Un político de la oposición ha afirmado que ha visto un informe, largamente postergado, sobre el cultivo de coca en Bolivia y el cual concluye que el país necesita sólo 6.000 hectáreas para satisfacer el consumo interno, declaraciones que el gobierno ha negado pero que podrían poner en entredicho sus políticas a favor de la coca.
Juan del Granado, miembro del partido Movimiento Sin Miedo, afirmó que tuvo acceso al informe financiado por la Unión Europea sobre el mercado legal de la coca en Bolivia, informó La Razón. Según Granado, la investigación concluyó que Bolivia podría satisfacer la demanda legal de coca con sólo 6.000 hectáreas de tierra cultivada.
El informe es el resultado de un estudio encargado en 2007 que tenía como objetivo determinar la cantidad exacta de tierra que Bolivia necesita para satisfacer la demanda doméstica y comercial de coca. Según funcionarios de la UE, el estudio se completó en 2010, no obstante las autoridades bolivianas han retrasado en varias ocasiones su publicación, alegando que todavía están trabajando en varios estudios complementarios, señaló La Razón.
El gobierno respondió anunciando que los estudios complementarios ya han sido concluidos y que el informe final será presentado a final de año. Gumercindo Pucho, Viceministro de Coca y Desarrollo Integral, dijo que las declaraciones de las 6.000 hectáreas son “absurdas”.
Análisis de InSight Crime
Es muy probable que las declaraciones de Granado sean una maniobra política para socavar la política de los cultivos legales de coca de Morales, a medida que el país se prepara para las elecciones presidenciales de 2014.
Sin embargo, la demora de la publicación del informe probablemente también está impulsada por motivos políticos. Morales fue alguna vez productor de coca y todavía encabeza uno de los principales sindicatos de productores de coca del país, y los cocaleros siguen siendo una parte importante de su base política. El reciente caso de violencia entre las autoridades bolivianas y protestantes que buscaban evitar la erradicación de cultivos ilegales de coca, resalta lo poco popular que sería proponer reducir a la mitad las 12.000 hectáreas de cultivos legales del país.
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La posición combativa de Bolivia sobre la coca también ha causado tensión internacional, que ha conducido a la expulsión de funcionarios de Estados Unidos, el retiro temporal del país de un tratado antidrogas de la ONU y el cierre de la oficina antidrogas de Estados Unidos en el país.
Con algunos políticos que proponen aumentar la cuota legal a 20.000 hectáreas, mientras que Bolivia recibe millones de dólares anuales en ayuda internacional contra las drogas, la cuestión de la cantidad de coca que Bolivia necesita para satisfacer su demanda comercial es más sensible que nunca, tanto a nivel internacional como nacional. Si esta información filtrada por Granado obliga al gobierno a publicar finalmente el informe y sus conclusiones resultan siendo las señaladas por él, Morales tendrá que maniobrar de manera muy delicada para aplacar tanto a la comunidad internacional como a su base electoral.
*Este artículo fue actualizado el 28 de octubre para incluir la respuesta del gobierno