Autoridades guatemaltecas han llevado a cabo múltiples arrestos de guardias de prisiones implicados en esquemas de explotación sexual que victimizan a las mujeres encarceladas, lo que demuestra la escasa actuación del gobierno ante un problema que a menudo permanece oculto y expone el reto que supone luchar contra la corrupción en el sistema penitenciario.

El 16 de agosto, la policía detuvo a ocho guardias penitenciarios acusados de explotar sexualmente a reclusas en los departamentos de Suchitepéquez, El Progreso, Baja Verapaz y Guatemala. Los guardias cobraban dinero a reclusos hombres por transportar a las mujeres a otras prisiones y obligarlas a realizar actos sexuales, según declaró a los medios locales el director de prisiones, Sergio Vela. 

Este caso se produce tras la detención en marzo de nueve guardias que presuntamente traficaban con chicas jóvenes para llevarlas a las prisiones, donde los reclusos abusaban sexualmente de ellas. Algunos de los reclusos pertenecían a la pandilla Barrio 18 y, tras abusar de las adolescentes, las obligaban a cometer delitos fuera de la prisión, según los reportes. El caso formaba parte de una investigación más amplia de la Unidad contra Estructuras Criminales y Casos Especiales de la Fiscalía contra la Trata de Personas. Otra investigación de 2023 reveló que otros tres guardias de Mazatenango, una prisión mixta, cobraban entre US$40 y US$200 por chica. 

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Las abarrotadas prisiones de Guatemala son focos de actividad criminal, y la corrupción entre el personal penitenciario es rampante. Tanto Barrio 18 como la Mara Salvatrucha (MS13) victimizan a las mujeres en esquemas de trata y tienen un poder considerable dentro de las prisiones. 

Por otra parte, el número de mujeres en las cárceles está aumentando, lo que pone a más mujeres en condiciones de vulnerabilidad a la explotación y el abuso sexual. En 2015, las mujeres representaban el 9,1% de la población penitenciaria total de Guatemala. Para 2023, ese número había aumentado al 12,1%. Según Andrea Barrios, directora del Colectivo Artesanas, una organización no gubernamental que aboga por los derechos de las mujeres encarceladas en Guatemala, la mayoría de las reclusas tienen entre 18 y 35 años.

Desde que tomó posesión, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo se ha comprometido a frenar la actividad criminal y la corrupción dentro de las prisiones, por lo que las autoridades han llevado a cabo varios operativos en prisiones clave y han destituido a decenas de guardias penitenciarios. Pero la lucha es ardua.  “El problema es que encontramos un Sistema Penitenciario sin controles (…) en el que muchos de los guardias están involucrados”, declaró Francisco Jiménez, ministro de Gobernación de Guatemala, al periódico Prensa Libre.

Análisis de InSight Crime

Estos casos recientes en las prisiones de Guatemala podrían ser la punta del iceberg de una serie de incidentes de explotación sexual propiciados por guardias penitenciarios y la corrupción sistémica. 

Barrios, que tiene contacto diario con reclusas en Guatemala, afirma que este tipo de explotación sexual es habitual, pero rara vez se investiga y persigue. 

Tras las recientes detenciones, las mujeres víctimas fueron trasladadas a otras prisiones. “Eso es castigarlas porque es alejarlas de donde conocen, y de sus familias”, dijo Barrios. Ninguno de los guardias ha sido acusado por trata de personas, sino que fueron acusados de negligencia en el cumplimiento de sus deberes y puestos bajo arresto domiciliario.

Años de abandono, hacinamiento, corrupción y falta de profesionalización en los servicios penitenciarios han hecho casi imposible la supervisión de las prisiones, afirmó Corinne Dedik, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), con sede en Guatemala.

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La corrupción sistemática dentro de las autoridades penitenciarias es necesaria para que funcionen este tipo de esquemas de trata y explotación de personas. Nadie puede salir y entrar sin la participación de los guardias de la prisión, incluidos los encargados de las áreas exclusivas para mujeres, así como los directores de las prisiones, explicó Barrios.

La falta de desarrollo o promoción profesional también acarrea problemas. “En el sistema penitenciario guatemalteco no existe una carrera profesional. Todos reciben su formación y se quedan en ese nivel porque no hay posibilidad de ascender”, dijo Dedik. Esto, explicó, abre la puerta a incentivos criminales.

La mayoría de las prisiones del país alojan a ambos sexos, y las mujeres viven en zonas exclusivas para mujeres en prisiones dominadas por hombres. Y, según un informe de 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la porosa separación entre hombres y mujeres dentro de estos centros crea espacios para la explotación. 

“Las mujeres encarceladas tienen muchas necesidades adentro que el sistema no provee y que las familias tienen limitaciones para poderles apoyar”, afirmó Barrios. Productos como champú, jabón y toallas higiénicas son escasos, y las familias a menudo tienen que proporcionarlos a las reclusas. Un gran porcentaje de las mujeres encarceladas son también madres solteras y son el principal soporte de sus familias. “Entonces es aprovecharse de la necesidad de las mujeres para favorecerse económicamente, y ahí es donde recae la responsabilidad de la autoridad”.  Así mismo, el control de grupos criminales como el Barrio 18 en las cárceles les permite corromper y controlar aún más a los funcionarios para permitirles introducir a mujeres y niñas.  

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El gobierno se enfrenta a un difícil problema para atajar la corrupción sistémica. “El sistema penitenciario se ha quedado estancado en los años 60, 70, pero hoy en día la realidad ya es otra”, dijo Dedik. “Solamente se puede mejorar ese tipo de situaciones de manera sostenible, si realmente se realiza una reforma integral y profunda”. 

Barrios acogió con satisfacción las últimas detenciones en casos de explotación sexual en prisiones, pero dijo que le encantaría que se pusieran en marcha medidas de prevención, como una mejor investigación de las autoridades penitenciarias y la vigilancia de las zonas de visita.

Imagen principal: La policía detiene a guardias de prisiones implicados en un esquema de explotación sexual en Guatemala. Crédito: Fiscalía General de Guatemala.