El hallazgo de una fábrica de municiones clandestina, capaz de fabricar y distribuir miles de balas caseras, muestra cómo la falta de trazabilidad de armas y municiones en Argentina es un talón de Aquiles aprovechado por grupos criminales.

En abril, la policía detuvo a dos hombres que estaban siendo investigados por su participación en un robo que tuvo lugar en Ciudadela, al oeste de Buenos Aires. Durante uno de los arrestos, se registró la residencia de uno de los sospechosos, donde se comprobó que ambos individuos operaban un taller de recarga ilegal capaz de fabricar miles de balas caseras. Los agentes incautaron más de 10.000 cartuchos de munición listos para ser distribuidos, así como diversos materiales, máquinas y herramientas destinadas a la fabricación de municiones artesanales.

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La investigación reveló que estas municiones eran vendidas en el mercado negro a bandas criminales locales, todavía no confirmadas, dedicadas al narcotráfico, que operaban en el partido de La Matanza, en el Gran Buenos Aires.

Debido al mayor coste y dificultad de obtener municiones industriales, las redes criminales ocasionalmente utilizan la recarga de municiones para abastecerse. “Es una forma de compensar la escasez: aunque las balas no tengan la misma calidad que las industriales, su bajo costo permite a estos grupos acceder a una mayor cantidad”, explicó un funcionario argentino especializado en políticas de armas, en una entrevista con InSight Crime. 

Análisis de InSight Crime

La fabricación clandestina de municiones en Argentina es una amenaza creciente, aunque los grupos criminales continúan alimentándose, en mayor medida, del circuito legal, amparados por una trazabilidad deficiente y la corrupción endémica en el país.

El uso de talleres de recarga es una práctica relativamente común en Argentina, especialmente entre los tiradores deportivos, ya que les permite poder seguir disparando a menor coste en comparación con la adquisición de balas nuevas. Sin embargo, esta práctica, si bien podría ser utilizada por los grupos criminales debido a su falta de control y podría permitirles aumentar su capacidad ofensiva, no es el principal método usado para abastecerse de municiones. 

De hecho, en la mayoría de ocasiones los grupos criminales se alimentan directamente del circuito legal, como ha quedado de manifiesto en varios casos, entre ellos en la incautación de las 3.500 balas de origen legal realizada en una operativo policial en Rosario en mayo de 2021.

“Hoy es más fácil para una organización criminal contratar a personas marginales, armarles una carpeta con documentación falsa y obtener permisos legales para comprar municiones en armerías. No necesitan fabricar balas ni conseguir pólvora: compran en blanco, con un cartoncito habilitante y dos billetes”, detalló el funcionario a InSight Crime. “La fabricación clandestina de municiones no es un problema de alta política”, añadió.

Esta dinámica fue confirmada por el fiscal Gastón Ávila, responsable del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego. En unas declaraciones para el medio Suma Política, el fiscal confirmó la existencia de personas encargadas de obtener para grupos criminales armamento de manera habitual gracias a sus vinculaciones familiares, de amistad, y de empleado a empleador.

La corrupción y el escaso control ejercido sobre las diferentes fuerzas de seguridad del país agravarían esta problemática, al abastecer ocasionalmente elementos corruptos de estos cuerpos a grupos criminales con proyectiles mediante desvíos fraudulentos del mismo modo que sucede en otros países de la región. 

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Un claro ejemplo ocurrió en junio de 2024, cuando durante una serie de allanamientos en arsenales y armerías clandestinas en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires las autoridades encontraron diversas cajas de municiones marcadas con una etiqueta roja que indicaba su uso exclusivo por parte de las fuerzas de seguridad. De manera similar, que en el anterior caso mencionado de mayo de 2021, las autoridades arrestaron a tres policías por proveer ilegalmente armas y municiones a bandas criminales.

Si bien es cierto que Argentina tiene una de las tasas de homicidio más bajas de la región, el 57,9% de los homicidios dolosos en 2023 fue realizado con armas de fuego. Este tipo de delito ocurre en paralelo a la escasez de datos fiables sobre el número de armas y municiones en circulación por el territorio.

De acuerdo a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMaC, en 2024 fueron registradas de manera legal 1.884.374 armas frente a las 3 millones que se estiman en circulación en el país. Respecto a las municiones, no existe actualmente ningún tipo de registro ni mecanismo de trazabilidad sobre las propias municiones, dificultando el control sobre el mercado legal que termina alimentando a su contraparte ilegal y que facilita el uso de armas en actos violentos. 

“Se puede realizar trazabilidad de grandes lotes, pero el costo de marcaje de cada munición, aunque se puede hacer, es muy alto y, además, tendría que haber un acuerdo regional”, comentó Pía Devoto, directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP) y experta en control de armas, a InSight Crime.

“Hoy no sabemos cuántas armas ni cuántas municiones hay en Argentina. Y uno no puede gestionar lo que no conoce”, advirtió el funcionario. “Para combatir el desvío, ya sea de armas y  de municiones hace falta fortalecer los controles y eso implica recursos humanos, financieros y tecnológicos y puede que no sea una verdadera prioridad política, como resultado de lo complejo, lo opaco y la falta de claridad en la legislación”, concluyó Pía Devoto.

Imagen principal: Munición incautada durante un operativo policial en Ciudadela, Buenos Aires, el pasado mes de abril. Crédito: Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza.

*Creusa Muñoz contribuyó al reportaje de este artículo.