El fiscal general de El Salvador tuvo dificultades para explicar por qué su país no ha presentado cargos contra presuntos jefes de carteles salvadoreños designados como capos de la droga por Estados Unidos, ofreciendo una visión de la compleja relación entre los dos países.
En una entrevista con La Prensa Gráfica, el fiscal general Luis Martínez dijo que no sabía por qué Estados Unidos había listado a presuntos líderes del Cartel de Texis de El Salvador como narcotraficantes, ya que en su país de origen sólo están siendo investigados por crímenes financieros. Agregó que los investigadores salvadoreños no tenían acceso a la información con base en la cual las autoridades de Estados Unidos habían realizado la designación.
Según Martínez, la investigación que llevó a cabo El Salvador durante un año sobre el Cartel de Texis todavía no ha revelado la existencia de alguna conexión entre el grupo y José Adán Salazar o Juan Umaña Samayoa –quienes se cree que son miembros fundadores y líderes del cartel.
Martínez también negó cualquier conocimiento sobre la razón por la cual Estados Unidos había agregado como narcotraficantes a su lista de capos (Kingpin List) a criminales salvadoreños como José Misael Cisneros, alias “Medio Millón” y Moris Alexander Bercián Machón, alias “El Barney, o que las autoridades estadounidenses hubieran consultado a sus contrapartes salvadoreñas antes de tomar la decisión.
“Esas son decisiones que toma el Gobierno de los Estados Unidos, no nosotros. Si ellos en algún grado necesitan alguna información [de nosotros] lo hacen a través de los canales legales respectivos. Pero hasta este momento no tenemos la información de ellos para nosotros, ni nos han solicitado a nosotros esa información”, señaló.
Análisis de InSight Crime
La entrevista con Martínez destaca la a veces complicada relación entre las autoridades de Estados Unidos y los gobiernos de los países latinoamericanos a cuyos criminales investigan.
Hay numerosas razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos puede agregar a presuntos criminales a su lista de capos y designarlos como narcotraficantes, mientras que el gobierno de El Salvador debe ser más reservado. En primer lugar, la lista sanciona a presuntos criminales con restricciones financieras, pero no es un proceso judicial, por lo que la carga de la prueba es sustancialmente menor.
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Además, si las autoridades estadounidenses estuvieran construyendo un caso de extradición para dichos blancos, el proceso se podría complicar si el gobierno de El Salvador llegara a presentar cargos similares en su contra. Si los criminales se quedan en El Salvador, se podría reducir la posibilidad de llevarlos ante la justicia debido a las deficiencias que existen en el sistema judicial del país.
Es posible que Martínez alegara desconocimiento debido a que la información en poder de las autoridades estadounidenses puede ser falsa. Sin embargo, incluso si ésta es parcialmente cierta, haría alusión a una preocupante falta de coordinación entre dos aliados clave en materia de seguridad.