Dos investigadores se sentaron a discutir las reformas judiciales que están siendo realizadas en México y señalaron varios inconvenientes relacionados con la detención de menores y los procedimientos policiales, los cuales amenazan con debilitar las nuevas políticas que deberán ser implementadas en su totalidad para el próximo año.
En una charla realizada el 27 de marzo en el Wilson Center, Elena Azaola —psicoanalista y antropóloga mexicana— discutió su reciente investigación sobre la delincuencia juvenil y las instituciones existentes que pretenden ayudar a la juventud en riesgo de México. Azaola analizó los obstáculos que enfrentan los adolescentes, entrevistando a 278 jóvenes reclusos (de 18 años y menos) en los estados de Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa.
Azaola descubrió que las instituciones informales (familia, amigos, pandillas, etc.) representan las principales formas de control social para estos jóvenes, y que las instituciones mexicanas están fallando en apoyarlos en su desarrollo. De hecho, el 28 por ciento de los jóvenes reclusos expresaron no tener sueños, no confiar en nadie, y aseguraron no saber sobre su futuro o no querer pensar en él. Otro 45 por ciento expresó que dejaría la institución penitenciaria en condiciones similares o peores a las que tenía en el momento de su ingreso.
Azaola también encontró una falta de conocimiento y experiencia en los centros de detención juvenil. En terminos generales, señaló que México necesita invertir en prisiones y desarrollar una estrategia de intervención efectiva para la reinserción social de los jóvenes y sus familias, enfatizando que “si un chico entra [a la cárcel] a los 15 años y sale a los 37, esa persona está básicamente perdida”.
En ese mismo evento, Roberto Hernández —abogado mexicano y director del galardonado documental “Presunto culpable”— apoyó lo dicho por Azaola, afirmando que la policía y los procedimientos investigativos no están lo suficientemente regulados. Asimismo, abogó por reformas que regulen la forma en que se manejan las investigaciones.
Basándose en su trabajo documentando procesos y entrevistando reclusos en México, Hernández cuestionó el énfasis que las reformas judiciales dan a la transparencia, afirmando que si bien ésta es importante en temas como el maltrato policial a los sospechosos, no se le ha dado la importancia que merece en lo que respecta al vital tema del testimonio de los testigos oculares.
Por ejemplo, Hernández afirmó que tanto los jueces como los abogados luchan por refutar o minimizar el testimonio de los testigos (incluso si este no es acertado); un problema exacerbado por las dificultades que enfrentan los abogados al momento de obtener evidencia o de discrepar sobre la forma en que se realizan los procedimientos policiales.
Análisis de InSight Crime
México está en el proceso de implementar las reformas a la justicia criminal aprobadas en 2008, sustituyendo los procedimientos judiciales arbitrarios —en los cuales los procesos se realizan principalmente con papeleo y los acusados tienen pocas probabilidades de comunicarse directamente con el juez— con un procedimiento acusatorio oral similar al de Estados Unidos. El objetivo es brindar mayor transparencia a los procedimientos en la corte, así como aumentar los derechos de los acusados y establecer la presunción de inocencia antes de que la persona sea declarada culpable.
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Sin embargo, la implementación de las reformas ha sido lenta: apenas cuatro estados la han efectuado en su totalidad, mientras que 25 sólo han realizado cambios parciales. Se espera que 31 estados más el Distrito Federal implementen las reformas en su totalidad para junio de 2016.
Varias fuentes afirman que la reforma judicial es crucial, ya que el sistema que busca reemplazar está plagado de corrupción, demora en los juicios, largas detenciones preventivas, y la condena de inocentes pese a la falta de evidencia contundente.
Sin embargo, y como indican las investigaciones realizadas por Azaola y Hernández, adelantar una reforma tan completa es un asunto complicado. Azaola dijo durante el evento que si no se toman las medidas necesarias para reformar y regular los procedimientos policiales y las instituciones mexicanas, el país podría terminar con un sistema judicial tan defectuoso como el anterior.