La desmovilización de una facción disidente del ELN representa un avance simbólico para la política de Paz Total, a pesar de su impacto limitado debido a la continuidad de las acciones violentas de los principales grupos armados de Colombia.

El 6 de abril, el gobierno de Gustavo Petro anunció la entrega de armas y la sustitución de 5.000 hectáreas de coca por parte del Frente Comuneros del Sur, una facción disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última insurgencia en pie en Colombia y uno de los principales actores armados del país. Estos hitos corresponden a la firma de los puntos seis y siete de los compromisos de negociación entre este frente y el gobierno colombiano, que inició en mayo de 2024 y hace parte de la política de Paz Total.

Con aproximadamente entre 100 y 300 combatientes, el Frente Comuneros del Sur −que tiene como área de influencia el departamento de Nariño, con el mayor número de cultivos de coca en el sur de Colombia y numerosos puertos de salida para el tráfico internacional de cocaína− se desmovilizó y acordó entregar las armas en un proceso que finalizará el próximo 27 de junio. 

“En Comuneros del Sur brilló más la idea del cambio y la transformación que en el ELN, que no piensa en el campesino porque lo asesinó en el Catatumbo, sino en cuidar los cultivos de cocaína”, comentó el presidente Gustavo Petro en unas declaraciones tras firmar el acuerdo. 

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Los Comuneros del Sur se declararon en disidencia del ELN en mayo de 2024, en el marco de las negociaciones de paz entre la insurgencia y el gobierno. Desde entonces, el presidente Petro abrió una mesa paralela con este frente, la que se convirtió en uno de los principales obstáculos para el proceso de negociación con el ELN. Los diálogos con el ELN se rompieron, en enero de 2025, por la escalada de violencia en el Catatumbo, en momentos en que las negociaciones con los principales grupos armados del país penden de un hilo. 

Análisis de InSight Crime

Si bien la entrega de armas por parte de los Comuneros del Sur puede verse como un éxito dentro de la política de Paz Total, la realidad es que se trata de una victoria más simbólica que real.

En el departamento de Nariño, el principal bastión del grupo y un departamento clave para el tráfico internacional de cocaína desde Colombia, las implicaciones del acuerdo pueden ser positivas a corto plazo, ya que podrían ayudar a reducir la violencia y los enfrentamientos por el control de los cultivos de coca y la producción de cocaína. De hecho, según declaraciones del gobernador del departamento Luis Alfonso Escobar Jaramillo, en los territorios controlados por los Comuneros del Sur, durante las negociaciones, se percibió una disminución de los desplazamientos forzados, del reclutamiento infantil y de la violencia. 

Sin embargo, esta situación puede cambiar, ya que en el departamento hacen presencia otros grupos como algunas de las disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC) y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Estos grupos pueden llegar a ocupar el vacío de poder dejado por los Comuneros del Sur, especialmente ante la falta de una estrategia de paz por parte del gobierno. Además, el control de otros cultivos de coca en la región podría prolongar el conflicto y la violencia.

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el gobierno sigue siendo alcanzar acuerdos con los principales actores armados del país. Hasta ahora, la mayoría de las negociaciones se han topado con desafíos importantes, lo que ha dificultado avanzar en la estrategia de paz.

A pesar de que el gobierno anunció la apertura de un diálogo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en agosto de 2024, este proceso se enfrenta al principal desafío de que no hay un marco jurídico que permita la desmovilización de este grupo más allá de un proceso de sometimiento a la justicia, al cual se niegan los emisarios del grupo ilegal.

Por otro lado, las disidencias de las FARC se han fragmentado en el marco de la política de Paz Total, lo que únicamente ha permitido al gobierno mantener diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una facción que surgió del Estado Mayor Central (EMC), y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la cual se separó de la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia.

En el caso del ELN, las negociaciones se encuentran suspendidas desde enero de 2025 a raíz de los crímenes de guerra cometidos en su enfrentamiento con las disidencias de las FARC en el Catatumbo.

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Las negociaciones en zonas urbanas también se encuentran seriamente afectadas. Los diálogos entre los Shottas y los Espartanos, en Buenaventura, están en punto muerto después de la ruptura de la tregua en febrero de 2025. Si bien la tregua se reactivó en abril, está por definirse cómo continuarán las conversaciones entre el gobierno y estos grupos. De manera similar, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) suspendieron los diálogos de paz con el gobierno en abril de 2025, después de que un operativo militar profundizara la división entre ambas partes.

Con un gobierno políticamente debilitado y frente a la proximidad de las elecciones presidenciales en 2026, este logro de la política de Paz Total por parte del gobierno de Gustavo Petro ha sido publicitado como una gran victoria. Sin embargo, los principales grupos armados del país siguen activos y el proceso de paz se enfrenta a múltiples desafíos, lo que genera incertidumbre sobre su efectividad y futuro. 

Imagen principal: Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Crédito: Agencia EFE / Christian Escobar Mora.