Un informe reciente ha revelado que las cárceles de Guatemala están en un 280 por ciento por encima de su capacidad; un problema que es exacerbado por la mala gestión del sistema penitenciario que facilita cuestiones más amplias como la creciente criminalidad dentro de las cárceles del país.

Según un informe publicado por el Centro de Investigación de Guatemala Económico Nacional (CIEN) el 6 de agosto, a partir de junio de este año, 17.942 personas ocuparon los 6.412 espacios en las cárceles del país, con el 49 por ciento de los reclusos retenidos en detención preventiva. Esta tasa de hacinamiento -que oscila entre tres y seis presos por cada espacio disponible- ubica al sistema penitenciario de Guatemala entre los diez más superpoblados del mundo. El estudio apunta a un fuerte aumento en los encarcelamientos desde 2009.

El informe también analiza cómo el hacinamiento conduce a una falta de control sobre los presos, lo que les permite a los internos cometer delitos mientras están encarcelados. Según cifras del Ministerio Público citadas en el informe, los presos cometen aproximadamente el 80 por ciento de los casos de extorsión en el país.

Además, pone de relieve la falta de una adecuada inversión en las cárceles del país. Un análisis sobre la infraestructura básica en las prisiones -como las instalaciones eléctricas y de suministro de agua- encontró que sólo el seis por ciento de las 22 cárceles del país contaba con una infraestructura adecuada.

El sistema penitenciario del país también carece de información exacta sobre la duración de las penas de prisión del 40 por ciento de los reclusos, según el informe.

Análisis de InSight Crime

La sobrepoblación en las cárceles es un problema grave en numerosos países de Latinoamérica. Según el informe de CIEN, Centroamérica es una región con niveles especialmente altos de hacinamiento en las cárceles, encabezados por El Salvador (322 por ciento), y seguido por Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

La sobrepoblación carcelaria en la región ha sido impulsada en parte por las políticas de seguridad de mano dura y -como lo demuestra el informe de CIEN- los largos períodos de detención preventiva. Este fenómeno ha sido señalado de facilitar el delito y la actividad de las pandillas, lo cual es especialmente evidente en El Salvador donde las cárceles se han convertido en centros de reclutamiento para las poderosas pandillas callejeras del país. Numerosos países de la región también han visto que el hacinamiento en las cárceles conducen a mortales disturbios y masacres.

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Estos problemas son exacerbados por la corrupción oficial dentro de las prisiones. El sistema penitenciario de Guatemala al parecer tiene un alto nivel de corrupción institucional, el cual ha facilitado el desarrollo de un mercado negro en las prisiones. Hay funcionarios que al parecer sacan provecho de los internos al cobrarles más de US$19.000 por una transferencia de cárcel y entre US$12 y US$38 por eliminar a los presos de confinamiento solitario.

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