Las autoridades de la ciudad de Rosario, epicentro del narcotráfico en Argentina, celebran una caída histórica en la tasa de homicidios, pero los asesinatos que persisten en las zonas periféricas evidencian que las recientes medidas de seguridad han contenido la violencia de las bandas, sin abordar sus causas de fondo.

Los enfrentamientos entre grupos criminales locales convirtieron a Rosario en el epicentro de la violencia narco en Argentina durante más de una década. No obstante, algunas reformas recientes son consideradas responsables de la caída en la tasa de homicidios, que en 2024 fue la más baja desde que se comenzaron a recopilar datos diez años atrás. La reducción ha sido más marcada en el centro de la ciudad, mientras que la violencia persiste en las zonas periféricas.

Durante la mañana del sábado 5 de julio, hombres armados no identificados dispararon contra la entrada de una escuela en la zona oeste de Rosario. Según los medios locales, los atacantes dejaron una nota escrita en el lugar con amenazas que exigían cambios en las condiciones carcelarias. En la madrugada del domingo 6 de julio, otra balacera —esta vez contra una vivienda en el suroeste de la ciudad— impactó a dos primos mientras jugaban. El menor, de 13 años, murió, mientras que el de 8 años permanece hospitalizado con un disparo en la pierna y otro en la mandíbula. Más tarde ese mismo día, un hombre disparó contra un bus en el suroeste, dejando a una persona herida.

Las economías ilegales y el crimen organizado son las principales causas de los homicidios en Rosario. Aún se investigan los motivos de los ataques más recientes, pero evocan episodios de violencia previamente atribuidos a las bandas criminales de la ciudad.

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En marzo de 2023, un tiroteo contra una escuela y otro hecho que dejó un niño de 11 años muerto y tres menores heridos generaron indignación pública, lo que llevó al entonces presidente Alberto Fernández a enviar refuerzos federales a Rosario.

“Imagínate que llegan a amenazar las escuelas”, contó a InSight Crime una residente de la zona oeste. “La mayoría tienen policías a la entrada y a la salida por estas amenazas […]. Todavía están con miedo por estos tiroteos”.

Para combatir la violencia persistente atribuida al crimen organizado, las autoridades han incrementado la presencia policial y redoblado los operativos contra los “búnkers” de droga. En 2024, los allanamientos aumentaron un 25% respecto al año anterior, y la resolución de casos pasó del 34% al 44%.

Pero estos cambios no han estado exentos de represalias. En septiembre de 2024, un bus fue atacado a tiros —una acción que habría buscado intimidar a la ciudadanía—. En marzo del mismo año se registraron múltiples ataques, incluyendo amenazas contra la familia del futbolista Ángel Di María.

“Fue en marzo [de 2024] donde claramente los mensajes eran direccionados al ministro y al gobernador. Y donde claramente el reclamo era ‘dejen de hacer lo que están haciendo’, ‘dejen de hacer lo que están haciendo en las cárceles’, ‘dejen de hacer lo que están haciendo en la calles… […] si no quieren más muertos, dejen de hacer esto’”, dijo Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Centro de Información Criminal Operativa del Gobierno de Santa Fe, en entrevista con InSight Crime. “Y eso nos puso a prueba”.

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El gobierno ha subrayado que los bajos niveles generales de criminalidad son prueba de que sus políticas están funcionando.

Y aunque las reformas parecen haber devuelto la calma al centro de Rosario, los residentes de los barrios periféricos aseguran que el crimen organizado sigue siendo una amenaza constante.

“La gente tiene miedo y tampoco denuncia. A mi amiga la mataron y la familia no denunció”, contó la residente a InSight Crime. “Tienen miedo porque [los criminales] manejan todo el barrio”.

Imagen principal: Pintada en el campus de la Universidad Nacional de Rosario que llama a la resistencia frente a la violencia. Crédito: Christopher Newton / InSight Crime.