La guerra criminal en el noreste de Colombia ha entrado en una nueva fase de violencia por cuenta de los intensos combates entre dos grupos guerrilleros colombianos en la región del Catatumbo, un importante centro de producción de cocaína y foco de delincuencia en la frontera con Venezuela.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una ofensiva a gran escala en contra de las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y reavivó una guerra territorial en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Reportes desde la zona describen enfrentamientos en los municipios de Teorama, El Tarra, Convención y Tibú, entre otros. Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos 80 personas han muerto, entre ellas siete desmovilizados de las FARC, y unos 11.000 habitantes han sido desplazados de sus hogares.

La región del Catatumbo, que comprende 11 municipios de Norte de Santander, es una zona estratégica para la guerrilla colombiana. Con casi 44.000 hectáreas de cultivos de coca —la mayor parte concentrados en el municipio de Tibú—, es una importante ruta de tráfico de cocaína hacia la vecina Venezuela, país que durante mucho tiempo ha sido santuario de los rebeldes colombianos.

La región alberga a varios grupos armados que se disputan el control del lucrativo tráfico y las rutas de la droga. Entre ellos están el Frente de Guerra Nororiental (FGNO) del ELN, uno de los principales actores criminales que operan a ambos lados de la frontera, y el Frente 33, que forma parte del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), una coalición de facciones disidentes de las FARC liderada por Alexander Díaz, alias “Calarcá Córdoba”, que hoy mantiene negociaciones de paz con el gobierno colombiano.

Una guerra anunciada

Las tensiones entre el ELN y el Frente 33 han ido en aumento desde que ambos grupos llegaron a un acuerdo de no agresión tácito en 2022, estableciendo límites para sus áreas de influencia y control de economías criminales, como la venta de base de coca.

En abril de 2023, defensores de derechos humanos, residentes de la zona y funcionarios de cooperación internacional le dijeron a InSight Crime que esta “paz” incómoda era frágil y podía colapsar en cualquier momento. El ELN y el Frente 33 disfrutaron de un respiro en las operaciones militares durante la mayor parte de 2024, gracias a los ceses al fuego negociados con el gobierno como parte de la política de Paz Total, que busca negociar la paz con los principales grupos armados del país. Pero, según varios residentes que hablaron con InSight Crime de forma anónima porque temían por su seguridad, ambos grupos los usaron como fachada para atrincherarse aún más en las comunidades bajo su control.

Una alerta de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en noviembre de 2024, hizo eco de estas preocupaciones al afirmar que los grupos estaban restringiendo cada vez más la ayuda humanitaria, llevando a cabo homicidios selectivos, secuestros y reclutamiento de menores, al tiempo que distribuían propaganda. El informe también advertía que las tensiones estaban a punto de alcanzar un punto de ruptura.

Hasta que el 16 de enero estalló la violencia.

“Lamentamos informarle a la comunidad del Catatumbo que el ELN ha tomado la decisión de atacar a todas nuestras unidades”, afirmó Andrey Avendaño, comandante del Frente 33, en un mensaje de audio compartido a través de las redes sociales. “Han matado civiles, gente desarmada, han querido sacar las familias, los familiares de los guerrilleros, de la gente nuestra, mujeres, niños, gente que estaba totalmente indefensa.”

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El móvil de los atentados sigue sin estar claro, pero el asesinato de Miguel Ángel López, Zulay Durán y su bebé —una familia propietaria de una funeraria en Tibú— se produjo justo un día antes de que estallaran los combates. Los propietarios de funerarias desempeñan un papel delicado en el Catatumbo, ya que, a menudo, se encargan de recuperar y manipular cadáveres en zonas remotas donde la presencia del gobierno es mínima.

En un comunicado de prensa, el Frente de Guerra Nororiental del ELN acusó a miembros del Frente 33 de haber asesinado a esta familia, y afirmó que los ataques eran una retaliación por sus muertes y otras agresiones territoriales. Sin embargo, un informe de inteligencia del gobierno, citado por varios medios de comunicación colombianos y respaldado por las fuentes de InSight Crime en el terreno, sugiere que el ELN era responsable de asesinar a López. Supuestamente, el funerario habría recuperado cadáveres de combatientes del Frente 33, contraviniendo las órdenes del ELN de no hacerlo.

El ELN mueve sus fichas

Luego de los hechos del 16 de enero y la escalada de violencia que se produjo, es evidente que el ELN está haciendo un movimiento para aumentar su control sobre la frontera con Venezuela con el objetivo de consolidar una de sus posiciones más fuertes en el país.

Desde la desmovilización de las FARC en 2016, el ELN no ha dejado de ampliar y consolidar su poder en Venezuela y en los departamentos fronterizos colombianos de La Guajira, Arauca, Vichada y Norte de Santander. En el Catatumbo, esta guerrilla se había impuesto sobre la mayoría de sus competidores. Combatió al Ejército de Liberación Popular (EPL) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) entre 2018 y 2022, desplazando al EPL de sus bastiones. Y aunque los informes sugieren que el EPL ha resurgido, carece de la capacidad para volver a desafiar al ELN. Mientras tanto, los intentos de las AGC de ampliar su presencia fuera del área metropolitana de Cúcuta han fracasado.

El único obstáculo que le queda al ELN es el Frente 33, que mantiene una fuerte presencia en Tibú, en la frontera con Venezuela. La guerrilla acusó al Frente de asesinar a civiles y le había advertido a la comunidad local que los enfrentamientos eran inminentes.

“La región del Catatumbo conoce bien que habíamos advertido que si el Frente 33 de las ex-Farc continuaba atentando contra la vida de la población e incumpliendo compromisos no quedaba otra salida que la confrontación armada,” aseguró un comunicado del grupo.

En otro comunicado, publicado días después de que comenzaran las matanzas, el ELN acusó al Frente 33 y a los miembros desmovilizados de las FARC de trabajar con el gobierno, un señalamiento que ya habían usado para justificar la violencia contra los civiles.

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El reciente aumento de la violencia se produce días después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro, un viejo aliado del ELN, se instalara por otros seis años en el poder tras unas elecciones que han sido ampliamente cuestionadas. La ofensiva también tiene lugar cuando el mercado de la coca en el Catatumbo se ha convertido en uno de los más lucrativos de Colombia. Durante 2023, el mercado colombiano de la coca alcanzó una cifra récord, con potencial para producir más de 2,000 toneladas de cocaína al año. Al ser una de las mayores zonas de producción del país, el Catatumbo es una mina de oro para el ELN, que cuenta con la infraestructura y la capacidad necesarias para mover cargamentos hacia Venezuela.

“Tienen la estrategia, el dinero y la experiencia para consolidarse”, aseguró un miembro de la comunidad que habló con InSight Crime de forma anónima por motivos de seguridad.

Un clavo en el ataúd para la paz total 

En respuesta a los enfrentamientos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció la suspensión de las negociaciones de paz con el ELN, condenó los ataques del grupo en el Catatumbo como “crímenes de guerra” y acusó a esta guerrilla de carecer de cualquier compromiso para alcanzar la paz.

El futuro de las negociaciones ya se había puesto en duda después de que el ELN atacara una base militar en Arauca, en agosto de 2024, lo que llevó al gobierno a suspender las conversaciones. Aunque las delegaciones del ELN y el gobierno las reanudaron en noviembre y acordaron reunirse de nuevo en febrero, es probable que los combates en el Catatumbo hayan acabado con las posibilidades de cualquier acuerdo de paz con el grupo.

“Lo que hemos visto no es un incidente aislado, sino una decisión clara y deliberada de apoderarse de una región, sin contemplar ningún respeto por la población civil”, declaró Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz de Colombia, en una entrevista radiofónica.

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Y aunque el ELN está bien posicionado a lo largo de la frontera con Venezuela, sus otros frentes enfrentan importantes retos, lo que podría explicar el empeño que tienen por mostrar su dominio. Consolidarse en el Catatumbo podría ser su única opción para establecerse como actor principal en una zona clave para sus actividades ilícitas.

En el departamento de Chocó, en el Pacífico, el Frente de Guerra Oriental (FGO) del ELN ha estado en conflicto con las AGC desde 2018. Mientras tanto, en el sur de Bolívar y el noreste de Antioquia, el ELN también está perdiendo terreno en su lucha por el control del territorio frente a las AGC. Para responder a estos reveses, el grupo formó una frágil alianza con disidentes de las FARC en esta parte de Colombia con el fin de defenderse de la expansión cada vez más agresiva de las AGC.

Esta nueva ola de violencia plantea interrogantes sobre la estabilidad de las alianzas del ELN. Aunque es posible que la violencia en el Catatumbo no se extienda necesariamente a otras regiones, las facciones de las disidencias FARC aliadas con el ELN en el sur de Bolívar forman parte del mismo grupo de disidentes que los del Frente 33 en el Catatumbo, liderado por Calarcá. En consecuencia, los combates en el Catatumbo podrían afectar a otras regiones en las que el ELN y las ex-FARC son aliados.

*Alicia Flórez colaboró en la elaboración de este artículo.