Información reciente, publicada en un articulo del diario estadounidense The New York Times, pone en duda el compromiso de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico.

Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, en Agosto del 2010, uno de los temas prioritarios ha sido la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces, ambos países han reiterado este compromiso, con algunos logros en la materia.
Sin embargo, el articulo señala que el estado de Apure, se ha convertido en un “centro de tránsito para el movimiento de cocaína a los Estados Unidos”.

“Un mapa con las pistas de vuelo, realizado por una fuerza de tarea del gobierno de Estados Unidos, usando información de radares de largo alcance, evidencian el punto eloquentemente: una gruesa maraña de líneas, representando los vuelos de droga, se origina en Apure, en la frontera de Venezuela con Colombia; se dirige al norte hacia el Caribe; y después gira bruscamente a la izquierda hacia Centroamérica. Desde allí, las drogas se mueven hacia el norte por los traficantes que están establecidos en México”.

En Apuré, el narcotráfico se lleva a cabo con el pleno conocimiento de las autoridades locales.

“Una remota pista de aterrizaje, que el gobierno dijo haber inhabilitado en una incursión militar reciente, parece estar nuevamente en uso. Los restos de dos avionetas incendiadas por el ejército fueron despejados. Los traficantes que trabajan con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que opera con una sorprendente libertad de este lado de la frontera, parece haber recuperado la pista para continuar con sus vuelos, transportando cocaína colombiana hacia los Estados Unidos. No había señales de que los soldados hubieran destruido la pista o de que hubieran tomado otras medidas para prevenir que fuera usada nuevamente”.

Hacer una pista, según el New York Times, no toma mayor esfuerzo que tirar el tronco de un árbol con una camioneta durante unas horas para aplanar el terreno.

“Uno puede volar acá una pista y no importa,” dice un residente parado al lado de un crater de ocho pies de profundo que los soldados habian hecho al volar una pista cerca del Río Cinaruco donde la sabana se extiende por millas. “Ellos pueden hacer otro justo al lado”.

Significativamente, los residentes también expresaron al New York Times el miedo y desconfianza que sienten hacia las autoridades gubernamentales.

La mayoría dijo creer que los funcionarios locales y los soldados estaban aliados con los traficantes y que pasar información sobre las actividades de los traficantes podría resultar en represalias. “Todos sabíamos lo que estaba pasando, pero nadie decía nada”, dijo un hombre sobre los contrabandistas que han usado la pista de aterrizaje local. “¿Qué podíamos hacer al respecto? El que debería estar haciendo algo es el gobierno. Ellos deberían estar constantemente patrullando la zona”.

Las acusaciones de tolerancia entre las autoridades y los narcotraficantes no son nuevas. En una entrevista con el canal Univisión, el narcotraficante Walid Makled, detenido en una cárcel de máxima seguridad en Colombia, dijo que “sobornó” a altos funcionarios del gobierno venezolano para obtener contratos oficiales para sus empresas y que tenía una nómina de militares a quienes pagaba para obtener sus “favores”, según información del diario El Universal.

Al igual que esta declaración, Makled ha reiterado la participación de altos militares en el narcotráfico, y ha asegurado que tiene videos comprometedores que demuestran la participación de miembros del gobierno de Chávez en el narcotráfico. Asimismo, ha dicho que hasta seis vuelos de droga al día salieron del estado fronterizo de Apure, llevando cocaína a Honduras, desde donde era enviada a México y los Estados Unidos. Insistió que había laboratorios de droga en Apure y Maracaibo, y que eran “custodiados por el gobierno”, de acuerdo con información publicada por InSight Crime.

Según el diario ABC, entre 2000 y 2006, Makled estableció una red que recogía la droga de las FARC a través de las fronteras con los estados venezolanos de Apure y Táchira (sus gobernadores, Luis Aguilarte y Blanco de la Cruz, respectivamente, amparaban las operaciones) y era transportada hasta la ciudad de Valencia, para ser embarcada en Puerto Cabello (todo ello en el estado de Carabobo, cuyo gobernador, Luis Felipe Acosta, también daba protección).

El grupo de narcotraficantes, conocido como el Cartel de los Soles, es otro de estos ejemplos. Su nombre proviene de las insignias de los uniformes militares. Este grupo está compuesto por altos oficiales de la Guardia Nacional y tiene profundos vínculos con el narcotráfico. De acuerdo con declaraciones de Eladio Aponte, un ex juez de la Corte Suprema de Justicia, algunos oficiales del ejército venezolano han protegido y transportado cargamentos de cocaína. 

Al parecer, el Presidente Hugo Chávez ha tenido conocimiento de vínculos entre funcionarios de su gobierno y el narcotráfico, pero éste nunca ha abierto una investigación. En el 2007, por ejemplo, el entonces ministro de defensa, Raúl Baduel, informó a Chávez que existían “suficientes elementos que vinculan” al General Henry Rangel, actual ministro de defensa, con un caso de narcotráfico: un cargamento de 2,2 toneladas de cocaína, procedente de las FARC, se había guardado en un cuartel del ejército de una zona fronteriza con Colombia y era transportado por un convoy militar cuando fue interceptado, según información del diario ABC. En este hecho, Aponte dijo que Chávez le pidió que tapara lo que se pudiera del caso.

Por otro lado, Apure no es el único lugar en Venezuela en el que se ha reportado la presencia de narcotraficantes.  Los estados de frontera como Táchira y Zulia, también han registrado la presencia de organizaciones criminales trasnacionales tanto de Urabeños como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), todas con base en Colombia. Y la alianza entre los Zetas y los Rastrojos usa el puerto de Maracaibo y pistas de aterrizaje en Zulia, según un reporte de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Hay hechos que demuestran que la lucha contra el narcotráfico en Venezuela ha dado resultado: aviones recuperados, cocaína incautada, capturas de narcotraficantes, pistas de aterrizaje destruidas, entre otros. Sin embargo, hay señales crecientes que muestran que Venezuela está siendo tolerante y permisivo con el tráfico de drogas en su territorio. Estos golpes al narcotráfico parecen ser más bien una cortina de humo que cubre una situación más delicada en Venezuela: oficiales del gobierno de Chávez participando en la actividad, bien sea directamente o por consentimiento, y la injerencia de la presidencia en asuntos judiciales, con el fin de manipular los procesos en beneficio de los narcotraficantes o funcionarios del gobierno involucrados. El gobierno venezolano parece no tener la voluntad política de combatir el narcotráfico a fondo y en todos los niveles. Ligado a esto, está el grave problema de la corrupción que al parecer se maneja en las altas esferas del gobierno del Presidente Chávez.