Una reciente investigación en Brasil ha revelado que el presidente Jair Bolsonaro convirtió a la policía de carreteras del país en un modelo para sus planes de seguridad nacional, lo que ha llevado a un aumento alarmante en los asesinatos.

Un informe en la edición de agosto de la revista de investigación Piauí muestra que Bolsonaro asignó sistemáticamente más recursos a la Policía Federal de Carreteras (Polícia Rodoviária Federal, PRF). Desde que llegó al poder, el mandatario ha aumentado drásticamente el presupuesto de la institución, ha ampliado sus filas en más de 3.000 oficiales y le ha entregado una flota de vehículos blindados.

Pero esto ha tenido un alto costo. La PRF ha comenzado a investigar y arrestar a personas en lugares de Brasil por fuera de su jurisdicción tradicional, lo que incluye zona del país sin carreteras. Y peor aún: está matando a mucha más gente. Piauí señala que, en 2019, cuando Bolsonaro asumió el poder, miembros de la PRF mataron a solo cuatro personas. Según las estadísticas oficiales, desde entonces esta cifra ha aumentado rápidamente, llegando a 16 personas en 2020, 35 en 2021 y 38 personas en la primera mitad de 2022. Las cifras reales pueden ser mucho peores.

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En octubre de 2021, según Piauí, los agentes de la PRF fueron centrales en una polémica incursión en Varginha, ciudad del estado de Minas Gerais, en el centro del país. 26 supuestos criminales fueron asesinados a tiros, y no hubo bajas entre las fuerzas de seguridad.

En ese momento, los comandantes de la policía declararon que la incursión había sido justificada, pues los presuntos pandilleros poseían un arsenal de armas de alto calibre, que planeaban usar para una serie de robos violentos a bancos.

Sin embargo, la investigación de Piauí descubrió que la PRF realizó una serie de movimientos presuntamente ilegales antes de la redada, como la intervención ilícita del teléfono de un sospechoso y el monitoreo de la pandilla antes del ataque. Los investigadores entrevistaron además a varios agentes de policía, quienes declararon que la PRF siempre planeaba matar a todos los pandilleros, en lugar de apresarlos.

“El objetivo de la Policía Federal era iniciar una investigación formal, reunir pruebas contra la pandilla, solicitar órdenes de captura, y finalmente iniciar el operativo, llevándolos a todos a la cárcel. Así es como se hace. Cuando nos dimos cuenta de que la Policía de Carreteras quería matar a todos sin investigar nada, lo abandonamos”, dijo un oficial de la policía federal bajo condición de anonimato.

Finalmente, la investigación de Piauí hace una acusación aún más grave: algunos de los peores asesinatos de Brasil han sido atribuidos a otras fuerzas de seguridad para ocultar la plena participación de la PRF. En mayo de 2022, una redada en la favela Vila Cruzeiro, de Río de Janeiro, dirigida contra la pandilla Comando Vermelho (CV), dejó un saldo de 23 muertos, y hubo denuncias de ejecuciones y torturas. El presidente Bolsonaro elogió mediante un tuit a la policía militar y a las fuerzas especiales (Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE) por la redada. Pero, según Piauí, la PRF planeó la redada: 41 de sus agentes tomaron la iniciativa de ingresar a la favela y fueron responsables de la mayoría de los disparos. Según los informes, cinco de esos mismos oficiales habían participado en los asesinatos de Varginha.

Análisis de InSight Crime

Podría ser tentador descartar la participación de la policía de carreteras en actos violentos. Después de todo, los asesinatos atribuidos oficialmente a la institución palidecen en comparación con las más de 6.000 personas asesinadas en total por la policía de Brasil cada año.

Sin embargo, las revelaciones de Piauí indican que una de las instituciones de seguridad menos violentas de Brasil ha sido completamente transformada por la visión de las fuerzas policiales por parte de Bolsonaro. Los abusos cometidos por la PRF se están volviendo preocupantemente comunes y no siempre en la magnitud de las masacres de Varginha y Vila Cruzeiro.

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El 25 de mayo de 2022, Genivaldo de Jesús Santos, un hombre negro que sufría de esquizofrenia, fue detenido por cinco agentes de la PRF en una carretera del estado de Sergipe, al norte del país, por el hecho de no usar casco. Aunque al parecer cumplió con las órdenes de la policía, los agentes golpearon a Santos, le rociaron gas pimienta en la cara y le aplicaron una llave de estrangulamiento. Luego lo pusieron de cabeza dentro del maletero de un carro de la policía, con las piernas sobresaliendo del vehículo, lanzaron una granada de gas dentro del automóvil, y Santos murió de asfixia.

Las protestas por el asesinato de Santos expusieron las acciones de la PRF. Se está llevando a cabo una investigación sobre los cinco agentes involucrados, aunque existen serias dudas acerca de cuáles serán las conclusiones de la investigación. Cuando los fiscales estatales de Sergipe pidieron copias de los registros disciplinarios de esos agentes, la PRF respondió que se trataba de “información personal” y que se sellarían durante 100 años.