El departamento de Amambay en Paraguay actualmente sólo cuenta con una fiscal para los casos relacionados con drogas, lo cual plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para enjuiciar eficazmente estos crímenes, en una zona clave para el tránsito de cocaína y marihuana en el Cono Sur.
Según ABC Color, Valeriana Ferreira es la única fiscal de Amambay a la cual se le han asignado casos de narcotráfico luego de que su colega tomara una licencia de maternidad de tres meses. Mientras tanto, la Fiscalía General no ha tomando ninguna medida destinada a nombrar un fiscal interino ni ha asignado más personal, en una región considerada un importante eje del crimen organizado.
Las fuentes citadas por el diario ABC Color afirmaron que, incluso antes de que la colega de Ferreira tomara su licencia, la Policía Nacional y la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, no tenían confianza en la Fiscalía de Amambay.
Cuando se le preguntó sobre la evolución de un caso reciente contra dos políticos locales presuntamente vinculados al tráfico de drogas, Ferreira habría dicho a un periodista de ABC Color “ya salí de la oficina y no recuerdo cuál fue el resultado.”
Una fuente no identificada señaló al diario que Ferreira es incompetente y que sospechaba que podría estar colaborando con intereses criminales.
Análisis de Insight Crime
A pesar del poco respaldo con el que cuenta la afirmación de que Ferreira se estaría lucrando de actividades ilegales —basada en las sospechas de una fuente anónima— es innegable que las organizaciones criminales se han infiltrado significativamente en el gobierno local de Amambay.
En un caso reciente, policías corruptos aparentemente devolvieron 252 kilogramos de cocaína incautada a un capo narcotraficante local. Varios oficiales de la policía fueron detenidos, y la investigación eventualmente fue ampliada para incluir a dos concejales de Amambay que Ferreira deberá enjuiciar.
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También es innegable que cuando los casos de drogas que involucran poderosos intereses locales llegan a una institución que sólo cuenta con dos fiscales, las oportunidades y presiones de corrupción son mucho más altas.
Así mismo, el sistema judicial del país ha sido igual de susceptible en los casos en que miembros de la policía, políticos y militares paraguayos han sido implicados en incidentes de corrupción. En 2013, una red de jueces, fiscales y abogados fueron acusados de imputar condenas indulgentes a narcotraficantes en 80 casos que fueron procesados en la región de la Triple Frontera, al sur de Amambay.