Daisy Rodríguez ha visto a su esposo, Santos, solo una vez en los últimos dos años. Voló a su país natal, Guatemala, donde pasaron unos días recorriendo lagos y volcanes. Fue hermoso, cuenta. Pero el recuerdo está marcado por el dolor de la separación.

“Cuando estuvimos allá, no se sentía bien”, dijo. “Queríamos estar felices, pero no fue así”.

Ella solo tiene que mirar su brazo para recordar cómo sus vidas se transformaron. Allí, Santos lleva tatuada una gran B sobre una A. Es una pieza inconclusa que, según él, hace referencia a su apodo de infancia: Bau. Pero en su proceso para obtener la visa estadounidense, un funcionario consular rechazó la solicitud de Santos al interpretar que las letras significaban otra cosa: Barrio Azteca, una banda de origen mexicano-estadounidense y antiguo brazo armado del Cartel de Juárez.

Desde inicios del año, casos como el de Santos —migrantes latinoamericanos asociados a pandillas por su tatuajes— han sido noticia debido a las campañas de deportación masiva impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero como lo demuestra el caso de Daisy, el temor a la relación entre crimen organizado y migración ya había comenzado a desequilibrar la balanza entre seguridad y garantías jurídicas mucho antes.

Sentada en el restaurante mexicano que dirige en el pequeño pueblo de Sweetwater, Tennessee, Daisy relató cómo ella y Santos emprendieron un último intento para recuperar el futuro que creían asegurado: una demanda contra el Departamento de Estado y el consulado de Estados Unidos en Guatemala, con la que buscan que la corte obligue a reconsiderar el rechazo de la visa. Alegan que la decisión se basó en una evaluación de mala fe, que las autoridades se negaron a revertir pese a contar con pruebas contundentes.

“Han pasado dos años y medio y nunca pensé que llegaríamos a esto”, dijo. “De verdad creí que iban a decir ‘nos equivocamos con los tatuajes’. Pero aquí estoy”.

Vivir bajo sospecha

Santos acababa de cumplir 18 años cuando huyó, en 2006, de la pobreza, la falta de oportunidades en el área rural de Guatemala y la inestabilidad familiar.

“Solo quería una vida mejor”, contó Daisy.

A él no le gusta hablar sobre su experiencia cruzando la frontera de forma irregular. Y Daisy prefiere no preguntar.

“Creo que le toca una fibra que no le gusta”, dijo. “Y parte de mí prefiere olvidarlo, porque es difícil de oír”.

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Daisy, nacida en California, se mudó a Tennessee desde Illinois cuando era adolescente. Conoció a Santos en 2011, mientras ella trabajaba como mesera en un restaurante y él se dedicaba a la jardinería y la construcción.

Tras algunos años de relación, decidieron mudarse a California. Daisy estudió administración de empresas, mientras Santos trabajaba en cocinas de restaurantes y tomaba clases de inglés. Pero regresaron a Tennessee en 2015, cuando los padres de Daisy se ofrecieron a ayudarles a abrir un restaurante propio.

Fue después de casarse en 2017 que Daisy comenzó a preocuparse por el estatus migratorio de Santos y lo animó a solicitar la residencia permanente, conocida como “Green Card”, en Estados Unidos.

“Empecé a pensar que no quería que estuviera aquí indocumentado, no quería que viviera con miedo. Quería que creciéramos juntos, tener un futuro, sentirnos seguros”, dijo. “Pero resultó ser lo peor que pudimos haber hecho”.

Las autoridades migratorias aprobaron la solicitud de Santos y le autorizaron salir de Estados Unidos para completar el paso final: una entrevista consular en Guatemala.

En la primera entrevista le informaron que faltaba un documento. Le pidieron conseguirlo y pedir una nueva cita. En la siguiente visita, el funcionario le hizo preguntas sobre sus tatuajes y le dijo que volviera para una tercera. Fue ahí cuando su vida empezó a desmoronarse.

Según la declaración jurada de Santos, en la tercera entrevista el funcionario lo interrogó de forma agresiva, aseverando que sabía que era un criminal y que lo mejor era confesar. Su única “prueba” era el tatuaje con las letras BA, y el tiempo que Santos había vivido en California.

“El funcionario dijo que había trabajado en California y conocía todo sobre la banda Barrio Azteca. Le dije que nunca había sido parte de una banda y que no era un criminal. Los funcionarios estaban muy enojados y me gritaban”, relató Santos en su declaración.

Sus protestas no sirvieron de nada. Para los funcionarios consulares, Santos era miembro de Barrio Azteca. Su solicitud fue rechazada.

¿Eres del barrio?

En la primera apelación al rechazo de la visa, Daisy y Santos utilizaron su propia vida como prueba de que él no pertenecía a una banda. Presentaron testimonios sobre su buena conducta, su rol como dueño de restaurante en Tennessee y el origen del tatuaje en su apodo infantil. Pero tras el fracaso, dirigieron sus esfuerzos a demostrar quiénes sí forman parte de Barrio Azteca.

Barrio Azteca surgió en las cárceles de El Paso, Texas, en la década de los 80, y movió sus operaciones al otro lado de la frontera cuando los presos mexicanos fueron deportados tras cumplir sus condenas. En los 2000, el grupo extendió su influencia en la región fronteriza mediante alianzas con redes del narcotráfico en México, sobre todo el Cartel de Juárez.

Las autoridades estadounidenses han reportado la presencia de miembros en otros estados del país, pero la influencia del grupo siempre ha estado centrada en la frontera y el sistema penitenciario.

Daisy y sus abogados reunieron testimonios de tres de los principales expertos en Barrio Azteca en Estados Unidos —provenientes de la policía, el periodismo y la academia—, entre ellos un exdetective del Departamento del Sheriff de El Paso que incluso había capacitado a funcionarios consulares sobre cómo identificar miembros de la banda en procesos migratorios.

Los tres expertos coincidieron: en todos sus años investigando a Barrio Azteca, nunca vieron miembros que no fueran mexicanos o mexicoestadounidenses —Santos es guatemalteco—; ni reclutados fuera de prisión —Santos no tiene antecedentes penales ni ha estado preso—.

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Además, los tatuajes de Santos no coincidían con los símbolos usados comúnmente por Barrio Azteca. Así lo confirma una evaluación de inteligencia sobre los tatuajes del grupo difundida entre agencias estadounidenses poco después de que Santos saliera de Guatemala en 2006. Según ese documento, los miembros suelen usar imágenes aztecas y, aunque podrían tatuarse el número 21 para representar las letras B y A en el alfabeto, es raro que utilicen las letras directamente.

Los expertos fueron tajantes: nunca habían visto un miembro de Barrio Azteca que se pareciera a Santos. Pero no sirvió de nada. La segunda apelación fue rechazada. Y el tiempo para revertir la decisión se agotó.

De las sospechas al fin del debido proceso

La visa de Santos fue negada en virtud de una cláusula que prohíbe el ingreso de personas sobre las cuales un funcionario tenga “motivos razonables para creer” que buscan entrar a Estados Unidos para participar en “actividades ilícitas”. De las 1.833 visas de inmigrantes rechazadas bajo esta disposición entre 2000 y 2024, ninguna persona logró revertir la presunción de inadmisibilidad, según registros del Departamento de Estado.

Aunque la cláusula existe desde hace décadas, su aplicación se disparó en los años 2010, en paralelo con el aumento de la migración desde Centroamérica, explica Eric Lee, presidente y director ejecutivo del Consular Accountability Project, que representa a Daisy y Santos en su demanda.

Muchos de los migrantes huían precisamente de la violencia de bandas, pero creció el temor de que entre ellos vinieran miembros de grupos como la Mara Salvatrucha (MS13) o el Barrio 18, dijo.

“Los consulados desarrollaron una suposición generalizada de que cualquier hombre centroamericano con tatuajes era miembro de una banda”, afirmó.

A diferencia de los casos penales dentro del país, que se basan en criterios establecidos, esta evaluación depende únicamente de la percepción del funcionario.

“Todo estadounidense entiende que no puede ser castigado si no hizo nada malo, y que el gobierno no puede asumir cosas sin notificarle, darle oportunidad de responder y una evaluación justa de las pruebas para demostrar su inocencia”, dijo Lee. “Todo eso desaparece en el proceso consular”.

Aunque este proceso solo aplica a quienes buscan entrar al país, Lee ve una relación directa con lo que él y otros abogados migratorios describen como una suspensión del debido proceso en las deportaciones masivas de supuestos miembros de bandas bajo el gobierno de Trump.

Si bien las evaluaciones de membresía siguen basándose en criterios, las listas que se utilizan permiten llegar a conclusiones con base en tatuajes, publicaciones en redes sociales o vestimenta. Y reportajes mediáticos han mostrado que incluso esas reglas se aplican de forma laxa en algunos casos.

“Desde el gobierno de [Barack] Obama al menos, las administraciones han prejuzgado a migrantes por sus tatuajes, y ahora estamos viendo el costo altísimo de eso con Trump”, dijo Lee.

Un vocero del Departamento de Estado dijo que no emiten comentarios sobre litigios en curso. La embajada de Estados Unidos en Guatemala no respondió a la solicitud de InSight Crime para comentar sobre el caso de Daisy.

Motivos para creer

Desde hace dos años, Santos está de vuelta en el campo guatemalteco, atrapado en un mundo que Daisy apenas puede imaginar, mientras ella intenta seguir con su vida sola en Tennessee. Con su último recurso legal presentado en medio de un contexto de detenciones masivas, deportaciones y militarización de la frontera, todo bajo el argumento de combatir las bandas criminales, sus esperanzas de reencontrarse se desvanecen.

“Una parte de mí cree que va a funcionar, es la única esperanza a la que me aferro. Pero con todo lo que está pasando, la mayoría de estadounidenses quería esto, votaron por esto, entonces ¿quién va a preocuparse por mi situación? ¿Quién se va a preocupar por mí?”, dijo.

En medio de la incertidumbre y la ansiedad, también carga con la culpa de haber impulsado la separación al pedirle a Santos que siguiera las reglas.

“Pensé que estábamos haciendo lo correcto”, dijo. “Pensé que un tatuaje no podía tener más peso que un historial limpio, o tu vida, tus actividades, tu familia, tu negocio. Pero bastó con ‘tenemos motivos para creer’, y eso fue suficiente”.