Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, enfrenta una nueva era de violencia y criminalidad que deja atrás las estrategias de “pacificación” como respuesta a la criminalidad en las grandes urbes del país. El expresidente, Jair Bolsonaro, prometió darle un giro drástico a la seguridad en el país, flexibilizando los requisitos legales para la compra y porte de armas de fuego y debilitando las sanciones por excesos cometidos por agentes estatales. Esto en uno de los países con los mayores índices de brutalidad y abuso policial en el continente.
Además, las dos pandillas criminales más grandes del país, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV por sus sigas en portugués), que se han involucrado cada vez más en el narcotráfico internacional, así como en tráfico de armas, contrabando y control violento en las cárceles del país, siguen siendo la principal amenaza a nivel nacional. El PCC en particular se ha convertido en una amenaza transnacional, pues ha establecido una base de poder secundaria en el vecino país Paraguay y es responsable de gran parte de la cocaína que fluye de Brasil hacia Europa.
Las milicias, compuestas en su mayoría por policías, son otra fuente de crimen violento, extorsionando barrios enteros y llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales.
El país se posiciona hoy como la principal ruta para el tráfico de cocaína desde las Américas hacia Europa y es la segunda nación en el mundo con mayor consumo interno.
Geografía
| FACTBOX | |
| Tasa de homicidios | 19.7 por cada 100.000 habitantes (2019) |
| Actividades Criminales | Tránsito de drogas, tráfico de personas, extorsión, juegos de azarilegales, secuestro, redes de prostitución |
| Principales grupos criminales | Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC), Comando Rojo (Comando Vermelho), Familia do Norte (FDN), Amigos dos Amigos, milicias |
Brasil es el país más extenso de Suramérica, con una frontera terrestre de 16.000 kilómetros y una costa de 8.000 kilómetros, la cual es estratégica para el envío de cocaína a Europa, África y Asia. Comparte frontera con 10 países de Suramérica, a excepción de Chile y Ecuador. Entre sus vecinos están los tres principales productores de cocaína –Colombia, Perú y Bolivia- y el segundo mayor productor de marihuana en el mundo, -Paraguay-.
Este último país sirve de refugio para criminales brasileños, centro de operaciones para el PCC que ha logrado expandir a este país su modelo criminal, como fuente y punto de tránsito para el tráfico de marihuana y de cocaína proveniente de Bolivia, y como puerta de entrada de armas hacia Brasil.
Historia
Brasil registró un éxodo masivo de población rural hacia los centros urbanos de São Paulo y Río de Janeiro desde los años cincuenta hasta los setenta, lo que llevó al crecimiento de asentamientos informales conocidos como “favelas”. La desigualdad y pobreza focalizada se intensificó y reflejó en estas comunidades que carecían de la presencia del Estado. Esto convirtió a las famosas “favelas” brasileras en caldo de cultivo para la explosión de la delincuencia organizada.
En los años cincuenta, una poderosa mafia criminal comenzó a formarse en torno al “bicho”, o el juego de los animales, un juego de azar ilegal que se hizo muy popular en el país. Los jefes que dirigían el juego acumularon grandes fortunas, lavando el dinero de sus ganancias a través de empresas legales. Participaron en asesinatos a sueldo y en redes de prostitución, sobornando a policías y políticos. El poder de los bicheiros, o jefes los juegos ilegales, llegaría a su cima en los años ochenta, cuando comenzaron a lavar dinero a través del carnaval de Río de Janeiro.
Mientras tanto, entre la fuerte represión estatal y precarización de los centros carcelarios, se empezaban a gestar importantes grupos criminales. De hecho, estos grupos lograron imponerse en las prisiones y solo años después llegaron a conquistar la criminalidad en las calles. Es así como entre los años setenta y noventa, empieza la génesis de las hoy más poderosas estructuras criminales en Brasil, el Comando Vermelho (CV) y el Primerio Comando da Capital (PCC), con fuerte presencia en Río De Janeiro y São Paulo, respectivamente.
Durante los años setenta, con la entrada de grandes cantidades de cocaína a Brasil, comenzaron a surgir vínculos entre los bicheiros, los carteles de la droga, y los traficantes locales. A medida que el mercado mundial de cocaína se disparó en los años ochenta, Brasil atrajo a los más grandes productores de drogas de Suramérica como un centro para el tránsito de las drogas con destino a los mercados de Europa y Estados Unidos. Los carteles colombianos se trasladaron a territorio brasileño, atraídos por su ubicación y la disponibilidad de precursores químicos, traficando la droga hacia el país en forma de base de coca. Comenzaron a instalar laboratorios cerca a los puntos de venta y desembarque hacia los mercados europeos y estadounidenses.
En este contexto, surgen las patrullas ciudadanas integradas en su mayoría por miembros y exmiembros de la policía, conocidos como milicias. Hoy son un importante actor criminal y siguen ganando control y poder en distintas ciudades. Hay quienes se aventuran a aseguran que estos grupos pasaron de ser un problema de Río de Janeiro, a ser una amenaza y preocupación nacional. Operan sus propias empresas criminales, incluyendo esquemas de extorsión y secuestro en por lo menos 11 municipios del área metropolitana del estado de Río.
La tasa nacional de homicidios, que por años se ubicó entre las más altas en el continente y en el mundo, pasó de 30 por cada cien mil habitantes en 2017, la más alta registrada en la historia del país, a 19,7 en 2019. Las regiones con mayores focos de violencia y homicidios continúan siendo el norte y nordeste del país, debido a la guerra y disputa que ha habido entre las organizaciones criminales Primeiro Comando da Capital (PCC) – Comando Vermelho (CV) y sus aliados criminales, Familia do Norte (FDN), Guardiões do Estado y Sindicato do Crime.
Desde que el presidente Jair Bolsonaro llegó al poder en enero de 2019, el país ha experimentado una disminución en los homicidios, aunque el gobierno ha estado plagado de acusaciones de corrupción y vínculos con grupos milicianos, a la vez que los crímenes ambientales han devastado enormes franjas de la Amazonía, cuyos perpetradores aparentemente han disfrutado de una impunidad casi total.
Seguridad
La policía de Brasil se divide en federal y estatal, que incluye a las fuerzas militares y civiles. La Policía Federal se encarga de investigar crímenes internacionales y delitos federales. La Policía Militar es responsable de mantener el orden público en los estados. La Policía Civil maneja las investigaciones penales a nivel estatal.
La policía brasilera ha enfrentado durante mucho tiempo acusaciones de abuso y corrupción, especialmente con relación a la desinformación sobre la ejecución extrajudicial de civiles como actos de legítima defensa.
La controversial medida de “pacificación” de las favelas en Río de Janeiro, implementada desde 2008, es hoy una estrategia en decadencia. Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) se instalaron en las favelas más violentas de la ciudad y lograron por algunos años disminuir los índices de violencia y arrebatar el control territorial a los ilegales. Hoy, si bien algunas cosas mejoraron, las UPP tienen altos índices de desaprobación y cuestionamientos de corrupción y abusos en estas comunidades. La violencia, el narcotráfico y el control de los ilegales, -algunos aseguran en connivencia con agentes de las UPP-, parecen retomar nuevamente el poder.
En los últimos años, especialmente durante la administración del presidente Bolsonaro, la policía ha ejercido una “licencia para matar“, particularmente en Río de Janeiro, donde los asesinatos alcanzaron máximos históricos en 2019 y principios de 2020, aunque cayeron rápidamente a finales de año.
Fuerzas Armadas
Brasil cuenta con 334.500 miembros activos en sus fuerzas armadas, que son las más grandes de América Latina. La función principal de los militares es hacer cumplir el control de fronteras. En virtud del Plan Estratégico de Fronteras, que se inició en 2011 y costó US$6.3 mil millones en ocho años. La expresidenta Dilma Rousseff desplegó miles de tropas para asegurar las fronteras de Brasil; sin embargo, uno de los recurrentes planteamientos de las autoridades fronterizas es la falta de efectivos y lo vulnerable que esto hace a las porosas fronteras.
Judicial
El sistema judicial brasilero es lento, corrupto e ineficaz. En el Informe de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial, Brasil se ubicó en la posición 94 de 144 países en cuanto a independencia judicial. Solo el 6 por ciento de los homicidios anuales en el país son resueltos, según cifras oficiales. Existen tribunales federales y estatales, así como tribunales especializados en materia militar, laboral o electoral. El máximo tribunal del país es el Supremo Tribunal Federal (STF).
Prisiones
Las prisiones brasileras están sobrepobladas y afrontan una inminente crisis. A 2019 el país contaba con aproximadamente 812 mil presos, la tercera población carcelaria más grande del mundo. El modelo está dividido entre prisiones federales y estatales. Desde las cárceles, las distintas organizaciones criminales controlan el tráfico de drogas, cigarrillo y otras economías criminales.
Mientras en São Paulo y por lo menos seis estados más del sur, el PCC tiene fuerte presencia y/o controla la ilegalidad entre rejas, en el norte la fuerte disputa entre la Familia do Norte, el Comando Vermelho, y el PCC, se trasladó también a las cárceles y hoy son grandes campos de batalla. Esta enorme población carcelaria sirve como caldo de cultivo y proliferación del crimen organizado desde estos precarios centros de reclusión.
En 2019 y 2020, el colapso del sistema penitenciario se evidenció por la continuidad de las violentas masacres que ocurren con alarmante regularidad en el sistema penitenciario de Brasil.
Control de Armas
Hoy hay aproximadamente 8,5 millones de armas de fuego ilegales circulando en Brasil. Se presume que alrededor de 3,8 estén en manos de criminales. Entre el armamento de policías, empresas privadas de seguridad y ciudadanos con licencia de porte legal, se registran 6,8 millones de armas.
Se cree que la mayoría de los artefactos en el mercado negro han sido suministrados por la industria legal de armas de Brasil, la segunda más grande en el hemisferio occidental. La amplia disponibilidad de armas ilegales ha contribuido al alto número de muertes por armas en este país, que corresponden al 72 por ciento del total de homicidios. La nueva ley de flexibilización de requisitos para el porte de armas, que el gobierno del presidente Bolsonaro intenta pasar, abriría la puerta para que alrededor de 63 millones de brasileros puedan comprar armas legalmente.
Una nueva ley, firmada por el presidente Bolsonaro en mayo de 2019, relajó las restricciones al porte de armas de fuego, lo que permitirá que unos 63 millones de brasileños compren armas legalmente.
Perspectivas
Hoy el país es la principal ruta de cocaína desde las Américas hacia Europa. Si bien en 2019 se presenció una caída exponencial de homicidios, todo apunta a que esa presunta calma y disminución de violencia obedece más a una pax entre los grupos criminales que a la respuesta del actual gobierno ante la crisis de inseguridad que sigue viviendo la federación.
En 2020, los homicidios aumentaron levemente durante la pandemia por coronavirus, y las regiones norte y noreste del país fueron en gran parte responsables de este aumento. Una guerra territorial entre el CV y el FDN en Manaos dejó como resultado más de 150 muertos solamente entre enero y febrero. La ruptura con las políticas de seguridad previas puede haber influido en el aumento de la tasa de homicidios en ciudades como São Paulo. Sin embargo, el estado de Río de Janeiro tuvo tasas históricamente bajas de asesinatos en 2020.
Por otro lado, la laxitud del gobierno de Jair Bolsonaro respecto al porte de armas y el accionar de las fuerzas del Estado, que cada día registran cifras más escandalosas de violencia y abuso por parte de las autoridades, prometen seguir radicalizando la visión militarista que tiene el actual gobierno para enfrentar las crisis sociales y de criminalidad que afronta la unión.
El PCC ya se encuentra firmemente establecido como una de las principales amenazas criminales de América Latina, después de haberse expandido y establecido su hegemonía criminal en gran parte de Brasil, así como en regiones de Paraguay y en Bolivia. El CV sigue siendo una fuerte amenaza nacional, especialmente en las regiones del norte del país; por su lado, la Familia do Norte no se recuperará fácilmente de los asaltos de los que fue objeto en 2020.
Por último, las milicias, grupos de estilo paramilitar conformados por policías y bomberos retirados y en servicio, han ampliado rápidamente su control territorial y su gobernanza criminal en Brasil, motivados por informes de fuertes vínculos con funcionarios políticos.