, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) lanzó la Operación Escudo Comunitario (Operation Community Shield), con el objetivo de atacar a las pandillas transnacionales en coordinación con autoridades federales y locales. Durante los siguientes 12 años, las fuerzas del orden reportaron 47.000 arrestos relacionados con pandillas, incluidos más de 4.000 arrestos criminales y casi 3.000 arrestos migratorios de presuntos líderes, miembros y asociados de la MS13.
En Nashville, el primer gran caso contra la TPLS se registró poco después. Entre 2007 y 2008, 13 integrantes fueron condenados en un proceso por crimen organizado que incluyó cargos por homicidio, tentativa de homicidio, agresión, tenencia ilegal de armas y obstrucción de la justicia, tras una investigación conjunta entre las autoridades locales y federales, incluido ICE. Pero, como ocurrió en muchas otras partes del país, una nueva generación de reclutas de la MS13 surgió rápidamente para ocupar su lugar.
Del desorden al derramamiento de sangre
La TPLS se parecía a muchas otras pandillas en Tennessee. Principalmente, vendía drogas entre amigos y conocidos, en los mismos bares del vecindario o incluso entre sus propios miembros. A veces robaban autos o cometían asaltos a mano armada, pero su principal fuente de ingresos eran las drogas: cada semana, decenas de gramos de cocaína y marihuana se fraccionaban en pequeñas bolsas y se vendían en dosis asequibles.
La TPLS respondía ante el Programa de la MS13 en la Costa Este (MS13’s East Coast Program). Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (US Department of Justice, DOJ), en la década de 2010 este programa estaba compuesto por unas 20 clicas y miles de miembros, desde Massachusetts hasta Luisiana. En su apogeo, el programa era dirigido desde El Salvador por un miembro deportado de la pandilla.
El papel de la TPLS dentro de esta red, según declaró en el juicio un líder que luego se convirtió en informante, era simple: “seguir las reglas del programa y reportarse con dinero”.
El dinero se recaudaba en las “misas” —las reuniones semanales en las que la clica discutía sus asuntos y trazaba sus planes—. Según el testimonio, esas “cuotas” se destinaban a apoyar a los pandilleros encarcelados y a enviar recursos a quienes llamaban “Los locos de abajo”, es decir, los líderes del programa en El Salvador.
Pero, al igual que otras clicas de la MS13 en Estados Unidos, la TPLS operaba con recursos precarios. En Nashville, la mayoría de sus miembros estaban desempleados, así que las cuotas salían de lo poco que ganaban vendiendo drogas. Cada uno debía aportar entre US$25 y US$30 semanales, explicó el líder. Con entre 15 y 20 miembros, la TPLS aportaba al programa entre US$19.500 y US$31.200 al año, una cifra inferior al salario promedio individual en Tennessee.
La organización tampoco se destacaba por su disciplina. Los miembros rompían constantemente las reglas, como vender drogas de otros proveedores, no seguir los protocolos al cometer asesinatos o al deshacerse de las armas, e incluso violar mandamientos considerados sagrados, como “no matar mujeres”. Pero no había señales de que los líderes del programa en El Salvador hicieran algo para imponer orden o sancionar los abusos.
El caos y la desorganización dentro de la clica se convirtieron incluso en parte central de la estrategia de defensa durante el juicio.
La TPLS no era más que “un grupo desorganizado de adolescentes sin rumbo”, alegó uno de los abogados defensores. Otro sostuvo que la clica era tan caótica que, en la práctica, “no existía como organización”.
“Con todas las reglas rotas que se mencionaron, con todos actuando en su propio beneficio, no había ninguna organización real”, dijo la abogada en su alegato final.
Pero aunque su negocio era de bajo perfil y su estructura, desorganizada, la violencia de la TPLS era extrema.
Cuando la bestia devora
Días después del tiroteo, Hansy y el Gordo huyeron a Miami, pero los TPLS siguieron buscándolos en Nashville.
“Ya sabemos quiénes son, hermano. El problema es que los estamos buscando”, le dijo un miembro de la MS13 a su jefe en una llamada telefónica que luego sería presentada en el juicio.
“El diablo es el diablo. El diablo te los pondrá al frente. Ya los verás”, le respondió el líder. “Porque la bestia tiene que comer. Tiene hambre.”
La bestia, explicó un testigo en el tribunal, era la pandilla.
Después de una semana, Hansy y el Gordo se habían quedado sin dinero y decidieron regresar a Nashville. Tan pronto llegaron, se cambiaron de ropa y fueron directamente a Bola 8, con los bolsillos llenos de cocaína. Hansy bebió cerveza, consumió cocaína y tomó Xanax.
Alrededor de las 4 a.m., decidieron recoger el auto que habían dejado en un estacionamiento desde el primer tiroteo, temiendo que lo remolcaran. Cuando llegaron, Hansy bajó del auto y se subió al Toyota lleno de marcas de bala mientras los demás se alejaban. En ese momento vio el destello de un teléfono encendido en un vehículo estacionado frente a ellos. Al salir del estacionamiento, una camioneta blanca se estrelló contra su auto y Hansy sintió una bala atravesando su garganta.
Cubierto de sangre, pisó el acelerador mientras más vehículos lo perseguían a los tiros. No sabía cuántos eran, pero todos disparaban. Recibió impactos en el brazo, en el pecho, en la pierna, en la espalda y en un dedo. Justo antes de perder el conocimiento, vio luces azules y dirigió el carro hacia ellas. Entró de lleno en una escena de accidente de tránsito, abrió la puerta y se desplomó frente a los policías.
Hansy sobrevivió con nueve heridas de bala. Después sufriría ataques de pánico, pesadillas y recuerdos recurrentes de los hechos. Según los fiscales, fue una de al menos 17 personas a las que los TPLS intentaron asesinar entre 2016 y 2017. Diez de ellas murieron.
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Las víctimas eran latinas, muchas del mismo vecindario que la pandilla. Algunas, como Hansy, fueron atacadas por disputas de negocio; otras, por faltarle el respeto a la banda. Pero muchas fueron víctimas de una cacería constante de “chavalas”, término usado por la MS13 para referirse a sus rivales. Era una de las pocas reglas que la TPLS parecía cumplir: atacar a los enemigos donde fuera y con la máxima violencia posible.
Sin embargo, los testimonios del juicio muestran que no se trataba de una guerra territorial ni de un conflicto entre grandes facciones. La TPLS no era un batallón dentro del ejército de la MS13, sino una clica impulsada por el caos y la búsqueda de estatus interno.
Algunos formaban parte de los “chequeos” —nuevos reclutas— que mataban para ascender al rango de pandilleros y ganarse sus “letras”, es decir, el derecho a tatuarse la MS13 en el cuerpo. Otros, más veteranos, querían no quedarse rezagados frente a los jóvenes o evitar parecer débiles. Un miembro dijo a un testigo que quería matar a una persona para pasar al que tenía el “récord” de asesinatos y hacerse famoso.
La mayoría de los homicidios fueron oportunistas e impulsivos. Disparaban durante persecuciones, ametrallando con fusiles de asalto mientras recorrían calles residenciales y autopistas. Abrieron fuego con un fusil AK-47 cuando sus rivales salían de un bar, y dejaron dos cuerpos tendidos frente a los presentes horrorizados. Asesinaron a personas en estacionamientos o cuando bajaban de taxis. Ejecutaron a un hombre en un campo mientras suplicaba por su vida. Metieron el cuerpo acribillado de otro en el baúl de un auto y lo incendiaron.
¿Refugiados o reclutas?
El cabecilla del ataque contra Hansy Sánchez, Carlos Ochoa Martínez, era el “Palabrero” de la TPLS, como se conoce a los líderes de las clicas en la MS13. Obtuvo su posición no por su experiencia en Centroamérica, sino por haber escalado los rangos localmente. Ochoa había nacido en Nashville.
De las 18 personas condenadas en el caso contra la TPLS, siete eran de Nashville o de localidades cercanas, y la mayoría del resto provenía de Honduras o El Salvador. Cuando comenzó la investigación, en 2014, doce tenían 20 años o menos; ocho aún eran menores de edad, todos migrantes. Algunos eran amigos de secundaria. InSight Crime solo pudo verificar un caso en el que el acusado había tenido relación con la MS13 antes de ingresar a Estados Unidos.
Muchos de los reclutas centroamericanos llegaron durante la década de 2010, cuando aumentó drásticamente la migración desde Centroamérica, especialmente el número de niños y adolescentes no acompañados. Ese auge fue, en parte, resultado de la violencia creciente, el reclutamiento forzado y la extorsión ejercida por la MS13 y sus rivales cada vez más poderosos.
Al principio, la conexión entre las pandillas y esta ola migratoria se entendía desde la perspectiva de las causas estructurales en Centroamérica, explicó Adam Isacson, experto en migración de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA), una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.
“Cuando empezaron a llegar todos esos niños y familias, la reacción en Estados Unidos era más bien: ‘tenemos que prestar más atención a estas pandillas en Centroamérica, porque están volviendo esos países inhabitables, la gente huye, y muchos de ellos tienen solicitudes de asilo muy creíbles’”, agregó.
Sin embargo, Isacson afirmó que esa narrativa cambió radicalmente con la llegada de Donald Trump al poder en 2016.
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“Trump llega y todo se invierte: ahora todos esos niños y familias son pandillas”, dijo. “Se convirtió en una herramienta muy útil para asustar a los estadounidenses y construir apoyo para políticas migratorias de mano dura”.
El aumento de menores migrantes fue, en parte, consecuencia de una ley estadounidense aprobada en 2008, que facilitó las solicitudes de asilo para menores de edad y les permitió permanecer en el país con familiares o tutores mientras se procesaban sus casos.
Para los críticos de la política migratoria de Estados Unidos, esa legislación terminó beneficiando a la MS13 y a otras pandillas.
“La ley incentiva a que los menores extranjeros, o quienes dicen serlo, vengan a Estados Unidos”, afirmó Andrew Arthur, exjuez de migración y miembro del Centro de Estudios de Migración (Center for Immigration Studies, CIS), un centro de pensamiento estadounidense que promueve controles migratorios más estrictos.
“Algunos de esos menores extranjeros no acompañados eran ellos mismos miembros de pandillas; otros, en realidad, no eran menores de edad. Y en cuanto al resto, crearon en Estados Unidos una población de niños y niñas sin vínculos familiares, lo que ofreció a las pandillas una oportunidad para reclutar y ampliar sus actividades en el país”, dijo Arthur.
Sin embargo, para los que vivían la situación de cerca en Nashville, el factor determinante no fue por qué esos jóvenes llegaron a Estados Unidos, sino lo que encontraron al llegar. Y aunque algunos hallaron la oportunidad y la estabilidad que buscaban, otros se toparon con la versión estadounidense de la pobreza y la violencia de la que huían en Centroamérica.
Una tierra fértil para las pandillas
Los distritos donde operaba la clica TPLS son algunos de los más pobres y violentos de Nashville. Pero no son una excepción. La pobreza y la violencia de las pandillas caminan juntas en los barrios olvidados que rodean al próspero centro de la ciudad.
En la zona, pandillas afroamericanas como los Crips, los Bloods, los Gangster Disciples y los Vice Lords tienen una larga historia. Hoy el panorama también incluye grupos con raíces en comunidades migrantes, como Kurdish Pride y Brown Power, este último con reclutamiento entre los jóvenes latinos.
Clemmie Greenlee conoce de cerca el impacto de la MS13 —y de muchas otras pandillas— en las comunidades de Nashville. Lidera Peacemaker Nashville, una organización comunitaria que trabaja con jóvenes vulnerables al reclutamiento. Y la violencia la ha tocado personalmente: pandillas de Nashville asesinaron a su hijo y a su sobrino.
Cuando habló en un evento en memoria de una víctima de una pandilla latina, contó a InSight Crime que le sorprendió cómo las condiciones de los jóvenes en los barrios donde opera la MS13 se parecen a las de las comunidades negras con las que trabaja: pobreza, exclusión, padres ausentes, fácil acceso a armas y drogas, un sistema educativo que falla en los vecindarios pobres y falta de apoyo para las organizaciones locales.
“Cuando vas allá, ves los parques de casas rodantes, las viviendas iguales a las nuestras, ves la gentrificación y la pobreza, gente que apenas logra pagar sus cuentas, y si tienen algo en la nevera, eso ya es ganancia”, dijo. “Así que cuando los veo salir con sus símbolos de pandilla, con toda esa rabia y ese machismo, lo entiendo. Vas a la cama con hambre cada noche, y tu papá o tu mamá no están porque trabajan en dos o tres empleos”.
Para los jóvenes migrantes de Nashville, estos desafíos —y, por tanto, su vulnerabilidad al reclutamiento— se agravan por factores como la falta de apoyo bilingüe en las escuelas, la separación de sus familias y la desconfianza entre las comunidades y las instituciones de seguridad y justicia, explicó Jazmín Ramírez, activista comunitaria que trabaja con estudiantes migrantes en el sistema educativo de la ciudad.
“Esos estudiantes que tienen algún tipo de estatus migratorio o ninguno están siendo dejados al margen”, dijo.
“Existe esta percepción de que el crimen en nuestra comunidad está aumentando”, agregó. “Pero al mismo tiempo no se están invirtiendo los recursos necesarios para apoyar a nuestra ciudad, especialmente a los jóvenes negros y latinos”.
Nueva generación, nuevas vulnerabilidades
En julio de 2024, los fiscales lograron condenas contra 18 miembros de la TPLS gracias a los testimonios de unas 70 personas, incluidos cuatro pandilleros que colaboraron con las autoridades. La investigación fue dirigida por una fuerza de tarea interinstitucional que integró a la policía local y estatal junto con agencias federales, entre ellas Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI), la rama investigativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (US Immigration and Customs Enforcement, ICE).
Los pandilleros fueron condenados a dos cadenas perpetuas y un total combinado de 730 años de prisión por delitos de crimen organizado, homicidio, tentativa de homicidio, secuestro, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas, obstrucción de la justicia y destrucción de evidencia.
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Desde la conclusión del caso, sin embargo, estas fuerzas de tarea han sido desmanteladas como parte de la reestructuración de las prioridades de seguridad bajo la administración Trump. La nueva directriz para los fiscales es priorizar los delitos más graves y fáciles de probar en lugar de construir casos complejos. Al mismo tiempo, los presupuestos de las agencias investigativas han sido recortados, mientras se inyectan fondos adicionales a las detenciones y deportaciones migratorias.
Este nuevo enfoque se puso de manifiesto durante el operativo migratorio de una semana que ICE llevó a cabo en Nashville en mayo. Aunque entre los detenidos había un presunto miembro de la MS13 buscado por homicidio en El Salvador —uno de los dos supuestos pandilleros arrestados durante el operativo—, fue solo uno entre 196 personas capturadas. Más de un centenar no tenía antecedentes penales ni procesos judiciales pendientes.
Varios funcionarios de seguridad consultados por InSight Crime señalaron que, pese al bajo número de pandilleros detenidos, el operativo probablemente tendrá un efecto disuasorio sobre la MS13 en Nashville, al forzar a sus miembros sin estatus legal a mantener un perfil bajo.
Pero para quienes trabajan con las comunidades migrantes, el efecto ha sido el opuesto. Estas redadas indiscriminadas han empujado aún más a los jóvenes migrantes a las sombras, donde las pandillas prosperan, advierte Ramírez. Uno de los desarrollos más preocupantes desde el operativo del ICE, dijo, ha sido el aumento del ausentismo escolar, ya que padres y tutores temerosos mantienen a sus hijos en casa, una condición que facilita el reclutamiento por parte de la MS13.
“Frente al miedo a que aparezcan las autoridades migratorias, los padres y tutores dicen: ‘No puedo confiar lo suficiente en el sistema para que me proteja, así que prefiero sacarte [de la escuela]’”, explicó Ramírez.
Y aunque los operativos de control migratorio se realizan en todo el país, el Congreso estatal de Tennessee también está impulsando medidas antimigratorias que van incluso más allá de las de la administración Trump. En abril, se suspendió un proyecto de ley que buscaba restringir el acceso a la educación para niños y niñas indocumentados, en medio de un debate sobre su impacto fiscal. Pero en mayo, los legisladores republicanos lograron aprobar lo que se ha denominado una ley contra el “amparo de migrantes”.
Los promotores de la ley aseguran que su objetivo es combatir el crimen organizado, penalizando el tráfico de personas y responsabilizando a individuos y organizaciones por transportar, amparar u ocultar a migrantes en situación irregular dentro del estado. Sin embargo, la norma enfrenta demandas judiciales bajo el argumento de que su redacción es tan ambigua que podría criminalizar desde arrendadores que alquilan a migrantes hasta iglesias y organizaciones benéficas que brindan servicios comunitarios.
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Lo que nadie discute, sin embargo, es que en Nashville el problema persiste. En septiembre, las autoridades arrestaron a 17 presuntos miembros de la MS13 tras una investigación iniciada a comienzos de año.
Hansy, el joven vendedor de drogas que se convirtió en testigo del gobierno, también pudo haber sido un objetivo. En noviembre de 2023, seis meses después de que un jurado emitiera veredictos de culpabilidad en el caso de crimen organizado que fue el eje de otra investigación sobre la TPLS, uno de los testigos del proceso fue interceptado en el estacionamiento de una lavandería, donde cinco hombres lo obligaron a subir a una camioneta a punta de pistola. Allí le ataron las manos y lo retuvieron durante horas, golpeándolo con una pistola, un martillo y un machete mientras lo interrogaban sobre su testimonio en el juicio.
De alguna manera logró escapar, aunque quedó con la muñeca rota y heridas en el pecho, la cara, las manos y el cuello.
Un comunicado posterior del DOJ describió el ataque, y aunque no nombraba a la víctima, señalaba que había declarado en el juicio por crimen organizado sobre cómo la MS13 intentó asesinarlo en dos ocasiones distintas por una disputa relacionada con el tráfico de drogas.
