Ecuador ha dejado en libertad a unas 500 “mulas” de droga que se encontraban en prisión como parte de una nueva política que ve a estos reclusos como víctimas y no sólo como criminales. En un progresista distanciamiento de muchas de las restricciones internacionales enfocadas en los peldaños más bajos de la cadena del tráfico de drogas, esta es una política que liberará espacio en las sobrepobladas cárceles del país.
Bajo la nueva ley criminal del país, que fue aprobada en enero y entró en vigor el 10 de agosto, una persona que sea atrapada con menos de 50 gramos de droga puede recibir hasta seis meses en prisión, y quien sea capturado con menos de dos kilos puede recibir hasta tres años. Sólo aquellos que muevan más de cinco kilos recibirán una sentencia más fuerte de hasta 13 años en prisión, informó GlobalPost.
Esta política representa una marcada diferencia frente a la legislación previa que establecía una condena similar -de ocho a 12 años en prisión- para cualquiera que transportara hasta 20 kilos de droga, sin importar lo pequeña que fuera la cantidad.
Jorge Paladines, el coordinador nacional de la Defensoría Pública de Ecuador, dijo a GlobalPost que hay “una política de percibir a las mulas como víctimas del comercio de drogas”.
Se espera que otras 2.000 mulas sean liberadas, además de las 500 cuyas sentencias ya han sido acortadas.
Los prisioneros que deseen recibir una reducción de sentencia bajo esta nueva política deberán atender a una audiencia en una corte.
Análisis de InSight Crime
La nueva política de Ecuador representa un fuerte contraste frente al tratamiento de mano dura contra quienes cometen crímenes menores relacionados con drogas, como el visto en la “guerra contra las drogas” liderada por Estados Unidos, y podría representar un paso hacia un cambio de percepción. Un cambio en esta política también podría ayudar a abordar el tema de la sobrepoblación carcelaria, una problemática presente en toda la región. La población carcelaria de Ecuador se ha más que duplicado entre 2009 y 2013, un incremento que coincide con el aumento de las incautaciones de cocaína a medida que el país se ha solidificado como punto de tránsito de drogas –probablemente alimentando un crecimiento de las mulas.
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Estas mulas –que pueden tragar cápsulas de cocaína, pegar la droga a sus cuerpos o intentar llevarla en el equipaje- están involucradas en uno de los trabajos más riesgosos en el comercio de drogas. Generalmente son poblaciones social y económicamente vulnerables, como lo anotó el corresponsal de GlobalPost Simeon Tegel en dialogo con Huff Post Live. Muchas son mujeres: el número de mujeres latinoamericanas en prisión aumentó dramáticamente entre 2006 y 2011, con más de dos tercios encarceladas por cargos de tráfico de drogas.
Adicionalmente, algunas personas empleadas como mulas por las organizaciones narcotraficantes no actúan bajo su propia voluntad.
Parecería que la tendencia de estas políticas está empezando a reconocer este problema. Incluso Estados Unidos ha empezado a moverse hacia un régimen basado en el tratamiento para los consumidores de drogas –que forman parte del mismo grupo de personas que cometen crímenes menores con drogas como las mulas- y algunos funcionarios han hecho un llamado para enfocarse en los violentos narcotraficantes y en su impacto en la seguridad pública. Sin embargo, la progresista retórica de los crímenes no violentos relacionados con drogas no siempre van de la mano con la legislación.