En un caso que podría establecer un importante precedente sobre la habilidad de Argentina para dar caza al crimen organizado, un juez se apartó de un caso luego de que apareciera una foto que lo mostraba en una pelea de boxeo con un miembro de la familia de un pandillero.
El juez, Juan Carlos Vienna, investigó y procesó a 36 presuntos miembros del grupo criminal los Monos, uno de los grupos criminales más poderosos que en el centro de Argentina. Entre los sospechosos hay 11 miembros de las fuerzas de seguridad.
La semana pasada, varias agencias de noticias de Argentina publicaron una foto que presuntamente mostraba al juez en una pelea de boxeo en septiembre de 2012, sentado a tan solo dos sillas del padre de un miembro asesinado de los Monos.
Vienna confirmó que es él quien aparece en la foto, pero afirmó que su publicación hacía parte de una “operación montada tendiente a desprestigiarlo”, informó Clarín. El 30 de septiembre, Vienna afirmó que estaba cansado de la situación y que estaban intentando bloquear la investigación.
Vienna ya ha enfrentado amenazas por su participación en el caso de los Monos. A principios de este año, las autoridades dijeron haber descubierto planes para asesinarlo.
Análisis de InSight Crime
Los Monos operan en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, una de las regiones más estratégicas y violentas para el comercio internacional de drogas en Argentina, gracias a su ubicación al final de una importante ruta hacia Bolivia. Es un zona plagada de pandillas y corrupción, por lo que sentar un precedente con este caso es tan importante. Si las autoridades de Argentina son capaces de perseguir y judicializar de manera justa a presuntos miembros de grupos criminales y a sus aliados, este será un testimonio de la habilidad del sistema judicial para perseguir al poderoso crimen organizado local y a sus presuntos vínculos con las fuerzas de seguridad.
Alejandra Robles, la juez que remplazará a Vienna, ha manejado casos de alfo perfil en el pasado, incluyendo uno que involucró un ataque perpetrado por un grupo armado contra la casa del gobernador de Santa Fe el año pasado. Este caso vio algunos arrestos, pero aún no ha resultado en una sentencia, un incómodo recordatorio de los desafíos que a los que se enfrentan las autoridades en Argentina.