La fiscal general de Guatemala dijo que ha recibido ataques de los “poderes ocultos que proliferan en el país” y que por primera vez en dos años temía por su seguridad, en un momento en que su despacho adelanta casos de corrupción que comprometen a miembros de la élite política y económica del país.
“Después de dos años de ser fiscal general, siempre he dicho que no he tenido temor”, escribió la fiscal general Thelma Aldana el 20 de junio en su página de Facebook. “Hoy por primera vez no lo puedo asegurar, pero me he encomendado a Dios”.
El mensaje se presenta luego de los informes de algunos medios de comunicación que señalan que en 2014 Aldana ordenó detener una investigación sobre un fraude aduanero a petición de Roxana Baldetti, la exvicepresidenta que ahora se encuentra en la cárcel junto con el expresidente Otto Pérez Molina, quienes están a la espera de juicio por otros casos de corrupción. Las acusaciones contra Aldana se originaron por el testimonio dado por el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, una figura clave en los escándalos de corrupción que llevaron a la caída de la administración Pérez Molina.
Dichos casos de corrupción, junto con otros casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos, se han podido adelantar gracias al apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), comisión respaldada por las Naciones Unidas que ha estado operando en el país desde 2007.
Aldana reconoció las acusaciones en su contra en una declaración el 19 de junio, diciendo que ella se había reunido con Monzón en el curso normal de sus funciones y que la mencionada investigación de fraude aduanero nunca fue archivada. Dijo que la investigación estaba avanzando, y que los resultados pronto se harían públicos.
La fiscal general dijo que estas acusaciones eran un intento de desacreditarla por “los poderes ocultos que proliferan en el país” y los atribuyó a su trabajo con la CICIG para poner al descubierto la corrupción de los altos niveles en Guatemala.
Análisis de InSight Crime
La fiscal general Aldana está en el centro de la controversia en un momento en el que su despacho se encuentra adelantando serias investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en las finanzas de la campaña durante la postulación de Pérez Molina a la presidencia, en la que salió victorioso. Además de denunciar a operadores políticos, el caso de “Cooptación del Estado” ha dado como resultado cargos de financiación electoral ilegal contra 15 guatemaltecos influyentes.
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Las presiones de las élites políticas y económicas guatemaltecas han bloqueado el trabajo de los activistas contra la impunidad en otras ocasiones. El primer comisionado de la CICIG, el fiscal español Carlos Castresana, había sido blanco de ataques personales antes de su renuncia en junio de 2010. Castresana dijo que él renunció debido a la falta de cooperación del gobierno guatemalteco.
En 2013, el comisionado de la CICIG Francisco Dall’Anese renunció debido a las intensas presiones a las que se vio expuesta la comisión desde diversos frentes, entre los que se encontraba el gobierno de Guatemala y, de acuerdo con Open Society Foundations, élites empresariales que contrataron a consultores de Washington para que se opusieran a la CICIG.
Una fuente cercana a la CICIG le dijo a InSight Crime que no estaba claro si este tipo de presiones llegaría a afectar a Aldana, pero agregó que confiaba en que el actual comisionado de la CICIG, el juez colombiano Iván Velásquez, no sucumbiría. “Aldana puede ser vulnerable”, dijo la fuente, pero “Velásquez es mucho más fuerte” que Castresana o Dall’Anese. “No podrán con Iván”.
Que la fiscal general sea el centro de la controversia es un indicio de que la CICIG y sus contrapartes locales están tocando una vez más fibras sensibles entre las élites poderosas que tradicionalmente han dirigido al país para su propio beneficio.