Un poco después de las 5 p.m. del 13 de mayo de 2025 se escucharon disparos a lo largo del río Cuyuní, cuando tropas de la Fuerza de Defensa de Guyana (Guyana Defence Force, GDF) navegaban entre los pueblos de Eteringbang y Makapa, a lo largo de la amplia vía fluvial que forma parte de la frontera en disputa entre Venezuela y la región guyanesa del Esequibo.

El río es tranquilo, una cinta marrón que serpentea lentamente a través del verde frondoso de la selva circundante. Pero las tropas de la GDF estaban preparadas para un posible conflicto. Ellos respondieron al fuego de los atacantes del lado venezolano y lograron retirarse sin bajas.

El enfrentamiento evidenció las crecientes tensiones en el Esequibo, una región estratégica rica en recursos minerales administrada por Guyana y reclamada por Venezuela en una disputa en escalada que está siendo mediada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

A las 2:35 p.m. del día siguiente, otra embarcación de patrullaje militar que se desplazaba de Makapa a Black Water fue atacada de manera similar desde el lado venezolano, sin que se reportaran víctimas. Tres horas más tarde, un tercer bote también fue atacado con disparos cerca de Baboon.

No está claro si los atacantes eran criminales, agentes del gobierno venezolano o ambos. Lo cierto es que los ataques ocurrieron en un momento complejo, mientras Venezuela continúa persiguiendo agresivamente su reclamo sobre el Esequibo, equivalente a dos tercios aproximadamente del territorio guyanés.

El Esequibo es un territorio difícil de proteger. Como gran parte de la Amazonía, está cubierto por una selva casi impenetrable que solo puede ser recorrida por aire o a través de extensas redes de ríos. Además, su tamaño considerable, unos 160.000 kilómetros cuadrados, complica las tareas de patrullaje, especialmente teniendo en cuenta que las fuerzas armadas de Guyana en la actualidad suman 4.200 miembros activos, según datos del gobierno guyanés.

La larga y porosa frontera del Esequibo con Venezuela facilita la entrada y salida de grupos criminales, y la escasez de personal genera importantes vacíos en la inteligencia.

“No podemos decir con certeza quién está al mando o quién está haciendo qué allá”, dijo un alto oficial del gobierno guyanés, quien pidió no ser nombrado, en entrevista con InSight Crime en septiembre de 2024.

A medida que el crimen organizado ha avanzado en la región en los últimos años, Venezuela ha traspasado límites diplomáticos en su presión por reclamar el vasto territorio.

En el episodio más reciente, el 25 de mayo, pocos días después de los ataques contra la GDF, Venezuela celebró elecciones regionales que incluyeron al Esequibo, al que denomina “Guayana Esequiba”. Aunque la votación no se llevó a cabo en territorio del Esequibo, los votantes en pueblos fronterizos venezolanos eligieron como gobernador al candidato del partido oficialista, el almirante Neil Villamizar, a quien Maduro prometió “pleno respaldo presupuestario”.

Entre las amenazas políticas y las provocaciones, es el atractivo de la riqueza mineral del Esequibo lo que parece tener el potencial de encender no solo una crisis de seguridad binacional, sino un conflicto geopolítico con implicaciones regionales.

Una invasión criminal

Grupos criminales venezolanos conocidos como sindicatos, que controlan la minería ilegal en el estado fronterizo de Bolívar con el apoyo del régimen del presidente Nicolás Maduro, llevan años incursionando en el Esequibo y han establecido operaciones en ese territorio.

Maduro ha recurrido durante mucho tiempo a grupos criminales aliados, con los que opera de forma simbiótica bajo su modelo de Estado híbrido, para alcanzar sus objetivos. Los sindicatos, con sus estrechos vínculos con el gobierno venezolano y un interés compartido en la lucrativa minería de oro, tendrían poderosos incentivos para respaldar el reclamo de Maduro sobre el Esequibo.

El Esequibo es un territorio minero clave para Guyana, con el oro siendo uno de sus principales productos de exportación. Aunque se han reportado actividades mineras ilegales, gran parte de la minería en la región cuenta con licencias otorgadas por instituciones nacionales, aunque el cumplimiento de las normas ambientales suele ser laxo. Sin embargo, la escasa presencia del Estado guyanés en esta vasta zona ha abierto el camino para diversas formas de ilegalidad. En medio de este panorama, los sindicatos han encontrado oportunidades.

Desde 2016 se han reportado hurtos de oro a pequeños mineros y asesinatos ocasionales atribuidos a criminales venezolanos en el Esequibo. Ese mismo año, Maduro creó el Arco Minero del Orinoco (AMO), una franja de selva de 112.000 kilómetros cuadrados que incluye un extenso tramo fronterizo con el Esequibo. Muchos de los grupos criminales que formaban parte del ecosistema minero anterior mantuvieron el control de la zona. Con el tiempo, y mediante alianzas cambiantes con funcionarios del régimen de Maduro, estos grupos expandieron y sofisticaron sus operaciones.

En Bolívar, los sindicatos controlan a los mineros artesanales, a quienes cobran un porcentaje del oro extraído. También imponen un sistema paralelo de cobros sobre el comercio y algunas actividades dentro de las minas, desde la venta de alimentos hasta el trabajo sexual, todo ello en complicidad con los militares que custodian el área y en alianza con las instituciones estatales vinculadas a la minería.

Recientemente, los avistamientos de presuntos venezolanos en el Esequibo se han vuelto más frecuentes en los puntos de control fluviales del Cuyuní y en ataques en pueblos fronterizos. Algunas comunidades han reportado la presencia de grupos venezolanos en múltiples puntos a lo largo del Cuyuní, especialmente en Eteringbang y Arau, pequeños pueblos en la región del Cuyuní-Mazaruni (Región 7), así como en Baramita, en la región de Barima-Waini (Región 1), fronterizas con Bolívar.

“Varios mineros han sido asaltados y asesinados cuando salían por carretera con su producción, así como varios campamentos mineros emboscados en el interior”, dijo un activista minero guyanés a InSight Crime bajo condición de anonimato.

La presencia de los sindicatos a lo largo de la frontera selvática y porosa, en especial en el río Cuyuní, les ha permitido establecer puntos de control fluviales ilegales, donde extorsionan a embarcaciones con pasajeros y mercancías. De hecho, el primer ataque registrado este año contra fuerzas de la GDF desde el lado venezolano ocurrió en uno de estos puestos el 17 de febrero de este año. Ese mismo día, el gobierno venezolano insistió en que Guyana debía negociar el estatus del Esequibo.

Los habitantes locales dicen que la mayoría de los casos de extorsión siguen un patrón similar: grupos de entre ocho y quince hombres, usualmente armados con fusiles, obligan a las personas a cumplir sus exigencias.

Mineros y capitanes de bote deben pagar entre 20.000 y 50.000 dólares guyaneses (entre US$95 y 240) para poder pasar, según contó a InSight Crime un minero del Esequibo. Si transportan suministros adicionales, como combustible o alimentos, el monto a pagar es mayor.

Los grupos criminales venezolanos también manejan otras economías ilegales a lo largo de la frontera. Los sindicatos y las fuerzas armadas venezolanas contrabandean combustible hacia Guyana, aprovechando la alta demanda de las operaciones mineras y la escasez de suministros desde Georgetown, la capital guyanesa. Otros insumos, como mercurio y armas de fuego, también circulan por los corredores fronterizos. Además, el tráfico y la trata de personas son otras economías frecuentes en esta zona limítrofe.

Sindicatos anónimos

Los habitantes del Esequibo se refieren a los criminales venezolanos como sindicatos, posiblemente por la popularidad de ese término al otro lado de la frontera. En ocasiones, funcionarios entrevistados por InSight Crime se referían a los venezolanos como “la banda del Sindicato”, como si se tratara de un solo grupo homogéneo, sin conocer la existencia de múltiples estructuras criminales en territorio venezolano.

Las fuerzas de seguridad guyanesas tienen una presencia limitada en el Esequibo, lo que significa que los incidentes y asaltantes rara vez son investigados o procesados, y se sabe poco sobre ellos.

Del lado venezolano, sin embargo, todos están familiarizados con las distintas bandas criminales que controlan la minería en Bolívar, especialmente en los pequeños pueblos a lo largo de la Troncal 10, una carretera larga y recta, flanqueada por una densa selva, que sirve como vía terrestre principal hacia el rico sur venezolano.

El más importante es Tumeremo, ahora designado por Maduro como la capital de la Guayana Esequiba, donde uno de los sindicatos ha mantenido el control durante años. La Organización R (OR), también conocida como “Tres R”, se consolidó en la década de 2010 gracias a su dominio sobre las minas circundantes. Sin embargo, sus intentos por obtener poder político derivaron en una ruptura de sus acuerdos con el oficialismo. Las fuerzas de seguridad expulsaron a la banda del casco urbano, lo que la llevó a concentrarse en las zonas mineras periféricas, según contaron residentes de Tumeremo a InSight Crime durante un viaje de campo en julio de 2024.

Con el paso del tiempo, la OR también se expandió hacia el Esequibo, donde ha controlado minas de oro ilegales, de acuerdo con un residente del estado Bolívar familiarizado con las operaciones del grupo, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

Más adelante, y más cerca de la frontera, se encuentra Las Claritas, un pueblo cubierto de polvo ocre proveniente de sus minas a cielo abierto, que lo convierten en uno de los yacimientos auríferos más lucrativos del país. El Sindicato de Las Claritas domina el área, y su líder, Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”, es uno de los fundadores del grupo criminal Tren de Aragua. Sin embargo, no hay reportes de que haya incursionado en Guyana, y las autoridades guyanesas han aclarado que no tienen registros de la presencia del Tren de Aragua en su territorio hasta el momento.

Asimismo, el sindicato que opera en el pueblo de El Dorado, liderado por Fabio Enrique González Isaza, alias “El Negro Fabio”, aunque se encuentra algo más alejado de la frontera, mantiene su base de operaciones dentro de un radio de acción cercano al Esequibo y en las inmediaciones del río Cuyuní.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo guerrillero ahora colombo-venezolano, también está presente en la frontera, en el pequeño poblado venezolano de San Martín de Turumbang, al otro lado de Eteringbang, en Guyana. Allí, el grupo controla la explotación de una mina que, según periodistas, organizaciones no gubernamentales y habitantes de San Martín entrevistados por InSight Crime, les fue otorgada por el gobierno. Hasta ahora, no se han reportado incursiones del ELN en el Esequibo.

Contrabando de oro

Aunque aún no está claro el papel exacto de los sindicatos en el comercio ilegal de oro del Esequibo, han surgido indicios de que el oro venezolano a menudo es contrabandeado hacia Guyana para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2018.

A lo largo de los ríos del Esequibo, pequeños muelles de comercio conocidos como landings sirven como puntos de encuentro donde mineros artesanales de ambos lados de la frontera buscan compradores para su oro, que termina integrándose a los flujos auríferos de Guyana y sus exportaciones.

“Dan la impresión de que están entregando mucho oro a la Junta de Oro de Guyana, pero en realidad están comprando el oro a los mineros venezolanos”, dijo a InSight Crime el exministro de Seguridad Pública de Guyana, Khemraj Ramjattan.

En octubre de 2020, la Junta de Oro de Guyana (Guyana Gold Board, GGB) abrió una investigación para determinar si se estaba contrabandeando oro venezolano hacia el país, tras denuncias de la Real Casa de la Moneda de Canadá y otros compradores. Sin embargo, el ministro de Recursos Naturales, Vickram Bharrat, advirtió que “no hay una forma sólida de diferenciar” el oro extraído en ambos países, y el vicepresidente Bharrat Jagdeo afirmó posteriormente que el gobierno no encontró evidencia que respaldara esas acusaciones.

Una de las principales empresas comercializadoras de oro en Guyana, Mohamed’s Enterprise, fue sancionada junto con sus propietarios, padre e hijo, Nazar y Azruddin Mohamed, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2024, por presuntamente no declarar la importación y exportación de unas 10 toneladas de oro entre 2019 y 2023, y por evadir el pago de impuestos mediante sobornos a funcionarios guyaneses.

Aunque la sanción no lo menciona expresamente, reportes de Reuters y de la red de periodistas de investigación InfoAmazonia indicaron que los Mohamed estaban siendo investigados por el contrabando de oro venezolano. El propio Nazar Mohamed, en un video en el que criticó al gobierno guyanés por no renovar sus licencias, afirmó que otro empresario local había comprado oro de alta pureza a “hombres venezolanos vestidos con uniforme militar” y lo revendió obteniendo millones de dólares en ganancias, sin que las autoridades intervinieran.

En los últimos años, el volumen de oro oficialmente reportado como producido en Guyana ha disminuido. Según autoridades y analistas, esto podría ser un indicio del aumento del contrabando de oro desde Georgetown hacia mercados internacionales, especialmente hacia países con controles débiles sobre la trazabilidad del oro y el lavado de dinero.

“Lo que han hecho ahora es que, aunque siguen violando las [sanciones a Venezuela], han dejado de declarar [el oro] porque de alguna manera ahora lo envían a Dubai”, dijo Ramjattan.

¿Un conflicto en ciernes?

Los sindicatos, con su fuerte interés en la riqueza mineral del Esequibo, podrían convertirse en un activo estratégico para Maduro, con el potencial de impulsar sus objetivos en la región en disputa.

Estos grupos criminales ofrecen una fuerza negable, una táctica que el Estado venezolano ya ha utilizado en el pasado. Ante la debilitada posición de Maduro, marcada por la falta de respaldo económico debido a sanciones internacionales, la pérdida de legitimidad tras las disputadas elecciones de 2024 y una base social cada vez más erosionada, el conflicto por el Esequibo representa una oportunidad para aglutinar apoyo interno, desviar la atención de las crisis nacionales y proyectar su influencia más allá de las fronteras venezolanas.

Además, en los últimos años, Maduro ha cultivado alianzas profundas con grupos criminales en el estado Bolívar. Al otorgarles impunidad para operar tanto a nivel local como transfronterizo, ha forjado una relación híbrida que podría servir a sus fines geopolíticos en el contexto de la disputa por el Esequibo.

A medida que la controversia territorial se aproxima a una decisión por parte de la CIJ el próximo año, los continuos enfrentamientos fronterizos adquieren una naturaleza más persistente.