Un excandidato a la presidencia de Guatemala, quien también fue ministro durante la administración del expresidente encarcelado Otto Pérez Molina, ha sido acusado de dirigir una red de corrupción y lavado de dinero, lo que revela un eslabón más del Estado mafioso de Guatemala.
En una conferencia de prensa el pasado 14 de julio, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunció, junto con funcionarios del Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación, los resultados de una investigación que permitió revelar una nueva estructura de corrupción liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio.
Sinibaldi fue ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI) durante la administración de Pérez Molina y fue además precandidato a la presidencia de Guatemala en 2015. El exministro enfrenta cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.
Según las investigaciones, Sinibaldi recibió US$10 millones en sobornos de empresas constructoras privadas durante los años que estuvo a cargo del MICIVI, los cuales eran facturados por “empresas de cartón” vinculadas al exministro. A cambio de estos sobornos, las constructoras recibían trato preferencial del MICIVI en cuanto a la contratación de proyectos y el pago de deudas de arrastre.
En la conferencia de prensa, la CICIG anunció que ya había capturado a 17 personas vinculadas al caso y tenía orden de arresto para otras 15, entre las cuales destaca Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos.
Ligorría es acusado de negociar con Telgua, una de las principales empresas de telecomunicaciones en Guatemala, para que le pagara 15 millones de quetzales (alrededor de US$2 millones) a las empresas de Sinibaldi, a cambio de que el gobierno favoreciera a la compañía en un conflicto con Tigo, su principal competencia en el mercado guatemalteco.
Los sobornos que recibió Sinibaldi por medio de este esquema fueron invertidos en propiedades y bienes de lujo, pero también para financiar las campañas del Partido Patriota (PP) —al que pertenece Pérez Molina— en 2011 y 2015, como pudo verificar la CICIG.
El 17 de julio, una cuenta presuntamente ligada a Sinibaldi difundió un comunicado en Twitter en el que el exministro niega las acusaciones en su contra y califica de “persecución enfermiza” las investigaciones de la CICIG.
El equipo legal de Alejandro Sinibaldi a la Opinión Pública informa: @JLFont001 @lfvalenzuela @RodrigoPolo @VaderDarth55 @GladysR_gtv pic.twitter.com/JlkRE7u6xY
— @SinibaldiLegal (@sinibaldilawyer) July 17, 2017
Análisis de InSight Crime
Las acusaciones en contra de Sinibaldi reiteran el esquema de corrupción que operó en Guatemala durante la pasada administración de Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Pérez Molina, Baldetti y otros funcionarios cercanos, como el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, pusieron diferentes partes del gobierno al servicio de redes criminales y de corrupción para obtener beneficios personales, creando lo que InSight Crime considera un Estado mafioso.
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Sinibaldi fue una figura cercana a Pérez Molina y su caso encaja dentro de la estructura del Estado mafioso, sobre todo porque, según las acusaciones formales, se dedicó a lavar el dinero obtenido de manera ilícita por compañías privadas e inyectarlo a las campañas del expresidente.
De hecho, Sinibaldi está prófugo de la justicia guatemalteca desde el año pasado, cuando la CICIG comenzó a investigarlo con relación al caso “Cooptación de Estado“, en el que se pusieron al descubierto las redes organizadas por Pérez Molina y Baldetti para recibir dinero de contratistas de manera ilícita para financiar su campaña en 2011.
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La presunta respuesta de Sinibaldi a sus acusaciones hace parte de una tendencia generalizada por parte de los que han sido investigados por la CICIG, en la que acusan a la comisión de actuar de manera arbitraria o de proteger intereses extranjeros. También se han desatado campañas de desprestigio en redes sociales en contra de la CICIG y de su comisionado, que intentan impactar la opinión pública y evitar renovar el mandato de la comisión.