Las autoridades de México trasladaron a un número sin precedentes de infames narcotraficantes buscados en Estados Unidos en una medida que probablemente no transforme significativamente el panorama criminal del país, aunque plantea algunos interrogantes sobre la separación de poderes en México.

El 27 de febrero, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México anunciaron que habían enviado a Estados Unidos a 29 personas buscadas por delitos relacionados con el crimen organizado, como el narcotráfico. La medida coincidió con conversaciones de alto nivel en Washington D. C. entre funcionarios de ambos países, destinadas a abordar preocupaciones bilaterales en materia de seguridad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (United States Department of Justice, DOJ) confirmó los traslados en un comunicado de prensa.

“Enjuiciaremos a estos delincuentes con todo el peso de la ley en honor a los valientes agentes de la ley que han dedicado sus carreras y, en algunos casos, han dado sus vidas a proteger a personas inocentes del flagelo de los carteles violentos”, dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, en el comunicado.

Para poner esto en perspectiva, México extraditó a Estados Unidos en promedio unos 65 criminales buscados entre 2019 y 2023, según los datos a los que tuvo acceso Reuters. En otras palabras, el gobierno mexicano trasladó en un solo día a casi la mitad de todos los sospechosos buscados que suele enviar al otro lado de la frontera en todo un año.

La lista parecía un quién es quién de los líderes del crimen organizado más notorios del país. A la cabeza estaba Rafael Caro Quintero, el exlíder del Cartel de Guadalajara y el llamado “Narco de los narcos”, que se convirtió en una espina constante para las autoridades estadounidenses al evitar la extradición durante 40 años luego de asesinar a Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA, en 1985.

Otro de los nombres de la lista eran los hermanos Treviño Morales, Miguel y Omar, conocidos como “Z40” y “Z42”, respectivamente. Dirigían a los despiadados Zetas, una fuerza paramilitar que se separó de sus progenitores, el Cartel del Golfo, y aterrorizó a México durante la década de 2010. Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exlíder del Cartel de Juárez y hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, también fueron trasladados.

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Sin embargo, no todos los enviados a Estados Unidos habían estado tan alejados del panorama criminal de México. Las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron a José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito”, el 19 de febrero en Culiacán, Sinaloa. Fue jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa.

Y Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, y hermano del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue arrestado en 2022 por ayudar a dirigir el grupo junto a su hermano.

Análisis de InSight Crime

Los traslados masivos son, sin duda, históricos, pero es poco probable que alteren drásticamente la naturaleza del panorama del crimen organizado en México.

Incluso desde que obtuvo la libertad en 2013, Caro Quintero había permanecido en gran medida a las sombras en medio de acusaciones que le adjudicaban la colaboración con el Cartel de Caborca hasta su captura en julio de 2022. Su arresto se produjo en respuesta a la creciente presión de Estados Unidos en ese momento, y su traslado puede ahora aplacar al presidente estadounidense Donald Trump en medio de continuas amenazas de aranceles y la designación de varios grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas.

Otros antiguos líderes criminales destacados, como José Alberto García Vilano, alias “La Kena”, del Cartel del Golfo, el otrora influyente líder del CJNG Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, o la figura líder de la Familia Michoacana José Jésus Méndez Vargas, alias “El Chango”, han sido sustituidos desde entonces en las filas de sus respectivos grupos.

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Sin embargo, esta serie de traslados sí plantea interrogantes sobre la separación de poderes y la independencia judicial en México.

Juan Manuel Delgado, el abogado de los hermanos Treviño Morales, dijo a los periodistas el 27 de febrero que el traslado de sus clientes debería ser “imposible” porque las autoridades no habían seguido el debido proceso judicial, en el que un juez examina la solicitud y toma una decisión final.

Un juez también estaba considerando una nueva apelación del equipo legal de Caro Quintero para posponer su extradición, como se había hecho casi media docena de veces antes, pero al parecer no se había tomado una decisión final cuando fue enviado a Estados Unidos. Por lo tanto, la apelación fue finalmente rechazada.

La naturaleza poco convencional de los masivos traslados puede suscitar preocupaciones sobre si la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tomó realmente la decisión sin permitir primero la intervención de los tribunales. También queda por ver si alguno de los trasladados cooperará con los fiscales para conseguir sentencias más leves, una estrategia común, aunque muy controvertida, utilizada en el sistema judicial estadounidense.

Al final, puede que no importe. Arturo Sarukhán, el exembajador de México en Estados Unidos bajo el mandato del expresidente Felipe Calderón, dijo en una publicación en X que la maniobra de Sheinbaum fue en última instancia la “decisión correcta” para su gobierno frente a las tácticas de Trump.

Imagen principal: Algunos de los 29 líderes del crimen organizado que fueron trasladados de México a Estados Unidos. Crédito: Gobierno de México.