Los abogados defensores del antiguo capo del cartel de Sinaloa “El Chapo” han sostenido que dos presidentes de México aceptaron millones de dólares en sobornos, acusaciones no verificadas que han sido negadas con vehemencia, pero que ponen al gobierno mexicano en una posición incómoda y bien pueden volverse un tema recurrente a lo largo del juicio.
Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, sostuvo en su alegato de apertura que el expresidente mexicano Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña Nieto recibieron “cientos de millones de dólares en sobornos” del jefe del cartel de Sinaloa Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, según información de Vice News.
Lichtman alega que El Chapo es un chivo expiatorio y que El Mayo es la verdadera cabeza de la poderosa organización narcotraficante, y añade que El Mayo “soborna a todo el gobierno de México, hasta la cúpula”. El Mayo se encuentra en libertad actualmente y se lo considera uno de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses.
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El abogado defensor llegó al punto de aseverar que hay un complot para incriminar a su cliente, en el que están involucrados no solo El Mayo y funcionarios corruptos del gobierno mexicano, sino también agentes “deshonestos” de la Administración para el Control de Drogas (DEA), según recogió The New York Times.
Después de que se diera al jurado permiso para retirarse por ese día, el juez Brian Cogan advirtió a Lichtman que no hiciera afirmaciones que “no pudiera respaldar con evidencia”, según The New York Times. Desde ese momento los fiscales estadounidenses piden al juez que excluya el alegato de apertura de Lichtman.
El expresidente Calderón comentó en un tuit que las afirmaciones de Lichtman eran “absolutamente falsas y temerarias”, y añadió que “ni él, ni el cartel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”. El presidente Enrique Peña Nieto también rechazó las denuncias por medio de un vocero, quien las calificó de “completamente falsas y difamatorias”.
Análisis de InSight Crime
Capos de la droga como El Chapo rara vez llegan a comparecer en juicio en México, y las denuncias hechas durante su primer día en un tribunal estadounidense dejan entrever cómo quedará expuesto el gobierno mexicano al escrutinio público permanente a medida que avance el juicio.
Los grandes casos de narcotráfico son largos y con muchas ramificaciones, lo que lleva a que puedan tener implicaciones imprevistas para las élites políticas y empresariales.
Por ejemplo, el caso de narcotráfico contra Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo, reveló nexos entre los narcotraficantes y el gobierno hondureño. En ese caso, Devis Leonel Rivera Maradiaga —exlíder del grupo criminal Los Cachiros— atestiguó en una audiencia de dictamen de sentencia que él sobornó en repetidas ocasiones al expresidente y que le entregó cientos de miles de dólares directamente.
También declaró que el diputado hondureño Antonio “Tony” Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, actuó en connivencia con Los Cachiros en su empresa criminal. Todas estas acusaciones irrecusables se conocieron de un solo testigo durante una audiencia de dictamen que pasó casi desapercibida.
El juicio de El Chapo ha recibido mucha más atención, lo que lleva las acusaciones contra los expresidentes mexicanos a los titulares de prensa.
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Las fanfarronadas de Lichtman bien pueden ser un intento del equipo de defensa de El Chapo para “enredar las cosas” y tratar de que el gobierno mexicano parezca “más culpable que él [El Chapo]”, según Mike Vigil, exjefe de operaciones de la DEA.
Se espera que el juicio contra El Chapo se extienda cuatro meses, y su abogado ha hecho claridad desde el primer día de que presentará una conspiración de amplio alcance que busca implicar a la clase dirigente mexicana.
El juicio de narcotráfico que implicó a Honduras mostró, sin embargo, que aun un testigo puede abrir una caja de Pandora. Lo que está por verse es si el abogado de El Chapo tiene la evidencia y los testigos para respaldar su fanfarria.