Varios funcionarios en El Salvador han presentado formalmente un proyecto de ley para rehabilitación de pandillas, pero las actuales condiciones de seguridad del país —junto con los resultados inconsistentes con iniciativas similares en otros lugares de la región— sugieren que esta legislación podría no ofrecer una solución viable a la creciente violencia entre pandillas.
El 26 de octubre, el ministro de seguridad y de justicia Benito Lara presentó ante el Congreso un proyecto de ley llamado “Ley para la reinserción de pandillas”, informó La Prensa Gráfica.
Para los miembros de las pandillas que cumplan la ley (y no hayan cometido delitos graves, como homicidio y crímenes sancionados con penas de 10 o más años de cárcel), las autoridades suspenderían los procesos penales de asociación ilícita y terrorismo en su contra, los cuales acarrean penas de ocho a quince años de prisión.
El secretario de comunicaciones de la presidencia Eugenio Chicas declaró que la iniciativa “en modo alguno supone una amnistía” para los pandilleros, y que quienes hayan cometido crímenes graves deberán someterse a la justicia.
La propuesta también ofrece programas y beneficios a expandilleros y jóvenes en riesgo, como educación y capacitación laboral.
Según el ministro de defensa David Munguia Payes, El Salvador tiene 60.000 miembros de maras, y alrededor de 10 por ciento de la población nacional está vinculada de alguna manera a las estructuras pandilleras, señaló EFE.
Análisis de InSight Crime
Existen varios obstáculos importantes que impedirían el éxito de la propuesta ley de rehabilitación para pandillas en El Salvador.
En primer lugar, hay pocos motivos para creer que las severas políticas antimaras de El Salvador —incluyendo la reclasificación de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13 (MS13) como organizaciones terroristas— haya presionado a los pandilleros hasta el punto en que estén buscando una estrategia de salida. En Panamá, los legisladores discuten actualmente si se persigue a las estructuras pandilleras que se nieguen a participar en un programa del gobierno cuyo propósito es la rehabilitación de los pandilleros. Sin embargo, esa estrategia armada en El Salvador tiene pocas posibilidades de acelerar la “desmovilización” de las pandillas, considerando que años de legislación antimaras no han logrado controlar la expansión de la actividad de las pandillas y la violencia.
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El segundo problema es la viabilidad financiera del programa. Si un gran número de pandilleros decide acoger el programa, la implementación de la ley de rehabilitación sería onerosa. Los funcionarios salvadoreños afirman que la financiación para el programa está cubierta en la nueva iniciativa de seguridad “El Salvador Seguro”. Lanzada en julio, se calcula que El Salvador Seguro costará US$2.100 millones en los próximos cinco años, y hay serios cuestionamientos sobre si el gobierno podrá financiar la iniciativa en su totalidad.
Estas no son preocupaciones para tomarse a la ligera; los problemas logísticos han desbaratado anteriores esfuerzos de rehabilitación de pandillas en la región. Una tregua de pandillas financiada por el gobierno en 2012 en Belice, que ofrecía oportunidades de empleo a más de 200 pandilleros, colapsó después de que se agotara el dinero. La agudización de la violencia que siguió demuestra los riesgos que plantea un programa de reinserción sin los fondos necesarios.