Tras un esperanzador descenso en los incidentes con minas antipersona, Colombia enfrenta nuevamente el espectro de la siembra de explosivos.
Una situación que resultó evidentemente dolorosa a finales de enero, cuando el ejército incautó más de 2.600 artefactos explosivos improvisados, incluyendo minas que pertenecían al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Tibú, en la región del Catatumbo. Pocos días antes, las autoridades habían incautado allí mismo 300 minas de las disidencias de las FARC. Caminos, veredas y fincas son intransitables en la zona.
El aumento en acciones de desminado, incautaciones de minas antipersona y las sospechas de campos minados reportadas por las autoridades colombianas en 2024, evidencian que, a pesar de la disminución histórica de minas desde el Acuerdo de Paz en 2016, los grupos criminales del país siguen usando estos artefactos en sus disputas territoriales.
A lo largo de 2024, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia reportó 998 incidentes relacionados con minas antipersonales (MAP) y municiones sin explotar (MUSE), que incluyen actividades de desminado, reportes sobre la sospecha de campos minados y la incautación de estos artefactos, que en su mayoría son de fabricación artesanal.
Las cifras suponen un incremento de más del 11% en comparación con el año anterior, cuando se reportaron un total de 896 incidentes, siguiendo una tendencia al alza que va desde 2021, cuando se presentaron 316 incidentes, y 2022, año en que se dieron 412. Expertos consultados por InSight Crime coinciden en que es difícil identificar una sola causa que explique este aumento.
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El 94% de los incidentes reportados corresponden a operaciones de desminado. Un mayor número de operativos militares en zonas estratégicas y más accesibilidad a áreas minadas durante el conflicto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado antes de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, explican una cantidad indeterminada de estos eventos. Sin embargo, otras zonas siguen siendo inaccesibles para las operaciones de desminado militares y humanitarias debido al control de actores armados sobre el territorio.
En Cauca y Nariño, las cifras superaron por primera vez a las registradas tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016: 58 y 69 incidentes, respectivamente, ese mismo año. Esta tendencia también se ha observado en otros departamentos con menor incidencia, como Guaviare, Casanare, Bolívar y Cesar.
Aunque Colombia firmó la Convención sobre la prohibición y destrucción de MAP —el Tratado de Ottawa, en 1997— no fue hasta 2016 cuando el mayor grupo guerrillero y empleador de esta táctica militar, las FARC, se comprometió a facilitar las acciones de desminado luego de su desmovilización.
“La afectación en los últimos años después del Acuerdo de Paz había bajado drásticamente. Ahora hemos recuperado cifras que se daban a inicios del Acuerdo, con el agravante adicional de que, hoy en día, la accidentalidad afecta más a los civiles que a los militares”, denunció Camilo Serna, director de la ONG Campaña Colombiana Contra Minas, en conversación con InSight Crime.
A continuación, las tres principales razones por las cuales las minas antipersona han vuelto a proliferar:
1. Las disputas criminales propician la resiembra de MAP
La presión militar y las constantes disputas por controlar territorios estratégicos en un escenario cada vez más fragmentado, han llevado a algunos grupos armados a sembrar minas nuevamente.
En Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, las autoridades reportaron 101 incidentes, la mayoría en los municipios de Arauquita y Puerto Rondón, donde tienen presencia el Frente de Guerra Oriental del ELN y los Frentes 10 y 28 de las disidencias de las FARC. En Cauca y Nariño, departamentos clave para el cultivo de coca, producción de cocaína y corredores de narcotráfico hacia el vecino Ecuador, se dieron 142 y 318 incidentes respectivamente, la gran mayoría de ellos en los municipios de Argelia y Tumaco. Allí, facciones disidentes de las FARC enfrentadas entre sí, así como el ELN, luchan por controlar estas economías ilegales.
“En la actualidad los grupos armados se están enfrentando y utilizan esas minas entre ellos mismos. Ya no es un uso táctico como lo fue, en su momento, para afectar a las tropas [de la fuerza pública] que pasaban por un camino ”, dijo Serna.
En territorios clave como la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde desde principios de enero se enfrentan el Frente de Guerra Nororiental del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, el uso de estos artefactos se ve acompañado por la imposibilidad que tienen las autoridades de realizar operaciones de desminado desde hace años. De acuerdo con el procurador delegado para el seguimiento del Acuerdo de Paz, Javier Sarmiento, quien ha estado haciendo seguimiento a la crisis humanitaria en el Catatumbo, la presencia de MAP en la región imposibilita el retorno seguro de más de 50.000 personas desplazadas.
En otros departamentos estratégicos para las economías criminales —como Chocó, Cauca y Arauca— una mayor presencia militar y, en consecuencia, operaciones de desminado e incautación, suponen más uso de artefactos explosivos por parte de los grupos armados para defenderse de los operativos.
2. La fragmentación de las disidencias de las FARC
En 2024, las autoridades colombianas atribuyeron al conjunto de las múltiples disidencias de las FARC un total de 618 incidentes. Estas cifras, junto con las de 2023 —cuando se registraron 638 incidentes—, son las más altas desde el Acuerdo de Paz: en ningún año anterior se les había atribuido más de 222 incidentes.
La fragmentación de las disidencias, que desde 2019 se agrupaban entre el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, pero que continúan dividiéndose y disputándose territorios, alimenta enfrentamientos que se caracterizan por el uso de las mismas tácticas. El ELN, tradicional empleador de MAP, fue responsable de 164 de los incidentes registrados en 2024.
Además del ELN y las fragmentadas disidencias de las FARC, otros grupos armados fueron responsables de 47 de los incidentes registrados en 2024, la cifra más alta en el registro de esta categoría. Entre ellos, las acciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), caracterizadas por otros métodos de coacción y control del territorio basados en la fuerza armada directa, ponen de manifiesto la transferencia de conocimientos. Tras la desmovilización de las FARC, algunos antiguos miembros de la guerrilla fueron reclutados por las AGC, incorporando nuevas tácticas a su accionar militar.
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De hecho, los territorios en disputa —donde el ELN, las disidencias de las FARC y las AGC luchan por el control— son el escenario principal de la resiembra en el país.
3. La fabricación artesanal de las minas
Las MAP de fabricación artesanal pueden construirse con diversos materiales asequibles, algunos de los cuales son cada vez más resistentes. Innovaciones tecnológicas como el uso de tubos de PVC aumentaron su vida útil al proteger de manera más eficaz los sistemas de ignición en su interior, que pueden incluir dispositivos electrónicos o mecanismos de presión más sofisticados.
“Ya es muy difícil de controlar porque el grupo de personas y el número de grupos armados que saben cómo construir un artefacto explosivo improvisado activado por un tercero o una mina activada por la víctima, es muy grande”, explicó a InSight Crime un experto en MAP que pidió no ser identificado por motivos de seguridad.
En resumen, los enfrentamientos entre grupos armados en un escenario cada vez más fragmentado, sumado a la transferencia de conocimientos entre grupos ligados a las exFARC y las facilidades para fabricar estos artefactos, impiden cumplir con los objetivos de desminado en Colombia.
*Daniel Cohecha contribuyó a la elaboración de este artículo.
