En México condenan a dos exagentes de policía por el homicidio del dueño de un periódico, una medida judicial que sorprende, en un país en el que impera la impunidad en casi todos los casos de violencia contra periodistas.
Dos exagentes de policía del municipio de Medellín de Bravo en el estado de Veracruz, sureste de México, recibieron sentencias de 25 años de cárcel por el homicidio de Moisés Sánchez, propietario de un periódico, asesinado en enero de 2015, según anunció un boletín de prensa reciente de la fiscalía general del estado de Veracruz.
Los exagentes, identificados como Luigui Heriberto “N” y José Francisco “N”, fueron declarados culpables de homicidio doloso e incumplimiento de un deber legal. Además de la sentencia de 25 años de prisión, se impuso a los expolicías una multa por perjuicios de $332.250 pesos mexicanos (US$18.200).
Sánchez, quien había recibido amenazas por sus reportajes sobre la corrupción y violencia gubernamental como dueño del periódico local La Unión, fue sacado de su casa a comienzos de enero de 2015 y hallado decapitado y desmembrado semanas después.
El día que se descubrió el cuerpo de Sánchez, el exagente de policía Clemente Noé Rodríguez Martínez confesó el asesinato del periodista por órdenes de Martín López Meneses, subdirector de la policía municipal. López Meneses supuestamente había recibido instrucciones del alcalde de la municipalidad, Omar Cruz Reyes. Rodríguez también identificó a otros cinco expolicías que, según él, participaron en el homicidio.
Tras las recientes condenas, el hijo de Moisés Sánchez, Jorge Sánchez, condenó abiertamente el hecho de que no hubieran avanzado los cargos contra Meneses, Cruz y Rodríguez. Jorge Sánchez escribió recientemente para el medio informativo Plumas Libres que la investigación que duró tres años se movió a “paso de tortuga” y estuvo “estancada”, y aunque “dos sentencias condenatorias a expolicías por incumpliendo [sic] de un deber legal minúsculo avance… no es justicia”.
El Comité para la Protección de Periodistas (Committee to Protect Journalists) ha expresado anteriormente su preocupación por las “anomalías y retrasos” en la investigación, y por el hecho de que no se hiciera comparecer ante la justicia a los sospechosos claves.
Análisis de InSight Crime
Las sentencias recientes a dos exagentes de policía en el caso del homicidio de Moisés Sánchez representan un pequeño golpe a la casi total impunidad para funcionarios públicos corruptos implicados en violencia contra periodistas en el país.
Sin embargo, el avance en este caso de alto perfil sigue siendo la excepción a la norma. México tiene una pasmosa tasa de 99,6 por ciento de impunidad por delitos contra periodistas, que bien puede agravarse por el hecho de que muchas veces hay funcionarios de gobierno implicados en los delitos.
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Veracruz se llevó el título de estado mexicano más peligroso para el ejercicio del periodismo en el mandato del gobernador Javier Duarte, de 2010 a 2016, el cual terminó abruptamente cuando Duarte huyó en un intento por evitar responder por acusaciones de corrupción. Durante el periodo de Duarte en el poder, fueron asesinados 17 periodistas y desaparecidos tres. Aunque Veracruz tiene implementadas más medidas de protección a periodistas que cualquier otro estado de México, un contexto de impunidad y complicidad de los funcionarios de gobierno ha hecho posible que se mantenga la violencia sin tregua contra los periodistas, incluidos aquellos que se encuentran bajo protección policial.