Los conductores de taxi en Chilpancingo, México, exigen a las autoridades tomar medidas contra los más de 150 “narcotaxis” relacionados con el crimen organizado que operan en la ciudad, en medio de señalamientos y echadas de culpa de los funcionarios gubernamentales.
El director de la Comisión Técnica de Transportes y Vialidad del estado, Juan María Larequi Radilla, negó haber emitido permisos para los llamados narcotaxis, que comenzaron a operar en la capital del estado de Guerrero el año pasado, informó Proceso. Los narcotaxis son taxis no regulados que al parecer actúan como vigilantes de las bandas de narcotraficantes y llevan a cabo robos y secuestros. Se caracterizan por ser vehículos de modelos recientes, muchos de los cuales carecen de placas o tienen placas distintivas numeradas de 500 a 600, informó Proceso.
El alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, reconoció la existencia de al menos 150 taxis vinculados al crimen organizado en marzo, pero sostuvo que el gobierno estatal tiene la responsabilidad del transporte público, y agregó que no podía ser “Superman; Batman o el Llanero Solitario” y solucionar el problema por su cuenta.
El gobierno del estado, a su vez, ha colocado la responsabilidad en el gobierno federal, argumentando que los narcotaxis son un problema de seguridad en lugar de un problema de transporte, mientras que Larequi Radilla culpó a las autoridades federales y al ejército por no haber intervenido.
En una reunión sobre el tema en la legislatura estatal, líderes del sector de transporte acusaron a un funcionario de alto nivel del Departamento de Transporte de incitar a los taxistas a enfrentar las actividades criminales ellos mismos debido a que el “gobierno está rebasado”.
Análisis de InSight Crime
El uso de los taxistas como “halcones” o vigías del crimen organizado es común en México. Los grupos criminales también utilizan con frecuencia los taxis para transportar drogas para el microtráfico. Como resultado, los transportistas a menudo han sido blancos de la violencia criminal.
El debate sobre la cuestión de los narcotaxis en Guerrero, uno de los estados más violentos de México, ilustra la confusión y el conflicto que a menudo se produce entre los tres niveles del gobierno de México en relación con los problemas de seguridad pública. A menudo con fondos insuficientes y sin armamento, los funcionarios municipales deben depender del gobierno federal para lidiar con los problemas de seguridad local, mientras que los funcionarios federales caracterizan a los gobiernos locales y estatales de ineptos y corruptos.