La fortaleza de las AGC, el poderoso grupo criminal colombiano, será un reto significativo para las incipientes conversaciones de paz, según un nuevo reporte, generando preocupaciones sobre la falta de interés genuino del grupo por la paz y su posible consolidación criminal. 

La organización no gubernamental Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó un reporte sobre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como los Gaitanistas o el Clan del Golfo, el pasado 7 de octubre. El reporte detalla la expansión del grupo en la última década y cómo esto complica las negociaciones de paz que reiniciaron este año. 

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Las AGC habían accedido a un cese al fuego con el gobierno colombiano a inicios de 2023, pero, la tregua duró poco. Meses después, las negociaciones con el grupo terminaron abruptamente luego de una serie de ataques perpetrados por las AGC en el departamento de Antioquia. La escala de la violencia llevó al gobierno a emitir órdenes de captura contra los líderes de las AGC. Los acercamientos reiniciaron el pasado 8 de julio, cuando el gobierno anunció el reinicio de conversaciones con el grupo y suspendió las órdenes de captura a finales de agosto. 

Comenzar un diálogo con las AGC es un gran paso adelante para la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, que ha buscado la desmovilización de los principales grupos armados y criminales del país. Pero, pese a los avances, seguir adelante será un reto. 

Las AGC surgieron de grupos disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que abandonaron el proceso de desmovilización en 2006 y crearon sus propios grupos paramilitares. En los años siguientes, le apostaron al reclutamiento, creciendo en tamaño e influencia y llegando a dominar rutas de tráfico transnacional de drogas clave en el país. 

InSight Crime analiza tres puntos clave del informe —la expansión y crecimiento del grupo, el ajuste de su estructura y la continua exigencia de un reconocimiento como actor político— y explica cómo estos factores afectan las posibilidades de paz. 

La fuerza de la AGC podría facilitar o dificultar las negociaciones de paz

El poder y la presencia territorial de las AGC aumentan la influencia del grupo y suponen una amenaza para las negociaciones de Petro con otros grupos armados.

En los últimos cinco años, las AGC han casi que duplicado su tamaño, llegando a tener más de 7.000 miembros, incluyendo combatientes y redes de milicianos, haciéndolas el grupo armado más grande del país, según el informe. A medida que ha crecido, el grupo ha expandido su control territorial. Actualmente, tienen presencia en 238 municipios en 18 de los 32 departamentos del país, un incremento significativo en comparación con 2018, cuando estaban presentes en 179 municipios de 10 departamentos, de acuerdo con el informe. 

La investigadora de la FIP y coautora del informe, Paula Tobo, dijo que sin la participación genuina del grupo sería imposible llegar a una paz duradera. 

“El Clan podría ser el grupo con más fuerza en el pais”, le dijo Tobo a InSight Crime. “El territorio del clan es tan amplio – como un tercero de Colombia”. 

El dominio de las AGC representa una gran amenaza a las negociaciones en curso, incluyendo los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Mientras las AGC mantengan el control de sus bastiones, es poco probable que los demás grupos se desarmen.

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La expansión de las AGC y las continuas disputas territoriales también generan dudas sobre la voluntad de paz del grupo, que podría estar utilizando las negociaciones para consolidar sus actividades criminales. Los ceses al fuego pueden ser una movida táctica, más que un compromiso con el desarme, permitiéndoles incrementar su control territorial mientras la extorsión y la violencia continúan. 

Los grupos criminales que firman un cese al fuego con el gobierno tienen una ventaja estratégica sobre sus rivales: un frente de guerra menos. Esto implica menos presión de las autoridades y más margen de maniobra para adquirir recursos y ganar territorio mientras mantienen la fachada de la paz. 

La estructura de las AGC complicará las negociaciones de paz 

La estructura descentralizada de las AGC añade otra capa de complejidad a las conversaciones de paz y dificulta que los líderes se aseguren de que los mandos intermedios y de base se adhieran a los posibles acuerdos, un factor que aumenta el riesgo de deserción.

Las AGC estaban estructuradas bajo un solo líder —Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”— que controlaba ciertas células directamente y absorbió otros grupos criminales semi autónomos bajo un modelo de “franquicias”, una estrategia que le permitió al grupo crecer rápidamente. 

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Pero, en 2015, el gobierno lanzó la Operación Agamenón, que dio como resultado la captura de varios líderes clave —entre ellos Otoniel, capturado en 2021— y las AGC se debilitaron y fracturaron. 

En los últimos años, el grupo se ha reestructurado y ha “reasumido el control directo en diferentes regiones del país”, reportó la FIP. Ahora opera bajo un Estado Mayor Conjunto compuesto por seis líderes que rotan entre los diferentes territorios como medida de protección. Los grupos criminales locales que se habían aliado con el grupo fueron absorbidos o eliminados. 

Sin embargo, en general, las AGC mantienen una estructura descentralizada. Aunque este ha sido un modelo exitoso para expandir su dominio criminal, complica las negociaciones con el gobierno, pues intentos de negociación anteriores han generado divisiones entre la cúpula del grupo. 

Aun si llegaran a un acuerdo con el gobierno, las pugnas internas podrían llevar a los mandos medios a formar sus propios grupos criminales para continuar con sus actividades ilícitas. 

“El clan tiene muchas formas de operar en el país, en cada bloque y en cada célula”, dijo Tobo. 

La falta de un marco jurídico negociar es un paso en falso

Aunque la nueva ronda de negociaciones es un paso adelante, la posibilidad de que lleve a un proceso de paz forma es pequeña. 

“El reto más grande es que las partes tienen expectativas muy diferentes de como va a ser este proceso de diálogo”, afirmó Tobo. 

El punto de desacuerdo más grande está alrededor del marco jurídico para la paz. Las AGC quieren un proceso de justicia transiciones que incluya una garantía de no extradición y la amnistía para sus miembros. 

Pero este tipo de procesos están reservados para grupos con estatus político. Las FARC se desmovilizaron en 2016 bajo este marco, y actualmente aplica al ELN y al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. 

Sin embargo, el gobierno clasifica a las AGC como una “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”. Como tal, para el grupo aplica la Ley de Sometimiento, bajo la cual los miembros del grupo dejarían las armas y se entregarían a cambio de beneficios judiciales como sentencias reducidas. 

“No quieren un sometimiento a la justicia, han sido muy claros que no es el proceso de paz que ellos quieren”, explicó Tobo. “No lo pretenden tan amplio como el ELN, pero si quieren algo que no sea el sometimiento … Quieren ser reconocidos, que no somos una de las bandas cualquiera”. 

Además, para minimizar sus vínculos con sus antecesores paramilitares, en enero, las AGC cambiaron su nombre a Ejército Gaitanista de Colombia. No obstante, el gobierno no ha cambiado su categorización. 

Y como solo queda la mitad del mandato del presidente Petro, estas negociaciones también se enfrentan a una carrera contra el tiempo.