Los enfrentamientos entre las fuerzas armadas peruanas y una facción de Sendero Luminoso han dejado más de una docena de muertos en 2023, en un nuevo resurgimiento que hace gala de la persistencia del grupo guerrillero.

Seis personas muertas dejó un infructuoso operativo para capturar al líder de Sendero Luminoso Víctor Quispe Palomino, alias “Camarada José”, entre ellos cinco integrantes del grupo y un soldado, como anunciaron las fuerzas armadas peruanas en un comunicado del 18 de marzo.

El cruce de disparos se produjo cerca de Vizcatán del Ene, población del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), foco cocalero y centro neurálgico de las actividades de Sendero Luminoso.

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En la misma población fue asesinado otro soldado el 13 de marzo cuando una patrulla del ejército fue atacada por miembros del Militarizado Partido Comunista de Perú (MPCP), importante facción de Sendero Luminoso, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

El 12 de febrero, otra emboscada del MPCP en el VRAEM ya había dejado siete policías muertos. El ataque sucedió unos días después de que los guerrilleros derribaran un helicóptero del ejército, que dejó heridos a los dos tripulantes.

“El autodenominado MPCP es la única facción que embosca a las fuerzas armadas y la policía”, le comentó el analista de seguridad peruano Pedro Yaranga a InSight Crime.

Análisis de InSight Crime

Aunque Sendero Luminoso está mucho más debilitado que en los 90, cuando fue señalado de decenas de miles de muertes, estos nuevos ataques demuestran que es muy probable que siga siendo la mayor amenaza para la seguridad nacional de Perú.

El MPCP controla gran parte del VRAEM, una región en la que se cultiva la mayor parte de la coca de Perú, y se produce un gran volumen de cocaína. Este país sigue siendo el segundo mayor productor de cocaína, con una producción estimada que rondó las 785 toneladas en 2021, solo superado por Colombia con 972 toneladas, según la Oficina de la Casa Blanca para la Política de Control Nacional de Narcóticos (ONDCP).

Por lo general, los ciclos de violencia del MPCP han coincidido con la agitación política en Perú. En mayo de 2021, el MPCP masacró a 16 civiles, y se fue dejando panfletos que llamaban a boicotear las próximas elecciones. Y la violencia de febrero y marzo de 2023 sucede en un momento de caos en el país por las protestas contra el gobierno, que dejan ya por lo menos 70 muertos. Con siete presidentes en siete años, muchos de los cuales fueron destituidos por presunta corrupción o vínculos criminales, Perú también ha sido incapaz de organizar una respuesta de seguridad coordinada frente a Sendero Luminoso.

El grupo también ha sobrevivido desafíos internos y externos. Su fundador Abimael Guzmán pidió un acuerdo de paz con el gobierno peruano después de su captura en 1993, pero los combatientes asentados en el VRAEM rechazaron la idea y cortaron lazos con él.

Estos pasaron a denominarse MPCP, mientras que los partidarios de Guzmán fundaron el Movimiento para la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef). Según Yaranga, la Nueva Facción Roja (NFR) se desprendió de los segundos.

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El Sendero Luminoso se ha visto debilitado por el separatismo interno después de las muertes de varios comandantes importantes. Actualmente existen tres disidencias distintas: el MPCP liderado por Quispe Palomino, la NFR, y una tercera facción sin nombre conocido que fue revelada hace poco por el diario peruano La República, citando informes policiales.

El MPCP, comandado por los hermanos Quispe Palomino, Víctor y Jorge, depende del tráfico de cocaína como ingreso criminal, por lo que grava a los cultivadores y presta protección a los cargamentos. Al debilitarse, el grupo ha acrecentado las acciones violentas, en especial desde la muerte del segundo al mando Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl”, a manos del ejército peruano en marzo de 2021.

Las fuerzas de seguridad no son los únicos objetivos del grupo, señala Yaranga y agrega que los civiles también han sido blanco de los ataques.

“Sin duda, esta es la facción más feroz, en cuanto asesina […] a miembros de pequeñas comunidades de la Amazonía bajo su control, si llegan a sospechar que colaboran con las fuerzas armadas o la policía”, explicó.