Las autoridades de El Salvador arrestaron a una reconocida defensora de derechos humanos en medio de una creciente preocupación por las tácticas represivas del gobierno, lo que sugiere que las políticas que antes se usaban para enfrentar al crimen organizado ahora se estarían utilizando para atacar a opositores políticos.

El 18 de mayo, la Fiscalía General de la República anunció la detención de Ruth López, abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización de derechos humanos Cristosal. López ha sido una crítica abierta del presidente Nayib Bukele y había presentado una demanda alegando que algunas de sus políticas eran inconstitucionales.

La Fiscalía acusó a López de peculado durante su tiempo como asesora de Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, quien fue arrestado en febrero de 2025 y acusado de enriquecimiento ilícito. Se le acusa de haber ayudado a Chicas a desviar fondos públicos durante su gestión, aunque las autoridades no han hecho públicas las pruebas.

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El arresto de López es solo la más reciente acción contra críticos del gobierno de Bukele. A inicios de mayo, periodistas del medio independiente El Faro informaron que la Fiscalía estaba preparando varias órdenes de captura contra integrantes del grupo periodístico.

Las acusaciones surgieron poco después de que El Faro publicara una entrevista en tres partes con dos exlíderes de la pandilla Barrio 18. En el reportaje, los exjefes detallaron el papel clave que habría jugado la pandilla en negociaciones políticas durante varios años, las cuales habrían facilitado el ascenso de Bukele a la alcaldía de San Salvador y, posteriormente, a la presidencia del país.

Estos ataques recientes contra opositores políticos de Bukele ocurren en paralelo a la suspensión generalizada de ciertos derechos constitucionales, como parte de su política antipandillas. Desde que se decretó el “estado de excepción” en marzo de 2022, la Asamblea Legislativa ha prorrogado la medida en 38 ocasiones, y esta seguirá vigente hasta el 4 de junio de 2025.

«El estado de excepción establecido se ha vuelto la regla, al tener más de 30 prórrogas cuando, como su nombre lo indica, no puede ser algo cotidiano», dijo Julissa Mantilla, una ex-comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Análisis de InSight Crime

Tras detener a cientos de supuestos pandilleros y prácticamente desmantelar a las dos pandillas más conocidas del país, el aparato represivo del gobierno —ampliamente cuestionado— ahora parece estar enfocándose en los opositores políticos de la actual administración.

Como lo documentó InSight Crime en una investigación, la ofensiva histórica del gobierno de Bukele contra la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18 logró desarticular a ambos grupos, y eliminó su control criminal sobre vastas zonas del país. Pero también concentró el poder político en la administración de Bukele, y se alinearon los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que dejó un margen escaso a la oposición.

Con la mayoría de sus integrantes encarcelados en El Salvador o Estados Unidos, y pocos líderes aún prófugos, el gobierno parece haber cambiado de blanco.

“Esto representa una intensificación dramática de los ataques del régimen de Bukele contra la sociedad civil”, dijo a InSight Crime Jo-Marie Burt, profesora de la Universidad George Mason y experta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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“Bukele está haciendo precisamente lo que los grupos de derechos humanos habían advertido: usar su poder casi absoluto no solo contra supuestos pandilleros, sino contra cualquiera que considere una amenaza a su poder”, agregó.

Diversas organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, han criticado las acciones más recientes del gobierno de Bukele. Sin embargo, según Burt, el hecho de que haya eliminado todos los contrapesos institucionales hace poco probable que su poder sea realmente desafiado.

“Su enorme popularidad —en gran parte resultado de la caída en los índices de violencia y de sus políticas de mano dura contra las pandillas— le ha permitido hacer esto con escasas consecuencias”, concluyó.

Imagen principal: Protestas por las detenciones realizadas durante el estado de excepción en El Salvador. Crédito: José Cabezas/Reuters

*Monserrat Peters contribuyó al reportaje.