La policía de Perú ha sido acusada de ejecutar a dos presos fugados para asegurar su silencio, ofreciendo un oportuno ejemplo de por qué el gobierno peruano ha impulsado una nueva legislación para endurecer los castigos en los casos de corrupción policial.
Lindomar Hernández, alias “Puerto Rico”, y Edgar Lucano Rosas, alias “Lucano”, fueron abatidos a tiros por la policía, una semana después de escapar de la prisión junto con otros cuatro presos.
La policía dijo que los dos murieron en un tiroteo después de que abrieran fuego en contra de los agentes encargados de la redada del escondite de los fugitivos. No obstante, un tercer fugitivo, Carlos Timaná Copara, quien estaba con los otros dos presos fugados al momento de la redada y fue herido en el ataque, ha afirmado que los presos se habían entregado a la policía, la cual luego les quitó los chalecos antibalas y les disparó en el pecho. Las familias de los muertos apoyaron las acusaciones (vea el video más abajo).
Timaná también acusó a un capitán de la policía de aceptar un soborno para ayudar a los prisioneros a escapar. Un ex mayor de la policía ya ha sido detenido en relación con la fuga de la prisión.
La policía negó y desestimó las acusaciones de Timaná, señalándolas de una” historia de un criminal.”
Hernández y Rosas estaban esperando juicio tras admitir haber aceptado aproximadamente US$7.000 por el homicidio del periodista Luis Choy en febrero, pero no habían identificado a quién los había contratado para el crimen. Se ha especulado que fueron asesinados para asegurar su silencio, bien sea en este caso o para evitar que hubieran identificado a sus cómplices en la fuga de la prisión.
A medida que los dramáticos acontecimientos de la huida y persecución capturaron la atención de la prensa peruana, las nuevas normas que regulan el procesamiento de agentes de policía corruptos entraron en vigor, informó Prensa Latina. La legislación crea nuevos mecanismos para investigar y castigar a los oficiales, incluyendo la aplicación de juicios civiles.
Análisis de InSight Crime
Es poco probable que alguna vez se sepa la verdad de quién ordenó el homicidio del periodista, cómo escaparon los fugitivos y si murieron luchando o fueron ejecutados. No obstante, los detalles extraños y contradictorios del caso sin duda apuntan a la corrupción y turbias conexiones entre el mundo de la burocracia y el crimen organizado.
Cualquiera que sea el resultado del caso, refuerza la necesidad de adoptar una postura firme en cuanto a la corrupción policial, y las nuevas leyes que abordan esto marcan un paso positivo hacia este esfuerzo. Según Wilfredo Pedraza, Ministro del Interior de Perú, en lo que va corrido del año, 900 policías están siendo investigados o han sido castigados por crímenes como la participación o complicidad en el narcotráfico, secuestro, lavado y robo de dinero, o infracciones menores como la apropiación de armas y equipos policiales.