La muerte de un reo en una prisión de máxima seguridad de Ecuador muestra los límites de las medidas tomadas por las autoridades para abordar la crisis carcelaria y la magnitud de los desafíos que enfrentan.

El cuerpo sin vida de un prisionero que era conocido por el alias “El Gato” fue encontrado en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Turi, ubicado en la ciudad de Cuenca al sur de Ecuador el 23 de Julio, reportó El Universo.

Días antes, el lunes 22 de julio, dos reclusos fueron asesinados y un guardia resultó herido en el CRS Latacunga, a unos 90 kilómetros al sur de Quito. Los hechos tuvieron lugar en el contexto de un amotinamiento provocado en protesta por las malas condiciones de la prisión.

Durante el 2019, se registraron 22 muertes violentas en los centros de reclusión de Ecuador. De estas, 14 se produjeron desde que el presidente Lenin Moreno decretara el estado de excepción el pasado 16 de mayo.

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Bajo el estado de excepción, el gobierno de Ecuador envió a miembros de las fuerzas armadas para reforzar la seguridad fuera de las cárceles del país y a refuerzos policiales para intentar mejorar la seguridad al interior de las prisiones.

La medida se tomó en respuesta a la batalla que están librando dos pandillas por el control de actividades ilegales como el tráfico de drogas, en las calles y al interior de varias cárceles, según informó El Telégrafo.

Análisis de InSight Crime

La serie de muertes de reos desde la instauración del estado de emergencia en las prisiones de Ecuador ilustra la dimensión de la crisis carcelaria en el país.

Según declaró el antiguo director de la Penitenciaría Modelo del Litoral, Alfredo Muñoz, las cárceles de Ecuador son una “bomba de tiempo” que no se pueden manejar con una simple medida de militarización.

Datos publicados por El Universo estiman que hay 40 por ciento de hacinamiento, con 40.006 reclusos viviendo en instalaciones diseñadas para alojar 28.554.

La violencia entre bandas es otro grave problema. Existen tres pandillas principales “Los Gorras”, “Los Cubanos” y “Los Choneros” que luchan por el control del narcotráfico y otras actividades ilegales en la calle y dentro de las cárceles, según un informe de El Comercio.

Como InSight Crime reportó anteriormente, la confrontación se intensificó tras el asesinato del líder de los Cubanos, William Humberto Poveda Salazar, alias “El Cubano”, quien fue decapitado e incinerado en un CRS en Guayaquil el pasado 11 de junio.

Dichas disputas también se ven facilitadas por el ingreso, de manera clandestina, de todo tipo artefactos, gracias a la corrupción de algunos funcionarios.

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Entre enero y julio de 2019, las autoridades decomisaron, en todas las cárceles del país 1.552 teléfonos; 30 kilos de drogas; 16 armas de fuego; 163 municiones; 2.538 litros de licor; 5.960 armas blancas; 440 artefactos electrónicos; y US$15.436, según informó el viceministro del Interior, Patricio Pazmiño.

Pero las prisiones también sufren de las consecuencias de la falta de inversión y recursos. La falta de personal suficiente y los bajos salarios que perciben, por ejemplo, facilitan la corrupción. La carencia de programas de rehabilitación para los reclusos también fomentan la ilegalidad y la violencia dentro de estas instituciones.

Esta situación no es única en la región. En países incluyendo Brasil, Colombia, El Salvador y México, las organizaciones criminales utilizan las prisiones para fortalecerse y expandirse. Esto, entre otras razones, porque las autoridades no han logrado que las cárceles sean centros de rehabilitación y no de criminalidad.