El presidente estadounidense Barack Obama anunció que pedirá US$450 millones al Congreso para ayudar en la transición de Colombia del conflicto civil a la paz, pero ¿ayudará a impedir la inminente reorganización del mundo criminal y frenar el explosivo crecimiento del negocio de la droga?
Obama afirmó que el sustancial aumento en la ayuda —actualmente Colombia recibe unos US$300 millones anuales de Estados Unidos— busca ayudar al país andino a consolidar un acuerdo de paz con el grupo marxista insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El gobierno colombiano y las FARC pueden estar cerca de firmar un acuerdo de paz definitivo luego de varios años de negociaciones y más de cinco décadas de conflicto.
“Así como Estados Unidos ha sido el aliado de Colombia en tiempos de guerra… seremos su aliado en el camino hacia la paz”, dijo Obama.
Con este anuncio Estados Unidos marca la nueva fase del Plan Colombia, el enorme paquete de ayuda que ha dado US$10 mil millones al gobierno colombiano durante los últimos quince años, mucha parte de cuyos fondos se han destinado a la ayuda policial y militar. Obama declaró que el nuevo paquete de ayuda se llamará “Paz Colombia”.
Según una ficha informativa de la Casa Blanca, Paz Colombia se centrará en el logro de tres objetivos generales: 1) consolidar y ampliar el progreso en seguridad y antinarcóticos mientras ayuda a la reintegración de las FARC; 2) reforzar la presencia gubernamental y el estado de derecho en zonas rurales, especialmente en anteriores zonas de conflicto; 3) promover la justicia y otros “servicios esenciales” para las víctimas.
Análisis de InSight Crime
La administración Obama ha trazado una sólida estrategia que responde a algunos de los problemas más apremiantes que enfrenta Colombia en un entorno de postconflicto. Sin embargo, la fluida dinámica criminal del país podría dificultar la implementación.
Con la paz en el horizonte después de 50 años de guerra, el hampa colombiano se encuentra en una encrucijada. Las FARC están en control de un enorme imperio criminal gracias a su participación en el negocio de las drogas ilícitas, y no es claro lo que sucederá cuando firmen un acuerdo de paz.
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Es posible que algunos elementos de las FARC se cambien a las filas de sus homólogos guerrilleros, Ejército de Liberación Nacional (ELN) en lugar de desmovilizarse, y transfieran décadas de experiencia criminal y economías criminales en el proceso. También es plausible que facciones renuentes de las FARC se criminalicen por completo, y comiencen a trabajar bajo el control de los grupos narcoparamilitares conocidos como Bacrim, o “bandas criminales”.
Otro obstáculo es el explosivo crecimiento del cultivo de coca en años recientes. El número de hectáreas de coca se disparó en casi 40 por ciento en 2014 y 2015 podría registrar un aumento similar, si no mayor, en la expansión de los cultivos de la droga. Hasta con 70 por ciento de la coca cultivada en territorio controlado por las FARC, esto ha proporcionado una entrada de efectivo importante al haber del grupo insurgente.
Firmado un acuerdo de paz, los actores armados ilegales en Colombia se centrarán en llenar el vacío de poder criminal dejado por la desmovilización de las FARC. Con el fin de evitar un reciclaje de las economías y la violencia criminales, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia tendrán que identificar en qué dirección se están moviendo los vientos del hampa para ajustar su estrategia debidamente.