El robo de municiones a una base de la Fuerza Aérea de Uruguay ha puesto de relieve la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad del país y también podría indicar que Uruguay, pacífico en términos generales, sirve como una fuente importante de armas para los grupos criminales de Suramérica.
Investigaciones realizadas por las autoridades uruguayas descubrieron que cerca de 18.000 piezas de munición robadas de la Base Aérea de Santa Bernardina terminaron en manos de grupos criminales de Brasil, incluyendo al infame Comando Vermelho (CV) de Río de Janeiro, informó El País.
El robo de estas municiones, que habría ocurrido en algún momento entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, fue hecho público el 21 de junio por el diputado Jaime Trobo.
Según las investigaciones, las municiones robadas pesaban entre 650 y 750 kilogramos y fueron retiradas de la base por la puerta principal usando un camión. Las cámaras de seguridad, sensores de movimiento y cercas eléctricas que custodiaban el depósito de armas de la base no estaban en funcionamiento durante los meses en que se cree que ocurrió el robo.
Alrededor de 20 soldados están siendo investigados por los hechos. El País informó que también se espera que se investigue a miembros del ejército de rango medio y a algunos funcionarios del Ministerio de Defensa. También es posible que se hayan robado más municiones de las que se creía inicialmente.
En 2007, en la Fuerza Aérea Uruguaya hubo un robo de armas similar, que llevó a que cuatro soldados, tres civiles y un recluso fueran acusados de robo y asociación para vender armas a grupos criminales brasileños.
Análisis de InSight Crime
El robo de una cantidad tan grande de municiones a una base de la Fuerza Aérea no podría haber ocurrido sin la complicidad de soldados y funcionarios corruptos.
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Aunque este tipo de casos de corrupción son menos comunes entre las fuerzas de seguridad de Uruguay, existen algunos precedentes. En 2012, alrededor de 20 agentes de la policía fueron investigados por sacar más de 200 armas de fuego de los arsenales policiales y venderlas a grupos criminales brasileños. Más recientemente, en abril de este año, tres policías y un empresario fueron arrestados bajo la sospecha de que estaban traficando armas para el CV.
Según un informe de Small Arms Survey publicado en 2009, aunque Uruguay registra el nivel de propiedad civil de armas per cápita más alto de Suramérica (un arma de fuego por cada tres personas), el país cuenta con una cantidad relativamente baja de armas pequeñas modernas (61.000). El informe también encontró que gran parte de este inventario no es usado debido a las reducciones de personal militar. Según Small Arms Survey, en Uruguay hay un excedente de cerca de 80.000 fusiles, metralletas y ametralladoras ligeras cuyo estado es desconocido. Estas armas son obsoletas y no cumplen ninguna función en la estrategia nacional de seguridad de Uruguay.
La existencia de tal excedente de armas puede ser una oportunidad bastante tentadora para algunos funcionarios militares corruptos. El vecino Brasil ofrece un amplio mercado, donde al parecer grupos como el CV han estado buscando conseguir armas cada vez más potentes. En 2013, el 40 por ciento de las armas incautadas en Río de Janeiro fueron de “categoría A”, lo cual incluye rifles, ametralladoras y subametralladoras, una cifra que representa un incremento del 33 por ciento con respecto a 2009.