La transmisión en vivo de la tortura y asesinato de tres mujeres a manos de una banda de narcotráfico ha sacudido a Argentina y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del país frente a episodios extremos de violencia ligada a las drogas, aunque este tipo de hechos probablemente seguirá siendo poco común.

La policía descubrió los cuerpos de dos mujeres y una adolescente enterrados en el jardín de una casa en Florencio Varela, un suburbio de Buenos Aires, el 24 de septiembre. Las víctimas, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, habían sido engañadas cinco días antes para subir a una camioneta bajo el pretexto de asistir a una fiesta, antes de ser ejecutadas por miembros de una banda de narcotráfico, según informaron autoridades locales.

La autopsia reveló que las jóvenes fueron torturadas —les arrancaron las uñas y las golpearon con objetos contundentes— antes de asesinarlas. Los homicidios fueron grabados y compartidos en redes sociales a una audiencia privada de 45 personas, de acuerdo con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Durante la transmisión, un miembro de la banda dijo: “Esto le pasa al que me roba droga”, relató Alonso a medios locales.

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En los primeros allanamientos, las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro personas, dos de ellas sorprendidas mientras intentaban limpiar las manchas de sangre en el piso y las paredes de la casa donde fueron enterradas las víctimas. Los investigadores creen que las fosas habían sido cavadas antes de la llegada de las jóvenes, lo que sugiere que los asesinatos fueron planificados, y que el vehículo que las transportó llevaba una placa falsa para evadir a las autoridades.

La brutalidad del crimen generó indignación en todo el país y expuso tensiones de clase y de género latentes. El Ministerio de Mujeres y Diversidad de Buenos Aires calificó el hecho como “la expresión más extrema de violencia de género”, mientras que organizaciones de derechos humanos denunciaron los asesinatos como un caso de “narcofemicidio”.

“El sentimiento es que si hubieran sido hombres, los habrían matado a balazos”, dijo a InSight Crime Marcelo Bergman, experto en crimen organizado en Argentina. “Aquí hubo una intención de hacerlas sufrir”.

Nueve sospechosos han sido arrestados, entre ellos el presunto autor intelectual, de nacionalidad peruana Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, de 20 años. Tras huir de Argentina, fue detenido el 30 de septiembre en Pucusana, un pueblo pesquero y balneario a unos 60 kilómetros al sur de Lima.

Análisis de InSight Crime

Aunque los asesinatos transmitidos en vivo son inusuales en Argentina, los grupos de narcotráfico en otros países de América Latina los han usado para infundir terror e imponer control.

En México y Brasil, los grupos criminales suelen grabar y difundir en redes sociales ejecuciones y actos de tortura para enviar mensajes a rivales, atemorizar a comunidades bajo su dominio y castigar a quienes infringen sus reglas.

En septiembre de 2024, por ejemplo, miembros del Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) secuestraron, torturaron y asesinaron a dos hermanas en un caserío rural del estado de Mato Grosso, en Brasil, presuntamente tras detectar en Instagram un gesto que interpretaron como vinculado a una banda rival. La ejecución fue transmitida a los líderes del grupo dentro de una cárcel local, según los investigadores.

En comparación, los homicidios de Florencio Varela parecen haber sido perpetrados por un grupo menos sofisticado. La policía pudo rastrear fácilmente a “Pequeño J” porque continuó usando su celular mientras huía de Argentina hacia Perú, algo poco frecuente en organizaciones criminales más poderosas como las de México y Brasil.

“Estamos ante la presencia de nuevas cohortes de delincuentes, muy rústicos, que usan la violencia de manera desmesurada, es decir, una violencia que ya no guarda proporción con la finalidad que persiguen”, explicó Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y autor de un libro sobre criminalidad juvenil en Argentina. “Lo vimos en Rosario hace unos años, y lo estamos viendo ahora en Buenos Aires”.

Una de las víctimas, de apenas 15 años, ejercía el trabajo sexual “para sobrevivir”, contó un familiar a medios locales. Los investigadores creen que las tres mujeres tuvieron contacto con miembros de la banda de “Pequeño J” en la Villa 21-24, uno de los asentamientos informales más grandes de la provincia de Buenos Aires, que servía como base logística del grupo.

Según Gustavo Vera, director de la organización La Alameda, los recortes presupuestarios crearon un vacío de gobernanza que permitió a grupos criminales expandir su poder en las periferias más pobres de Buenos Aires.

En estos territorios, dijo, las redes de droga han formado “un microestado que hace que que asfaltan las calles, que compren los remedios de los vecinos, paguen algún velatorio inclusive… y obviamente su presa favorita son los jóvenes y, particularmente, las mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes, a las cuales capta para fines de prostitución y para fines de mula”.

Bergman dijo a InSight Crime que, si bien no creía que los asesinatos anunciaran un cambio de paradigma en los niveles de violencia asociada al narcotráfico en Argentina, la capacidad del país para contener este tipo de hechos ha dependido de su rareza, sumada a la presión de la sociedad civil que obliga a las autoridades a resolver estos crímenes.

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“Si ocurriera un caso cada semana […] estaríamos muy cerca de lo que pasa en México”, dijo Bergman. “Por ahora, no se ha propagado”. También destacó la reacción de la opinión pública argentina como un factor que presionó a las autoridades a resolver el caso.

Las investigaciones siguen en curso, y las autoridades argentinas parecen decididas a aprovechar la alta visibilidad del caso para disuadir a otras bandas criminales de cometer actos de violencia similares.

“Tenemos que dejar un mensaje”, afirmó Alonso a la prensa local. “Y esto lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie”.

Imagen principal: Paula Fabero, madre de una de las víctimas del triple crimen en Argentina, junto a familiares de las otras jóvenes asesinadas durante la manifestación del 27 de septiembre en la que exigieron justicia. Crédito: Cristina Sille/Reuters.