En 2019, Yefer Gamboa fue elegido como alcalde de Nuquí, un municipio en la costa pacífica colombiana, cuyas playas y selvas tropicales atraen cada año a miles de turistas. Pero además de ser un paraíso turístico, las selvas de Nuquí también son el refugio de grupos criminales que se han instalado en el territorio con el objetivo de controlar y lucrarse de las economías ilícitas que allí se desarrollan.
Incluso antes de ser elegido, Gamboa se enfrentó cara a cara con el lado oscuro de Nuquí cuando el más poderoso de estos grupos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se le acercó para ofrecerle su apoyo en las elecciones.
Gamboa se negó, pero eso fue sólo el comienzo. Y después de que siguió rechazando los avances del grupo comenzaron las amenazas.
“Decían que las AGC iban a entrar por el patio a mi casa y me iban a asesinar o secuestrar”, le contó Gamboa a InSight Crime.
Después de cuatro años en el cargo, Gamboa termina su mandato gobernando desde otro municipio debido a las amenazas.
Pero su situación no es un caso aislado en el departamento de Chocó, donde las AGC han consolidado su control por medio de la violencia.
En el periodo previo a las próximas elecciones locales, que tendrán lugar el 29 de octubre, los grupos criminales han intentado influenciar los votos y a pocos días de las elecciones regionales, al menos nueve alcaldes y alcaldesas de Chocó han sido amenazados o agredidos por los grupos armados de la región.
La crisis en Chocó ha sido reconocida por el gobierno nacional. Cuando el Presidente Gustavo Petro fue electo en 2022, prometió priorizar el departamento de Chocó en su proyecto de “Paz Total,” que busca desmovilizar a los grupos armados ilegales de Colombia bajo distintas condiciones. Pero las negociaciones con las AGC se han deteriorado. Y a pesar de las altas expectativas en el territorio frente a Paz Total, el panorama para residentes y autoridades en Nuquí y municipios vecinos es cada vez más sombrío.
‘Nuevos comienzos’
Gamboa es ingeniero civil de profesión y después de muchos años de trabajar en el sector privado decidió lanzarse a la alcaldía de Nuquí con la promesa de combatir la corrupción que por años había comprometido el desarrollo del territorio.
“Logramos ganar las elecciones por un margen muy pequeño. Ganamos por 51 votos, pero logramos ganar”, dijo Gamboa. “Nosotros hicimos una campaña, la mayoría de un grupo de jóvenes y le prometimos a la gente un cambio”.
Pero incluso desde antes de ganar la alcaldía, la sombra de las AGC comenzó a pesar sobre Gamboa.
Desde 2016 las AGC se adentraron en Nuquí, pues es un territorio estratégico para la salida de drogas hacia Norteamérica y Europa. Nuquí, además, tiene acceso a autopistas fluviales que conectan la costa con municipios del interior del departamento del Chocó y del resto del país.
El primer encuentro de Gamboa con el grupo ocurrió durante la campaña. En medio de una visita a la zona rural del municipio, un hombre que se presentó como alias “Jonás”, un presunto jefe político de las AGC, a cargo de marcar la dirección ideológica del grupo y buscar el apoyo y la movilización de las comunidades, abordó a Gamboa y su comitiva. Las AGC le ofrecieron ayuda para su campaña, pues habían escuchado que tenía posibilidades de ganar.
Sin embargo, Gamboa se negó: “Yo les dije ‘vea, yo lo único que les pido es que nos permitan contarle a la gente lo que estamos proponiendo y que a las lanchas de nosotros no les pongan problema, que nos dejen hacer el trabajo como a todos los candidatos’”.
Luego del encuentro, las AGC no lo volvieron a contactar, y cuando ganó las elecciones, pensó que el grupo no lo volvería a molestar.
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Para ese momento, las AGC llevaban al menos tres años consolidando su poder en Nuquí y en otras zonas de Chocó. Aunque la presencia de grupos paramilitares bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) data de los años 90, cuando se instalaron en el territorio para combatir a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no fue hasta 2016 que las AGC comenzaron a expandirse rápidamente.
La salida de las FARC luego de la firma del acuerdo de paz con el gobierno en ese año precipitó una guerra por el control del territorio entre las AGC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que continúa al día de hoy.
“Tras la disputa territorial [entre el ELN y las AGC] fueron las AGC quienes lograron consolidar un poder territorial ilícito y hegemónico en todo el municipio de Nuquí y en la zona rural de Bahía Solano”, dijo la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana sobre Nuquí en 2022.
El grupo aprovechó su victoria sobre el ELN para aumentar su participación en el tráfico de drogas. Cobra una tarifa a narcos por el uso de las rutas de tráfico que atraviesan Nuquí y por las que transitan también sus propios cargamentos, explicó Gamboa a InSight Crime. Pero las AGC no se detuvieron allí, y a la par que extendían su control territorial y su participación en economías criminales clave, también lo hicieron sobre las comunidades del municipio.
Expansión anunciada
Para 2020, Gamboa notó un cambio en el territorio. El alcalde vio que las AGC eran cada vez más fuertes en la zona rural y que ejercían un fuerte control social sobre las comunidades. Nada ocurría en Nuquí sin que las AGC se enteraran.
“Era muy normal encontrarse algún [miembro de las AGC], ir a las comunidades y encontrárselos”, explicó Gamboa. “Ellos tienen personas que les informan quien encontró droga en altamar, para ellos después llegar a cobrarles. Si no pagan les quitan las lanchas y los motores”, continuó.
Fue por esa época en la que Gamboa tuvo un segundo encuentro con el grupo. En un recorrido por la vereda Arusi, en la zona rural del municipio, hombres armados que se identificaron como miembros de las AGC lo abordaron y le pidieron una reunión a la que tuvo que acceder.
“No tenía sentido negarme a eso, porque pues yo ando con un escolta y esa es la zona de ellos”, comentó.
Gamboa explicó que se encontró con alias “Barbas”, quien se presentó como el nuevo jefe político del grupo en la región del Pacífico. Barbas, sin rodeos, le dijo que el grupo necesitaba el apoyo de la alcaldía y que debían entregarles 900 millones de pesos (alrededor de US$240.000).
El alcalde se negó rotundamente.
Sin embargo, Barbas insistió y trató de negociar otra cifra, 700 millones (US$187.000) o 500 (US$133.000). Al final, explicó Gamboa, el representante de las AGC le dijo que al menos necesitaba que el municipio le entregara siete motores de lanchas.
A todos los pedidos, Gamboa se resistió. “Darle recursos a grupos al margen de la ley es fortalecerlos y que con esos mismos recursos del Estado, compren armas, extorsionen a la gente, le roben las lanchas a la gente. Yo no estoy de acuerdo con eso”, aseguró.
Las AGC le dijeron al alcalde que iban a realizar sus propias averiguaciones para verificar lo que decía sobre la falta de recursos en el presupuesto municipal y que lo llamarían. No sin antes soltar una amenaza en su contra.
“Barbas me dijo ‘Nosotros vamos a buscar el presupuesto del municipio y si tiene plata, nos tiene que dar la plata. Si no, toca tomar acciones’”, narró Gamboa.
Quince días después del encuentro en el corregimiento Arusi, el grupo le envió un mensaje con una persona de la comunidad: debía pagarles 1.000 millones de pesos (US$270.000) del presupuesto municipal.
En octubre de 2020, el grupo, seguro de su control sobre la zona, se atrevió a asesinar a la conocida lideresa ambiental, Juana Perea. La cobertura mediática, sumada a la respuesta del gobierno –que desplegó una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Armada y la Fiscalía General – obligó a las AGC a mantener un bajo perfil en la zona durante unos meses. Por un tiempo, Gamboa respiró tranquilo, pues la presión de las AGC sobre la alcaldía bajó. Pero sabía que no podía confiarse.
La calma en Nuquí no duró mucho. Como se ha vuelto común en muchas zonas de Colombia, una vez la presión de las autoridades baja, los grupos armados vuelven a tomar su lugar.
Las AGC cementan su poder
Las AGC retornaron al territorio con fuerza. Gamboa explicó que la presión de las autoridades afectó su principal fuente de ingreso, el narcotráfico, y por esa razón comenzaron a extorsionar al comercio, que en Nuquí se concentra alrededor del turismo y las estaciones de servicio de gasolina.
“A todos los vendedores de gasolina les tocó subir 1.000 pesos la gasolina para entregarles a esos señores”, contó Gamboa.
Además, el grupo comenzó a extorsionar a los contratistas de la alcaldía. La administración de Gamboa se encontraba realizando distintas obras públicas como la remodelación del aeropuerto del municipio, pavimentando calles y también construyendo canchas de fútbol para las comunidades.
Según Gamboa, las AGC les pedían el 6% del valor del contrato a cada uno de los contratistas para permitirles continuar con las obras. “Empezaron a llamar a los contratistas a decirles que iban a parar la obra si no les pagaban el 6%. Claro, los ingenieros no son de Nuquí, no tienen protección de nadie, entonces pararon todas las obras”.
Al mismo tiempo, las amenazas contra Gamboa se reactivaron. Las AGC volvieron a pedirle dinero y además, lo presionaban para que se reuniera con ellos. En las zonas rurales del municipio el grupo volvió a ser visto con frecuencia.“Desde finales del 2021, en las comunidades indígenas de Villa Nueva, Jagua, Puerto Indio, La Loma, Chorrito, Yucal del municipio de Nuquí, se viene teniendo la presencia permanente de las AGC manifestando a sus habitantes que están obligados a venderles sus cultivos a la organización”, se lee en la Alerta Temprana 017 de 2022 de la Defensoría del Pueblo.
Además, en estas zonas apartadas la violencia es mayor, pues allí es donde el ELN incursiona esporádicamente en el municipio, y propicia una respuesta armada de las AGC.
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El futuro es sombrío
El panorama en Nuquí, y en Chocó en general, no es alentador. Mientras la institucionalidad tambalea y los funcionarios huyen del municipio, las AGC se fortalecen y se consolidan ante todos.
Desde 2022, la situación para Gamboa y las comunidades del municipio ya era insostenible. “El tema se agudizó este último año, porque [antes] la gente los veía como distante, en sus temas de su droga. Pero ahora si se están metiendo con la gente, ahora sí le están robando las lanchas a la gente. Ahora sí están llegando a la alcaldía”, dijo el mandatario.
Para agosto de 2023 la presión fue tan alta, y el peligro tan inminente, que Gamboa decidió salir del municipio. Su caso ha atraído mucha atención mediática, ha sido entrevistado en medios con alcance nacional y hoy continúa denunciando su caso. Sin embargo, no hay garantías de seguridad para su retorno al territorio, pues en un municipio como Nuquí, ni el ejército ni la policía son suficientes para protegerlo de las AGC.
Cuando Gamboa finalice su mandato, tampoco contará con garantías para retornar al municipio, según le explicó a InSight Crime. Y los actuales candidatos a la alcaldía están enfrentando los mismos desafíos de seguridad.
De cara a las elecciones locales, se han recibido denuncias de que las AGC han reunido a las comunidades para influenciar cuáles candidatos ganan.
“Están participando en política y están diciéndole a la gente no voten por este y que voten por este”, explicó el alcalde.
Los resultados de las elecciones determinarán el futuro de Nuquí. Si las AGC logran influir en el voto a través de amenazas y presiones, su control sobre el territorio y las comunidades se hará más fuerte. En el caso de que gane un candidato que no es afín a los intereses del grupo, se encontrará con las amenazas y presiones que sufrió Gamboa al tratar de enfrentarlos.
Este dilema se repite a lo largo de todo el departamento de Chocó.
Gamboa no es el único alcalde del departamento que está por fuera de su tierra por cuenta de las amenazas de los grupos armados que hacen presencia en el departamento. Los alcaldes de los municipios de Río Iró, San José del Palmar, Sipí y Bagadó han sido amenazados por las AGC y por el ELN. Y los alcaldes de Atrato, El Cantón del San Pablo, Unión Panamericana, Medio Baudó y Lloró han sido víctimas de atentados en el último año.
A medida que se acercan las elecciones, la promesa de poner fin al dominio de los grupos armados en Chocó contenida en los planes de la Paz Total del gobierno parece cada vez más lejana.