Los investigadores están a punto de terminar su investigación para determinar si los negociadores de la fallida tregua entre pandillas del país quebraron alguna ley, según el fiscal general de El Salvador. Sin embargo, desmantelar a las personas detrás de la tregua no resolverá el dilema de seguridad del nuevo gobierno.
El fiscal general Luis Martínez dijo a El Mundo que estaban cerca de terminar de “evaluar” las acciones de varias personas que habían participado en lo que él llamó una “tregua hipócrita”. En otra reunión con los miembros del Congreso, Martínez dijo que iban a “revelar las verdades” detrás del pacto y dio a entender que ciertos actores clave -incluyendo al negociador de la tregua Raúl Mijango, ex líder guerrillero- pronto podrían ser convocados a testificar en la corte, informó El Diario de Hoy.
Según informes, la investigación ha revelado que, como parte de la tregua, las pandillas criminales habían entregado cientos de armas de fuego que en realidad no les pertenecían. Los pandilleros declararon que habían comprado algunas de estas armas de segunda mano por US$100 para utilizarlas en la entrega, informó La Prensa Gráfica. Según los informes, otras armas fueron robadas. Los testigos también dijeron que las pandillas habían comprado armas de las fuerzas armadas, cuando la tregua aún estaba activa.
Mientras la Fiscalía General continúa su investigación, la preocupación por el aumento en la violencia relacionada con las pandillas ha llevado al gobierno a crear una unidad especial para investigar las muertes de policías -muchas de las cuales al parecer resultaron de enfrentamientos con las pandillas- y para permitir a la policía portar armas de fuego en sus días de descanso. En otro movimiento, el partido conservador ARENA propuso un proyecto de ley que daría a las fuerzas armadas el control sobre la seguridad en las zonas que tienen con una fuerte presencia de pandillas.
Análisis de InSight Crime
Con los homicidios de nuevo en los niveles previos a la tregua, la creciente violencia de las pandillas y la policía, y el nuevo gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén negándose a apoyar públicamente cualquier negociación con las pandillas, la tregua entre pandillas en El Salvador prácticamente ha estado muerta desde hace meses. Ahora todo lo que queda son los efectos colaterales, y como sugieren los comentarios de Martínez, parece cada vez más probable que varios personajes involucrados en el proceso estarán envueltos en esto.
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Como InSight Crime ha señalado, el gobierno de Sánchez Cerén está siendo forzado a caminar por la cuerda floja. La espiral de violencia hace difícil ignorar el problema, pero por razones políticas, tampoco pueden proponer cualquier cosa que haga parecer como si el gobierno estuviera dispuesto a acercarse de nuevo demasiado a las pandillas. Hasta el momento, han creado un consejo especial de seguridad -que incluye al fiscal general Luis Martínez como miembro- el cual debe proponer soluciones a la violencia. Martínez ha dicho que “no permitirá” una nueva tregua, pero la alternativa más obvia -un retorno a las poco exitosas políticas de “mano dura” que precedieron a la tregua- también es poco atractiva.