El Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó un recurso del expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva para seguir en libertad y un juez de primera instancia ordenó su prisión inmediata, mientras sigue oponiéndose a una sentencia por cargos de corrupción. Pese a la decisión, el caso de Lula ilustra varias formas como las élites pueden manejar el sistema judicial de Brasil para beneficio propio.
En una votación de seis contra cinco, el 5 de abril el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el argumento legal presentado por Lula de que debía seguir en libertad hasta agotar todos los recursos contra una condena confirmada recientemente en relación con las monumentales investigaciones conocidas como Operación Autolavado Exprés (“Lava Jato”).
La decisión del alto tribunal ratifica el fallo de 2016 que estableció que cuando una condena es confirmada en apelación, como sucedió con el recurso presentado por Lula hace unas semanas, el acusado puede ir a prisión. Esos fallos pueden buscar poner fin a la práctica frecuente entre las élites brasileñas que usan recursos legales prácticamente interminables para evitar ir a prisión.
El juez Sergio Moro ordenó a Lula entregarse a las autoridades federales antes del anochecer del 6 de abril.
No obstante, cuando entre en prisión, los defensores de Lula tienen la opción de presentar un número ilimitado de mociones adicionales con miras a obtener su liberación, por ejemplo, aduciendo que el septuagenario Lula presenta problemas de salud o que su seguridad se ve amenazada en la cárcel, como lo informó BBC Brasil. El equipo defensor de Lula también puede solicitar que el político pague la mayor parte de su sentencia de doce años bajo la figura del arresto domiciliario, y no en la cárcel, algo que las cortes brasileñas muchas veces conceden a los acusados de edad avanzada.
Además de eso, Lula aún no agota sus recursos judiciales. Dos altas cortes —incluido el Supremo Tribunal, que ha denegado sus intentos de evadir la pena de cárcel pero aún no se pronuncia sobre el caso fundamental– aún pueden volver sobre los procedimientos legales seguidos en el juicio original contra Lula y sopesar si se violaron sus derechos constitucionales. Este proceso podría tardar entre varios meses y varios años, y podría terminar con su liberación si se desestima la sentencia.
Lula aún puede tener una posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, aun a pesar de que se confirmara la sentencia y de la posibilidad de que pronto vaya a prisión. El tribunal superior electoral del país puede decidir conceder a Lula una exención de la ley de “libres de antecedentes”, que veta a los condenados por delitos penales, con sentencia confirmada en grado de apelación, a la elección para cargos públicos por un período de ocho años.
Análisis de InSight Crime
Aunque la denegación del recurso de Lula para evitar ir a prisión puede considerarse un golpe importante contra la impunidad para las élites brasileñas en casos de corrupción de alto nivel, el desarrollo de la situación que rodea el caso de Lula ilustra lo benévolo que sigue siendo el sistema judicial con los poderosos, y por qué tienen poco incentivo para cambiarlo.
Como lo informó InSight Crime en enero, cuando se ratificó por primera vez la sentencia sobre Lula, el popular icono de la izquierda es apenas uno de los muchos miembros de la élite brasileña de todos los bandos políticos que ha estado en la mira en los últimos años por acciones de amplio alcance contra la corrupción. Sin embargo, en el intrincado sistema legal brasileño, los políticos y los ricos tienen acceso a muchos privilegios especiales y numerosas vías de apelación que han permitido a muchos evadir la cárcel.
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No cabe duda de que la reciente decisión del mismo Supremo Tribunal puede haber estado influenciada por el deseo de frustrar las medidas anticorrupción contra políticos retirados y en ejercicio.
El juez Gilmar Mendes, crítico declarado del partido de los Trabajadores de Lula, votó a favor de que el político siguiera libre. Es muy probable que la decisión de Mendes esté influenciada por su gran cercanía al presidente Michel Temer, quien actualmente enfrenta la tercera investigación por corrupción en lo que lleva en el cargo. Antes de votar el caso de Lula, Mendes afirmó prácticamente eso, cuando advirtió que “si alguien apoya la prisión para A, debe recordarse que seguirán B y C”.