El gobierno de Venezuela ha elogiado los logros de una operación de seguridad militarizada que comenzó hace un año, pero muchos expertos dicen que dicha operación no ha reducido la delincuencia y que de hecho está generando un mayor número de violaciones de los derechos humanos.
El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Gustavo González López, presentó los resultados de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) el 13 de julio, exactamente un año después de que anunciara la creación de la operación conjunta entre la policía y el ejército.
López dijo que la OLP ha desmantelado 157 agrupaciones criminales, “un gran número de ellas dedicadas a la actividad paramilitar, bajo la estructura de la delincuencia organizada”, informó El Nacional. Agregó que han sido detenidos 2.399 sospechosos y que durante el último año se han incautado 1.492 armas.
La OLP “ha mitigado significativamente los índices delictivos en las zonas y los lugares en los que operaban las principales bandas”, dijo.
El ministro señaló además que una reciente encuesta mostró que el 82 por ciento de los venezolanos están de acuerdo con la OLP.
Análisis de InSight Crime
Los elogios a la OLP por parte del gobierno van en sentido contrario a las críticas expresadas por los observadores y expertos en seguridad. Kemyer Ávila, profesor de criminología en la Universidad Central de Venezuela, dijo que las operaciones de la OLP han sido “contraproducentes, porque están aumentando la violencia institucional”. Según Ávila, 445 personas han muerto como resultado de las acciones de la OLP.
El criminólogo Luis Izquiel le dijo a El Nacional que la estrategia militarizada del país frente a la seguridad ciudadana no ha logrado reducir el crimen.
“Este concepto, de estar preparados para una guerra, no ha servido para disminuir la criminalidad y no hay mayor evidencia de que la estamos viviendo”, dijo.
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Los temores por el impacto negativo de la OLP en cuanto a las violaciones a los derechos humanos comenzaron inmediatamente después de iniciada la operación y continuaron a lo largo del año pasado. Al menos 17 personas murieron durante las primeras incursiones de la OLP en julio de 2015. En abril de este año, Human Rights Watch publicó un informe en el que documenta varios casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de unidades de la OLP.
Precisar el efecto de la OLP en las tasas de criminalidad es aún más difícil. Los proponentes de la operación dicen que la OLP ha disminuido la violencia, mientras que los críticos de la misma dicen no lo ha hecho, pero es casi imposible saberlo con certeza ya que el gobierno suele mantener en reserva los datos sobre indicadores de criminalidad. El vago sistema venezolano para informar sobre su situación de seguridad ha hecho incluso difícil para los investigadores estimar con precisión el número de muertes violentas en determinado año —una de las pocas estadísticas sobre crimen que puede ofrecer un nivel relativamente alto de exactitud —.