La evolución del Cartel de los Soles

El 18 de febrero, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, hizo una visita sorpresiva a Venezuela. El viaje, poco publicitado, pareció ser una señal de que las fuerzas armadas estadounidenses mantienen una estrecha vigilancia sobre el país tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Según todas las versiones, fue una visita productiva. Autoridades venezolanas informaron que Donovan se reunió con la presidenta Delcy Rodríguez, el ministro de interior y justicia, Diosdado Cabello, y el ministro de defensa, Vladimir Padrino López. Discutieron la cooperación bilateral en la lucha contra la migración y el narcotráfico, según publicó en X un alto funcionario de comunicaciones. En un comunicado, el Comando Sur señaló que había avanzado el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para estabilizar Venezuela.

“Durante la reunión, los líderes reiteraron el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el hemisferio occidental”, indicó el Comando Sur.

Pero lo que nadie mencionó es que, según funcionarios de justicia estadounidenses, Cabello y Padrino forman parte del Cartel de los Soles y actualmente por sus cabezas se ofrecen recompensas de US$25 millones y US$15 millones, respectivamente. De hecho, ambos son los líderes más prominentes de la red criminal. Su posición en la cúspide del régimen chavista es prueba de que el Cartel de los Soles —aunque quizás golpeado por la captura de Maduro— sigue en pie. Más aún, después de numerosas transformaciones a lo largo de varias décadas, todo indica que está a punto de atravesar una nueva metamorfosis.

Fase I: El régimen pretoriano de Chávez

Desde sus inicios en la década de 1990, el Cartel de los Soles ha estado incrustado en el Estado, principalmente en el ámbito militar. Su nombre proviene de las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional llevan en sus hombreras.

En sus comienzos, no existía una relación formal con el gobierno. El cartel surgió como una serie de células que se hacían las de la vista gorda frente a los narcotraficantes, en su mayoría colombianos, que trasladaban cocaína a través de Venezuela. No tenían mayor conexión entre sí ni con las altas esferas del poder.

Esto cambió en 2002. Luego de un intento de golpe de Estado en su contra, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez comenzó a forjar una alianza con los rebeldes colombianos. El golpe fue inicialmente reconocido por Estados Unidos y Colombia, lo que llevó a Chávez a acercarse a las guerrillas colombianas, aliadas ideológicas de su Revolución Bolivariana. Pero esa alianza implicaba concesiones. Los rebeldes colombianos, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estaban profundamente involucrados en el narcotráfico.

VEA TAMBIÉN: Las guerrillas colombo-venezolanas: la migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela

Chávez recurrió a lugartenientes de confianza para manejar esta relación, principalmente dentro del estamento militar. Entre ellos estaban Hugo Carvajal, alias “El Pollo”, jefe de la inteligencia militar, y el general Cliver Alcalá, alto oficial de las fuerzas armadas. En documentos judiciales posteriores, testigos describieron cómo Carvajal actuaba como intermediario con las FARC en acuerdos de droga, mientras que Alcalá coordinaba la logística para los traficantes. Ambos fueron posteriormente acusados en Estados Unidos y se declararon culpables de narcotráfico.

Sin embargo, el hombre clave de Chávez fue Diosdado Cabello. Su relación con Chávez se remontaba a años atrás, a su etapa en el Ejército. Cabello apoyó a Chávez en el fallido golpe militar de 1992. Ambos fueron encarcelados, pero tras su liberación incursionaron en la política, y Cabello ayudó a Chávez a ganar la presidencia en 1998. Fue su jefe de gabinete antes de convertirse en vicepresidente. Volvió a respaldarlo en 2002, cuando Chávez fue brevemente destituido durante el golpe, asumiendo temporalmente la presidencia interina antes de devolverle el poder.

Otros actores fuera del ámbito militar también fueron incorporados a la red. Nicolás Maduro, por ejemplo, fue ministro de relaciones exteriores entre 2006 y 2011. Según la acusación estadounidense, durante ese período facilitó pasaportes falsos para traficantes y ayudó a proteger envíos de cocaína desde Venezuela hacia México, así como el movimiento de dinero en la dirección contraria. Su esposa, Cilia Flores, era una figura política destacada. Documentos judiciales señalan que recibió cientos de miles de dólares para intermediar una reunión entre narcotraficantes y el entonces jefe de la división antidrogas del gobierno.

Con el tiempo, el Cartel de los Soles se convirtió en una expresión que resumía la participación militar en el negocio de la cocaína. Pero era algo más que eso. Permitir el tráfico de cocaína le era la moneda con la que Chávez aseguraba la lealtad de sus fuerzas de seguridad, mientras colocaba a militares de confianza en casi todos los ámbitos del Estado, configurando lo que se transformó en un régimen cuasipretoriano. Al mismo tiempo, fortalecía sus vínculos con las guerrillas colombianas que controlaban gran parte del comercio de cocaína y que ofrecían un conveniente amortiguador fronterizo frente a cualquier posible agresión de Colombia, a la que Chávez veía como un aliado del gobierno de Estados Unidos en la región.

El narcotráfico fue creciendo y los operadores venezolanos locales reemplazaron a los narcos colombianos que previamente manejaban el negocio en Venezuela. Uno de ellos fue Carlos Orense, a quien fiscales estadounidenses acusan de mover cientos de toneladas de cocaína desde Venezuela hacia Centroamérica y México, desde donde luego era transportada a Estados Unidos en la década del 2000. Todo esto, según los documentos judiciales, fue facilitado por figuras como Carvajal y Alcalá y por el Cartel de los Soles. Los expedientes van más allá y describen cómo Carvajal también trabajó con reconocidos narcotraficantes, incluyendo reuniones con ellos en sus propiedades.

En esencia, Chávez estableció un quid pro quo: quienes participaban en el sistema corrupto podían conservar sus ganancias, pero debían mantenerse leales al régimen y actuar con discreción. Así funcionaba el Cartel de los Soles bajo Chávez. Su sucesor designado, Nicolás Maduro, tomó ese sistema de corrupción y lo transformó en algo mucho más sofisticado: un mecanismo para aferrarse al poder en medio de una economía en colapso y un creciente aislamiento internacional — un sistema de gobernanza criminal híbrida.

Fase II: El Estado criminal híbrido

En 2013, cuando Maduro asumió el poder tras la muerte de Chávez, heredó algo más que la presidencia. Recibió un sistema de corrupción que había sostenido la Revolución Bolivariana y que se volvería esencial para apuntalar su propio mandato. Sin embargo, el país que recibió era distinto. El auge petrolero había terminado y la economía estaba en caída libre. Caracas figuraba entre las ciudades más violentas de la región. Y, a diferencia de Chávez, Maduro carecía de aliados sólidos dentro de las fuerzas armadas.

Para enfrentar el creciente descontento en medio de la disminución de los ingresos estatales y evitar fracturas en las redes de corrupción heredadas, Maduro optó por ampliar y reorganizar el sistema. Esa reconfiguración marcó la consolidación gradual de un Estado criminal híbrido: un orden político en el que las instituciones formales y las estructuras criminales no competían, sino que se complementaban. En lugar de reprimir a los actores ilícitos, el gobierno los integró en un esquema de gobernanza híbrida. Grupos armados ejercían autoridad en territorios definidos y cooperaban con elementos estatales. A cambio de lealtad y de mantener cierto orden, recibían autonomía operativa y facilitaban el acceso a rentas criminales para generales y altos dirigentes chavistas.

Uno de los hombres que presidió este sistema desde el ámbito militar fue el ministro de defensa, Vladimir Padrino López. Padrino había desempeñado un papel en el rápido retorno de Chávez al poder luego del golpe de 2002, después del cual ascendió con rapidez. Para el momento de la muerte de Chávez, era el segundo al mando del Ejército. En 2014, Maduro lo nombró ministro de defensa, cargo que ha ocupado desde entonces. Ha mantenido a las fuerzas armadas leales al régimen chavista y supervisó su transformación de una institución de defensa nacional a una fuerza de represión política y social.

Aun así, Padrino ha proyectado un perfil más institucional que criminal. Las acusaciones de fiscales estadounidenses contienen en su mayoría referencias vagas al narcotráfico. Una imputación de 2019 señala que recibió pagos de narcotraficantes a cambio de permitirles el libre tránsito por el espacio aéreo venezolano y que ordenó a los militares derribar las aeronaves de quienes no pagaran su tarifa.

Ante el colapso fiscal, Maduro amplió el papel de las economías ilícitas en la sostenibilidad del Estado. Los ingresos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando alimentaron a figuras chavistas y, de manera indirecta, a las arcas del régimen, ayudando al gobierno a resistir el desplome económico y a sostener el flujo de divisas hacia el aparato de pagos estatal. Estas rentas criminales no solo fueron toleradas: fueron estructuradas, redistribuidas e incorporadas a la economía política del régimen.

VEA TAMBIÉN: Chávez y los orígenes del Estado híbrido de Venezuela

Oficiales militares, élites políticas e intermediarios locales recibieron participación en los flujos de ingresos a cambio de lealtad. Redes de corrupción que antes operaban en paralelo al Estado se fusionaron con estructuras de gobierno a nivel municipal, estatal y nacional.

En este sentido, el caso de Cabello es ilustrativo. El exoficial del Ejército, que se transformó en operador político y articulador de poder —una trayectoria que seguirían otros militares vinculados al Cartel de los Soles. Tras desempeñarse como jefe de gabinete y vicepresidente, fue ministro en varias carteras, gobernador del estado Miranda, presidente de la comisión de telecomunicaciones y presidente de la Asamblea Nacional. Mantuvo sus profundos vínculos con las fuerzas armadas. En otras palabras, Cabello, más que cualquier otra figura política, llegó a encarnar al Estado venezolano en su forma híbrida moderna: parte militar, parte legislador, parte ministro, parte gobernador y parte operador criminal.

En materia de seguridad, las alianzas con grupos criminales fueron una pieza esencial. En zonas de Caracas, las autoridades redujeron operativos, retiraron fuerzas de seguridad de determinados barrios y permitieron el dominio de bandas a cambio de menores tasas de homicidio. Esto quedó plasmado en la creación de las llamadas “zonas de paz” en 2013, que restringían el ingreso policial a áreas controladas por bandas a cambio de promesas de reducción de la violencia.

Los colectivos, los grupos civiles armados surgidos bajo Chávez, consolidaron su papel dentro de esta estructura. Han funcionado como el brazo del régimen a nivel urbano, reprimiendo protestas y disuadiendo la movilización opositora. A cambio, obtuvieron acceso a mercados negros vinculados a alimentos subsidiados, gas doméstico, distribución de gasolina, extorsión y venta minorista de drogas. Operadores como Cabello dirigen hoy decenas de sus propios colectivos.

Fase III: Recalibración

El sistema requería recalibraciones periódicas. En varias regiones, actores criminales acumularon poder más allá de los roles que les habían sido asignados. La competencia por las rentas se intensificó y la violencia aumentó. Cuando los arreglos locales amenazaban la autoridad central, el régimen intervenía.

En 2018, las autoridades lanzaron la “Operación Manos de Metal” para retomar el control de las zonas auríferas en el estado Bolívar y debilitar a los sindicatos —bandas mineras locales— que habían llegado a dominarlas. En lugar de apoyarse exclusivamente en fuerzas de seguridad formales, el gobierno recurrió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla binacional que controla gran parte de la frontera colombo-venezolana. En coordinación con actores estatales, el ELN desplazó a rivales criminales y consolidó el control sobre enclaves mineros estratégicos.

Maduro aplicó una lógica similar a la del narcotráfico. En vez de desmantelar rutas, las reorganizó. Operativos selectivos desmontaron estructuras como el Cartel de Paraguaná en el estado Falcón y desplazaron de zonas fronterizas a ciertas facciones de las antiguas FARC, ya desmovilizadas y convertidas en disidencias. Con ello, Maduro posicionó al régimen como el regulador supremo del mundo criminal, utilizando el acceso a las rutas para recompensar a aliados políticos, militares y criminales clave.

El patrón continuó a finales de 2024 y comienzos de 2025, cuando más de un tercio de los 21 alcaldes del estado Zulia fueron detenidos por orden del ministro de interior y justicia, Cabello. Presentada públicamente como una ofensiva contra el narcotráfico, fuentes indicaron a InSight Crime que se trató de una maniobra de Cabello para castigar a opositores y consolidar su control sobre las rutas de tráfico. Fiscales estadounidenses han documentado la presunta participación de Cabello en el narcotráfico durante gran parte de este período, incluyendo acusaciones de que impartía instrucciones a la guerrilla del ELN.

“Entre aproximadamente 2022 y 2024, Cabello Rondón viajó regularmente a pistas clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el paso seguro y continuo de la cocaína por territorio venezolano”, señala la acusación de 2026.

VEA TAMBIÉN: Un viaducto de cocaína: el narcotráfico y la expansión del ELN en Venezuela

Además, múltiples fuentes dijeron a InSight Crime que Cabello, a través de sus redes de actores políticos y militares, ha mantenido influencia sobre las rutas del narcotráfico y sobre diversas estructuras criminales.

“Quienes están involucrados [en el Cartel de los Soles] probablemente pagan hasta los niveles más altos del gobierno”, dijo a InSight Crime James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela. “En particular a Diosdado Cabello. Estoy seguro de que Diosdado recibe una parte de lo que todos están haciendo”.

Mientras tanto, bajo el mando de Padrino, la institución militar se transformó por completo, y pasó de ser una constelación informal y desconectada de oficiales implicados en el tráfico a un modelo sistémico incrustado en la jerarquía militar. Informes independientes mostraron que las fuerzas armadas venezolanas cuentan con el mayor número de generales del hemisferio en proporción al tamaño de su tropa. Ascensos, inflación de rangos y acceso a rentas ilícitas se entrelazaron dentro de una estructura de mando basada en el patronazgo, que alimenta la corrupción y profundiza la participación militar en el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y otros mercados ilícitos.

Pero el 3 de enero, todo volvió a cambiar.

Fase IV: ¿Repliegue?

Lo que viene para Cabello y Padrino es difícil de prever. La reunión con Donovan fue una muestra de que, pese a su papel en la creación de un régimen criminal profundamente incrustado, siguen siendo piezas clave de la estabilidad que Estados Unidos busca en Venezuela.

Pero también son vulnerables. Cabello ha exhibido su fuerza política en las últimas semanas, al organizar actos y concentraciones públicas, pero es el miembro más visible del régimen de Rodríguez que enfrenta acusaciones formales. Además, figura en la más reciente imputación que condujo a la captura de Maduro.

Por su parte, Padrino López ha ido perdiendo influencia dentro de las fuerzas armadas y en la estructura de poder venezolana en los últimos años, según explicó a InSight Crime un analista político venezolano que pidió anonimato por razones de seguridad. Y aunque Padrino López se mantuvo leal a Maduro, su reacción —o la ausencia de ella— ante la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas generó controversia dentro de los mandos militares.

Mientras tanto, otros ya se encuentran detenidos en Estados Unidos, como Carvajal, quien espera sentencia por narcotráfico, y Alcalá, que cumple una condena de más de dos décadas por tráfico de cocaína. Ellos, junto con muchos otros, probablemente estén colaborando con las autoridades estadounidenses y aportando aún más información sobre Cabello, Padrino y otros actores.

Maduro no solo presidió un sistema corrupto. Tomó el Cartel de los Soles y lo sistematizó. Lo que antes era una red que operaba dentro de las fuerzas armadas se convirtió en una arquitectura de gobierno construida alrededor de la corrupción y el acceso a rentas criminales. Actores criminales funcionaban como autoridades delegadas en feudos territoriales, mientras figuras del régimen asignaban rentas, regulaban la violencia y definían las reglas del ecosistema criminal.