Las autoridades colombianas desmantelaron lo que calificaron como la mayor red de contrabando de gasolina, que opera a lo largo de la frontera venezolana, un golpe al contrabando, que llega en un momento en que la reapertura de la frontera cambiará la dinámica del contrabando en la región.
El 13 de agosto, la Policía Nacional de Colombia anunció la captura de 28 presuntos miembros de una red de contrabando conocida como “Los Coyotes” en 25 allanamientos en ciudades del nororiente de Colombia.
Según la policía, la banda se abastecía de gasolina barata en los alrededores del estado de Maracaibo y la traía ilegalmente a Colombia en lo que se denominó “caravanas de la muerte”; filas de vehículos cargados de gasolina ilegal que se mueven a toda velocidad por los cruces fronterizos clandestinos y senderos rurales.
En Colombia, la red habría utilizado la ciudad de Maicao como punto de recolección y bodega, para luego distribuir la gasolina hacia el sur en municipios del departamento de Cesar.
El golpe contra la red de contrabando se da luego de la noticia de la reapertura de la frontera de Colombia y Venezuela, que llevaba casi un año cerrada oficialmente.
El plan anunciado por los dos gobiernos es una normalización gradual de los controles fronterizos, comenzando con la apertura de varios cruces peatonales durante doce horas diarias, según informes de BBC.
Análisis de InSight Crime
El contrabando de gasolina barata, no refinada y subsidiada de Venezuela es el pilar de una actividad que cambia rápidamente en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela.
Aunque la gasolina sigue siendo uno de los productos abundantes, los problemas económicos de Venezuela han creado grave escasez para los demás productos subsidiados, con control de precios, que anteriormente se ingresaban ilegalmente a Colombia. Esto no solo ha reducido el flujo de mercancías a Colombia, sino que en algunos caso incluso lo ha invertido, con contrabando de mercancías a Venezuela, provenientes de Colombia, para quienes puedan pagar los altos precios.
La decisión de reabrir la frontera facilitará el movimiento legal de mercancías para compensar la escasez en Venezuela. También puede ser un golpe a las redes del crimen organizado, que han sacado provecho de la decisión unilateral del gobierno venezolano de cerrar la frontera en agosto de 2015, luego de un ataque de las fuerzas de seguridad venezolanas sobre los que llamó paramilitares colombianos.
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La medida básicamente clausuró las operaciones de contrabando a pequeña escala, conocidas como “pitufos”: personas que hacen múltiples viajes entre la frontera con pequeñas cantidades de mercancía, que representaban el grueso del contrabando en la región. Sin embargo, la falta de pitufos no hizo más que alimentar las operaciones de contrabando a mayor escala, que pasan ilegalmente cantidades a granel por cruces fronterizos ocultos alejados de los centros urbanos. Para las redes insurgentes y del crimen organizado, esto representó una fuente de ingresos aún más lucrativa, pues más cruces alejados atraviesan sus territorios, lo que les permite cobrar a los contrabandistas un peaje por usarlos.
Con la apertura de la frontera, es probable que haya un retorno a las operaciones de “pitufeo”, al menos para los productos que aún haya para contrabandear.