Brasil anunció un nuevo plan de seguridad a nivel nacional para combatir el crimen organizado en medio de un repunte de la violencia, pero el plan de casi US$175 millones es un refrito de muchas estrategias ineficaces.

El 2 de octubre, el ministro de justicia y seguridad pública de Brasil Flávio Dino presentó el primer gran programa contra la delincuencia (Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas) desde el retorno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al poder, el pasado enero.

El nuevo plan gira en torno a cinco ejes que pueden resumirse así: más cooperación e intercambio de información entre organismos, mejorar la eficiencia de la policía y de la rama judicial y apuntalar la vigilancia de los puertos de entrada al país. Con ese fin, las autoridades han destinado 900 millones de reales (cerca de US$174 millones) para tres años.

El plan se presenta en un marco de violencia continuada en los estados de Bahia y Río de Janeiro. En Salvador, la capital de Bahia, se cometen cuatro homicidios por día en el contexto de una guerra entre organizaciones criminales por el control de los corredores de narcotráfico. La respuesta ha sido la militarización, que ha dejado 72 personas muertas en enfrentamientos con la policía en el mes de septiembre.

Río de Janeiro ha sido históricamente sede de varias de las organizaciones criminales más poderosas del país, como el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) y el Tercer Comando Puro (Terceiro Comando Puro, TCP). En medio de la lucha entre estos grupos por el control territorial, se conocieron recientemente imágenes de grupos criminales recibiendo entrenamiento como insurgentes, y en septiembre se reportó un ataque con una granada contra un autobús que dejó al menos 3 pasajeros heridos.

VEA TAMBIÉN: Armas, desapariciones y sobrepoblación carcelaria: los problemas de Brasil se agudizan

El plan contempla la entrega a Bahia de R$20 millones (US$3,9 millones) para fortalecer las instituciones de seguridad y de R$23 millones (US$4,5 millones) más para combatir la violencia, lo que eleva su presupuesto de seguridad a R$168 millones (US$36,2 millones), según el medio informativo O Globo. Por su parte, Río de Janeiro recibirá refuerzos de efectivos federales y R$95 millones (US$18 millones) para la construcción de nuevas prisiones de máxima seguridad.

El sistema de gobierno federal de Brasil delega la responsabilidad de la seguridad pública en manos de los gobiernos de cada estado, pero el escaso intercambio de información entre estados y la falta de coordinación en operativos de seguridad en cada una de esas entidades administrativas federales han afectado la eficacia de las iniciativas contra las organizaciones criminales, ya que estas suelen constituir amenazas para varios estados o para todo el territorio nacional.

“Estamos completamente fragmentados”, observó Leandro Piquet, experto en crimen y violencia de la Universidad de São Paulo, en entrevista con InSight Crime. “Es muy difícil para la policía investigar problemas tan complejos como el crimen organizado sin los instrumentos y la integración adecuadas con otras autoridades a nivel estatal”.

Análisis de InSight Crime

Sin dejar de reconocer la magnitud de este proyecto de ley, grandes proyectos de gasto en el pasado han fracasado en su intento de frenar el crimen organizado en Brasil. El programa presenta errores de cálculo similares, pues ignora muchas de las causas raíz del crimen, lo cual sin duda afectará los resultados.

En 2021, el entonces presidente Jair Bolsonaro hizo una inversión igual de ambiciosa, por R$722 millones (unos US$140 millones) en seguridad pública, incluidos R$28 millones (US$5,4 millones) a Bahia para dotación de equipos nuevos y tecnología, y para el adiestramiento de profesionales de seguridad federales.

Sin embargo, la violencia asociada al crimen organizado en el país siguió en aumento, según información de la base de datos sobre Hechos y Localización de Conflictos Armados (Armed Conflict Location and Events Database, ACLED). De manera específica, los asesinatos de policías, así como los homicidios perpetrados por actores criminales, se mantuvieron en gran medida consistente antes y después de la implementación del plan de seguridad de Bolsonaro (ver los gráficos).

Es más, pese a la importante inversión destinada por la administración de Lula, la mayor parte del dinero se ha gastado en estrategias problemáticas. Por ejemplo, la propuesta incluye planes de construcción de más centros penitenciarios, que, si bien puede parecer contradictorio, podrían agravar la situación de seguridad en el país, según han afirmado varios expertos.

Las causas de esto son complejas, pero tienen que ver con la forma como el crimen organizado en Brasil se ha aprovechado del hacinamiento y la falta de personal crónicos en las prisiones del país para reforzar su pie de fuerza.

VEA TAMBIÉN: Bolsonaro vs. Lula: perspectivas divergentes sobre crimen, seguridad y la Amazonía en Brasil

“Los grandes grupos criminales de Brasil reclutan a sus miembros en el interior de las prisiones”, explicó Arthur Trindade, asesor del Foro Brasileño de Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública) en entrevista con InSight Crime. “Así que el caos del sistema penitenciario de Brasil —sobrepoblado y mal administrado— agrava enormemente la violencia y fortalece el crimen organizado».

Las nuevas prisiones pueden reducir temporalmente la sobrepoblación, pero lo más seguro es que esa mejoría sea efímera si Brasil mantiene las estrategias actuales, en especial su uso de la detención preventiva, que encierra a personas sin una condena en prisiones controladas por pandillas, como lo explicó Benjamin Lessing, experto en seguridad para Latinoamérica y profesor de la Universidad de Chicago.

“Es como cuando se construyen carriles adicionales en las autopistas de Los Angeles”, comentó. “Por un par de días, hay menos tráfico, [pero] se llena y antes de que uno se dé cuenta volvió a la situación anterior. Así que ahora, hay aún más carriles de embotellamiento. Y algo así pasa cuando se construyen más prisiones”.

Los grupos criminales más notorios de Brasil, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV), surgieron como pandillas carcelarias en São Paulo y Río de Janeiro, respectivamente. Al reclutar dentro de los muros de la prisión, estos grupos lograron expandirse por todo Brasil y al exterior, mientras que la violencia que generaron se desbordó y llenó las calles.

“Las pandillas ya existen, entonces por lo general terminarán controlando al menos algunas de esas nuevas prisiones”, dijo Lessing a InSight Crime. “Las pandillas que ahora están unidas se separarán […] Cada una tendrá más control sobre su unidad específica y así se fortalecen las pandillas en ese sentido».

Los planes de Lula de redoblar la inversión en tecnología para aumentar la seguridad en puertos y fronteras, combinada con campañas reforzadas de confiscación de activos de los grupos criminales, pueden reducir la rentabilidad del crimen organizado. Pero la enorme superficie y la constante demanda de estupefacientes en Brasil indica que debe combinarse mejor tecnología con personal bien entrenado.

“Obviamente es necesario invertir en tecnología”, puntualizó Piquet. “Pero necesitamos hombres y mujeres entrenados a nivel local para estar ahí cuando se necesiten los recursos”.

Es vital ejercer mejor supervisión y formular reformas contra la corrupción, señaló Piquet: “El gobierno está planeando destinar mucho dinero en equipo, cuando, en mi opinión, el problema es mucho más de integridad, corrupción [y] falta de capacidad operativa.”