La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, está siendo prematuramente expulsada de su cargo; un ejemplo de la capacidad que tienen las élites criminales del país para manipular el sistema judicial.
El 5 de febrero, la Corte Constitucional guatemalteca decretó que Paz y Paz debía entregar su cargo en mayo, siete meses antes de que se terminara su plazo programado para diciembre, informó Reuters. La decisión estuvo basada en un tecnicismo. Desde que ella asumió el cargo antes con el fin de completar el periodo de su predecesor, quién fue destituido de su cargo, la corte decretó que su periodo de cuatro años terminaba en mayo de 2014.
Esta decisión se dio tras una impugnación constitucional presentada por un adinerado empresario, Ricardo Sagastume, informó The New York Times. En una entrevista con El Periódico, Paz y Paz, quien actualmente está apelando la decisión de la corte, dijo, “quienes han sido afectados por el avance de la justicia tienen prisa para que yo abandone el cargo”.
Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la decisión, afirmando que Paz y Paz ayudó al sistema judicial a hacer avances al dejar al descubierto violaciones, pasadas y presentes, de los derechos humanos.
Análisis de InSight Crime
Los esfuerzos de Paz y Paz para combatir el crimen y la corrupción en Guatemala han sido aclamados por los organismos internacionales, y además fue nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2013. Según cifras de la Fiscalía General citadas por El Periódico, durante su administración la tasa de impunidad del país pasó de un 95 por ciento a un 70 por ciento.
Su lucha contra el grupo criminal mexicano los Zetas, así como las luchas que emprendió contra la corrupción y contra los violadores de derechos humanos en Guatemala, ha resultado en la condena de policías, políticos, y oficiales militares, así como de figuras de alto nivel del crimen organizado. También llevó con éxito a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio– pese a que posteriormente la Corte Constitucional anuló la histórica condena.
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Aunque se ha reconocido que las tácticas de la Fiscal General para enfrentar el crimen organizado han mejorado la efectividad del sistema judicial guatemalteco, las mismas le han generado poderosos enemigos. Las consolidadas élites del país ahora parecen estar moviendo las piezas en el máximo tribunal guatemalteco para ingeniar su salida.
Su salida genera preocupación de que se detengan las investigaciones en curso, así como el progreso que se ha dado contra la corrupción y la impunidad. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) también ha visto desafiado su mandato, ya que ha puesto al descubierto la corrupción judicial y se ha pronunciado en contra de la impunidad.