Los mineros de esmeraldas en Colombia pronto se reunirán con representantes de la iglesia y la policía, en un intento por prevenir un sangriento conflicto, mientras las tensiones actuales resaltan la incapacidad del gobierno para poner fin a la criminalidad en una de las industrias más grandes del país.
La reciente muerte del hijo de uno de los magnates de las esmeraldas más poderosos de Colombia, Pedro Rincón Castillo alias “Pedro Orejas”, tras un ataque con granadas a finales del año pasado, ha aumentado los miedos de que pueda surgir una nueva ola de violencia, informó El Espectador. Durante el entierro de su hijo, la esposa de Rincón señaló a algunos comerciantes de esmeraldas rivales como los responsables del ataque, el cual causó la muerte de cuatro personas en la región minera de Boyacá, en noviembre pasado. El propio Rincón, quien es visto como el nuevo “Zar de las Esmeraldas” tras la muerte de Víctor Carranza en abril pasado, lleva tres meses en prisión y no le fue permitido atender al funeral.
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El coronel de la policía Carlos Gutiérrez dijo a El Espectador que desde entonces, 150 policías adicionales habían sido enviados a la región. Entre tanto, la iglesia, autoridades regionales y empresarios han pedido a los clanes mineros renovar los compromisos de paz que se firmaron en 1990 tras una serie de “Guerras Verdes” que provocaron la muerte de más de 3.000 personas. Un socio de Rincón dijo que los diálogos eran esenciales. “Queremos una zona de tranquilidad y paz”, dijo.
Análisis de InSight Crime
La incertidumbre ha girado en torno a la industria de esmeraldas en Colombia, así como a su frágil paz, desde el declive y la muerte de Carranza. El zar de las esmeraldas, pese a que se cree que trabajó de cerca con los paramilitares y que incluso dirigió su propio ejército, en finalmente firmó un acuerdo de paz con sus principales enemigos y se convirtió en una figura clave en el mantenimiento de esa paz (y en controlar la mayoría de las ganancias). El ataque con granadas, que ocurrió el pasado noviembre, fue una preocupante señal de que los miedos de que su muerte terminaría este status quo se estaban volviendo realidad.
La tensión resalta la anarquía en la montañosa región de Boyacá y genera preguntas sobre cómo el gobierno colombiano sigue teniendo tan poco control sobre una de sus principales industrias. Más de 25 años después de que la Guerra Verde estallara, el gobierno ha fracasado en detener la violencia y la criminalidad –de hecho, ha sucedido todo lo contrario, pues se ha propagado hacia otros sectores mineros, particularmente el del oro.