La combinación de la salida del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro del poder y la presión militar estadounidense ha alterado el ecosistema criminal en Venezuela, poniendo en tensión a las guerrillas colombianas del ELN y las disidencias de las FARC que durante años se beneficiaron de su cercanía con el chavismo y ahora enfrentan la posibilidad de un repliegue hacia Colombia.

Dentro de la lista de organizaciones armadas no estatales que controlan parte del narcotráfico en Venezuela, se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla marxista-leninista de origen colombiano que ha emprendido un proceso de expansión y consolidación en suelo venezolano en connivencia con elementos militares y políticos locales. Junto con el ELN, también se encuentran facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes heredaron parte de los negocios de sus antecesores en armas.

Aunque la presidenta interina Delcy Rodríguez aún no se ha pronunciado sobre la presencia de guerrillas en Venezuela o las posibles acciones militares que pueda tomar en contra de estos grupos, Washington ha solicitado al nuevo gobierno venezolano resultados concretos contra los grupos criminales que controlan el narcotráfico en el país.

La decisión de los guerrilleros de quedarse o marcharse depende en gran medida de si el gobierno venezolano cede a las demandas estadounidenses o, por el contrario, refuerza sus relaciones con estos grupos, que han sido una parte importante para el sostenimiento del régimen en el poder.

¿Una ofensiva estatal en Venezuela?

Estados Unidos espera que el nuevo gobierno venezolano se convierta en un aliado en la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales vinculados a esta economía ilícita. Sin embargo, los vínculos financieros y operativos que el régimen mantiene con las guerrillas colombianas amenazan con frustrar esas expectativas.

Para Washington, el ELN es más que un grupo rebelde: es un actor central del narcotráfico regional y una organización designada como terrorista extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO) desde 1997. En octubre de 2025, el secretario de Defensa estadounidense vinculó al ELN con una embarcación que presuntamente transportaba cocaína en el Caribe y que fue destruida en un ataque aéreo del ejército de Estados Unidos, en el que murieron tres personas.

Esta caracterización ha venido acompañada de múltiples reportes del Congreso, del Departamento de Estado y de procesos judiciales en Estados Unidos que han documentado la participación activa de integrantes del ELN en el narcotráfico. 

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Más allá del tráfico de drogas, el ELN también puede representar un potencial riesgo para los intereses petroleros de Estados Unidos en Venezuela. 

Tras la captura de Maduro, el presidente Donald Trump ha dejado claro que busca un papel activo de Estados Unidos en la industria petrolera venezolana y ha promovido la idea de que las grandes petroleras inviertan al menos US$100.000 millones para revitalizar y reconstruir la infraestructura energética deteriorada de Venezuela.

Pero los planes empresariales de Trump para Venezuela podrían verse comprometidos por el ELN. El grupo tiene un historial de atacar infraestructuras petroleras en Colombia, tanto para financiarse como para ejercer presión política sobre el Estado colombiano y las empresas asociadas. Si empresas extranjeras comienzan a operar en estados con presencia del ELN, como la región del Lago de Maracaibo o la faja petrolífera del Orinoco, el grupo podría aplicar allí el mismo enfoque.

Académicos e investigadores consultados por InSight Crime coinciden en que el régimen venezolano tiene más que perder si decide confrontar abiertamente al ELN, incluso bajo la presión de Washington. La relación entre la guerrilla y sectores del Estado venezolano ha sido, durante años, de carácter simbiótico, lo que significa que cualquier cambio en uno también afecta al otro.

“Que la misma Fuerza Armada o la Guardia se enfrenten a una organización criminal con la cual mantienen ciertas relaciones económicas lo veo difícil, al menos en el corto plazo”, explicó Elizabeth Dickinson, subdirectora de América Latina para Crisis Group.

Desde mediados de agosto, InSight Crime ha reportado al menos cuatro operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dirigidas a estructuras del ELN en estados fronterizos como Zulia y Amazonas. Aunque las operaciones incautaron panfletos, uniformes y armas antiguas, tuvieron un impacto mínimo en las operaciones del ELN y no se registraron arrestos. Más que afectar de verdad a los guerrilleros, estas acciones han servido más como herramienta de propaganda en los esfuerzos del gobierno contra el crimen. 

Y el historial del gobierno venezolano contra los grupos guerrilleros genera dudas sobre si estas acciones serían realmente efectivas. Entre 2020 y 2021, durante los combates en Apure contra disidentes del 10º Frente de las FARC, el ejército venezolano sufrió derrotas significativas.

Atacar al ELN, que está más profundamente incrustado con el gobierno venezolano que otras facciones armadas, implica un riesgo mucho mayor y podría arrastrar a Venezuela a un conflicto armado interno similar al de Colombia. 

Retirada del ELN y las disidencias

Mientras los nuevos líderes de Venezuela barajan opciones militares y políticas, los reportes de prensa, informes de inteligencia y fuentes con las que InSight Crime ha dialogado confirmaron el movimiento de tropas y comandantes del ELN desde Venezuela hacia la región fronteriza, una jugada que podría conducir a que el grupo acumule todavía mayor control territorial sobre el límite binacional colombo-venezolano. 

Tras la operación militar de Estados Unidos que derivó en el arresto y la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero, informes de inteligencia colombianos citados en prensa señalaron que varios comandantes del ELN y de las disidencias de las FARC con presencia en Venezuela comenzaron a replegarse hacia territorio colombiano como respuesta preventiva ante el nuevo escenario político.

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Parte de esta información fue confirmada por Fritz Sánchez, periodista venezolano que cubre la región amazónica, quien aseguró en su cuenta de X que integrantes de las disidencias de las FARC se retiraron del municipio de Cedeño, en el estado Bolívar.

En conversación con InSight Crime, Sánchez explicó que “las disidencias se retiraron a raíz del tema de la extracción de Maduro, mientras que el ELN permanece, pero de una forma más discreta. Se ha replegado o se ha hecho menos visible, a la espera de cómo evoluciona el panorama político en el país”.

No obstante, académicos, periodistas e investigadores advierten que este repliegue operativo no comenzó tras la caída de Maduro, sino que se venía gestando desde semanas atrás. Entre el 14 y el 17 de diciembre, el ELN decretó un “paro armado” en protesta por lo que calificó como injerencia militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Durante ese período, las comunidades en territorios bajo influencia guerrillera enfrentaron restricciones de movilidad y amenazas contra cualquier tipo de relacionamiento con otros actores armados.

De acuerdo con investigadores y analistas consultados, el paro armado también fue utilizado como cobertura para un reacomodamiento de mandos y combatientes en la frontera colombo-venezolana. En paralelo, desde diciembre de 2025, el ELN habría enviado altos mandos con experiencia militar a zonas estratégicas del Catatumbo, con el objetivo de asegurar el control territorial de esta región clave y anticiparse a eventuales disputas con otros actores armados.

“En los últimos meses, para el ELN se ha vuelto más urgente y prioritario consolidar su control en la frontera, así como reducir el riesgo de que otros actores ocupen posiciones estratégicas que puedan comprometer su dominio territorial y sus economías criminales”, explicó Dickinson a InSight Crime.

La frontera colombo-venezolana ha sido durante años el principal bastión estratégico del ELN, clave para su financiamiento, su proyecto político-militar y su supervivencia. Hoy, ese mismo espacio se perfila como un foco de interés para Estados Unidos, un cambio que podría intensificar la presión sobre la guerrilla y desafiar su control en el área.

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Los presidentes de Colombia y Estados Unidos, por medio de una conversación telefónica el pasado 7 de enero, realizaron un acuerdo verbal de cooperación en seguridad y narcotráfico, con un enfoque particular en una ofensiva conjunta contra las operaciones del ELN en la frontera binacional. El alineamiento fue confirmado por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en Washington.

Por medio de una publicación en la red social X el 13 de enero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un aviso a la guerrilla del ELN sobre las consecuencias que podría enfrentar si no renuncia a las rentas ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal que controla desde Venezuela.

“Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar”, puntualizó Petro en su mensaje.

Mientras tanto, el ELN no ha detenido la ofensiva militar contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo, una región fronteriza clave que desde comienzos de 2025 se ha convertido en escenario de una disputa por el control de uno de los enclaves de narcotráfico más importantes de la región.

El regreso de los guerrilleros a su tierra natal no les asegura tranquilidad. Al otro lado de la frontera, tendrán más enemigos criminales, un gobierno adverso y la ausencia de un Estado complaciente con sus actividades ilegales.