Seis miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta a los legisladores de El Salvador, exhortándolos a elegir un nuevo fiscal general, lo cual llama la atención sobre el tema de la influencia de Estados Unidos en los esfuerzos locales por combatir la corrupción y la impunidad en Centroamérica.
La carta, con fecha de 23 de noviembre, pero que se hizo pública sólo recientemente, está dirigida a Lorena Peña, integrante del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual presidenta de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. En la carta, los representantes estadounidenses hacen referencia a un paquete de asistencia que se está considerando para el Triángulo Norte de Centroamérica —del cual hace parte El Salvador— y urge al Congreso de El Salvador para que elija un “nuevo fiscal general que se enfoque en derrotar a la corrupción y el crimen organizado”, informó La Prensa Gráfica.
La carta fue firmada por seis representantes de Estados Unidos: Albio Sires (demócrata de Nueva Jersey), Norma Torres (demócrata de California), Gregory Meeks (demócrata de Nueva York), Jim McGovern (demócrata de Massachusetts), Sam Farr (demócrata de California) y Eliot Engel (demócrata de Nueva York).
Los fiscales generales de El Salvador son usualmente nombrados por grupos de la sociedad civil y otros grupos de interés, antes de que puedan ser considerados por el Congreso, el cual tiene la última palabra en la selección del fiscal general, quien es elegido por un período de tres años con posibilidad de reelección.
El período del actual fiscal general Luis Martínez terminó el 3 de diciembre. El Congreso de El Salvador debe reelegir a Martínez, o bien escoger a un sucesor.
Análisis de InSight Crime
Al pedir la pronta elección de un “nuevo fiscal general”, la carta del Congreso de Estados Unidos es básicamente un voto de no confianza para Luis Martínez.
Las disputas políticas en torno al puesto del fiscal general parecen haber estado influenciadas por la ola de protestas contra la corrupción que se ha presentado en Guatemala y en otros lugares de Centroamérica durante el presente año. La alta sensibilidad con respecto a asuntos de corrupción e impunidad conlleva una mayor presión política para que el Congreso de El Salvador tome la decisión correcta con respecto a su principal funcionario de seguridad.
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Durante el año que termina, Martínez enfrentó denuncias de corrupción. En particular, el manejo que su oficina le dio al caso de lavado de dinero y evasión fiscal contra el presunto líder del Cartel de Texis, José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, ha sido objeto de escrutinio público.
El periodista Héctor Silva Ávalos le dijo a InSight Crime que al parecer el “factor Washington” no favorece las perspectivas de reelección de Martínez, y señaló que una carta de seis representantes de Estados Unidos es de bastante peso en el panorama político de El Salvador. Sin embargo, Silva Ávalos señaló que no se debe descartar la posibilidad de que Martínez vuelva a ser elegido. Y agregó que es poco probable que el próximo fiscal general sea nombrado antes de que termine el año.