Un jefe criminal de Trinidad y su pandilla de 600 hombres, presuntamente se encuentran detrás de un reciente brote de violencia en la isla, debido a que compiten con sus rivales por lucrativos contratos gubernamentales, lo que resalta la profunda penetración de las pandillas en la vida civil del Caribe.
El líder de la pandilla sin nombre, vinculado a la controvertida organización musulmana Jamaat al Muslimeen, controla 21 “clips” (grupos de pandillas locales) –algunos de los cuales son exclusivamente musulmanes– que operan en el oriente y sur de Puerto España, la capital, señaló The Guardian de Trinidad y Tobago.
Según una fuente anónima consultada por el diario, una reciente escalada de la violencia en el oriente de Puerto España está siendo impulsada por una batalla por los contratos para el desarrollo comunitario. A principios de esta semana, 90 personas fueron arrestadas en las redadas policiales en la zona, después de que, en 24 horas, tuvieran lugar seis homicidios relacionados con la actividad pandillera.
De enero a mediados de agosto de 2013, Puerto España registró 236 homicidios, informó Trinidad Express.
Análisis de InSight Crime
Los vínculos entre la actividad de las pandillas y el Jamaat al Muslimeen han existido por décadas en Trinidad y Tobago, siendo el líder actual el heredero de Michael Guerra, un prominente jefe criminal y miembro de la organización islámica, quien fue asesinado en 2003.
Se sabe que el Jamaat al Muslimeen está involucrado en actividades criminales, aunque también opera en el ámbito político, y fue el responsable de un intento de golpe de Estado en 1990. Sus miembros también se han beneficiado de los planes gubernamentales: presuntamente Guerra ganaba hasta US$23.000 mensuales a través de un programa de ayuda a los desempleados.
La capacidad de las organizaciones criminales para obtener contratos para trabajo comunitario parece estar relacionada, no sólo con la corrupción, sino también con los esfuerzos gubernamentales para adjudicar estos proyectos a los “líderes comunitarios”. En todo el Caribe, las líneas entre los grupos criminales y las organizaciones comunitarias son a menudo borrosas. En ausencia de una presencia efectiva del Estado, estos grupos pueden ser la única fuente de justicia eficaz y servicios sociales para las comunidades en las que operan, y como resultado, los jefes criminales en sí se convierten en una especie de líderes comunitarios.