Tras el ataque con misiles que mató al líder de la banda más temida de Venezuela, realizado en cooperación entre Estados Unidos y Venezuela, surge una pregunta central: ¿podrían las guerrillas colombianas, asentadas desde hace años en territorio venezolano con el apoyo de sectores del régimen chavista, enfrentar bombardeos similares?
El ataque que acabó con la vida de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, fundador y líder de la banda transnacional venezolana conocida como el Tren de Aragua, ocurrió en el estado Bolívar, la zona minera ubicada al sur de Venezuela.
Los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) también tienen una fuerte presencia allí y se benefician del comercio ilegal de oro. Son estos mismos yacimientos los que la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, busca abrir a empresas internacionales mientras intenta sacar a su país del borde de la quiebra y aferrarse al poder.
“En el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona”, señaló un comunicado del gobierno venezolano sobre la muerte de Niño Guerrero el 12 de junio.
Pero el ELN no es el Tren de Aragua. Este último es una federación laxa de bandas nacida en una prisión. El ELN, en cambio, es un ejército guerrillero disciplinado que ha resistido durante décadas al ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, y hoy es más fuerte que nunca, con alrededor de 6.300 combatientes que operan tanto en Colombia como en Venezuela. También está profundamente entrelazado con sectores del régimen instaurado por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, hace más de 25 años. El régimen chavista ha ofrecido refugio e incluso apoyo tácito a los rebeldes colombianos, un contrapeso útil frente a un Washington a menudo hostil y a su aliado más leal en la región hasta hace poco, Colombia.
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Aun cuando existiese voluntad política, ¿Rodríguez podría confiar en que sus fuerzas de seguridad colaboren en operaciones estadounidenses contra la guerrilla colombiana, que figura en la lista de organizaciones terroristas de Washington?
Todo esto ocurre mientras se desarrollan elecciones presidenciales en Colombia que concluyen el 21 de junio, en las que el actual presidente, el exguerrillero Gustavo Petro, parece encaminado a ser sucedido por un político de derecha, declarado admirador de Donald Trump.
Abelardo de la Espriella ha prometido desatar fuego y furia contra todas las facciones armadas de Colombia y se niega a reconocer cualquier tipo de conflicto civil. Con la fusión de la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo por parte de la administración Trump, Washington probablemente encontrará un aliado entusiasta, dispuesto a impulsar ataques con misiles y una estrategia plenamente militarizada.
“A los bandidos del ELN, del Clan del Golfo, a ‘Iván Mordisco’, a ‘Calarcá’: desde aquí, en Buga, les digo que a partir del 7 de agosto, cuando sea presidente, los declaro objetivo militar, los voy a dar de baja”, aseguró de la Espriella durante un mitin de campaña en junio.
Si el ELN fuera atacado simultáneamente a ambos lados de los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, podría enfrentar una de las amenazas más graves a su existencia en más de 60 años de lucha.
Análisis de InSight Crime
Es poco probable que se produzcan ataques contra el ELN antes de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos. Trump necesita acumular tantos triunfos de política exterior como pueda antes de noviembre, y verse atrapado en otra guerra contrainsurgente como la de la vecina Colombia podría parecerle una alternativa poco atractiva y un legado indeseable.
Washington ha tomado el control de las ventas de petróleo de Venezuela y busca aumentar la producción, especialmente ante la escasez actual generada por la crisis con Irán y el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Una vez logrado esto, Estados Unidos parece interesado en asegurar tantas concesiones como sea posible sobre el oro y los minerales de tierras raras de Venezuela.
El gobierno venezolano ya aprobó una nueva ley minera para permitir la inversión extranjera y reorganizar el sector minero, con el fin de facilitar la entrada de empresas internacionales. Ya se han firmado acuerdos iniciales, e incluso funcionarios estadounidenses han visitado la zona, según reportes locales. Además, Estados Unidos ha flexibilizado las sanciones impuestas al oro y los minerales venezolanos para promover las operaciones.
El ELN ya ha demostrado su capacidad para ocultar su presencia visible en Venezuela, aunque hay cientos de rebeldes, probablemente más de 1.000, dispersos en al menos ocho estados venezolanos, incluido Bolívar. En diciembre del año pasado, cuando la flotilla estadounidense, encabezada por el portaaviones USS Gerald Ford, se desplegó frente a la costa norte de Venezuela, el equipo de InSight Crime en el terreno recibió reportes del abandono de campamentos del ELN en los estados fronterizos, donde los rebeldes parecían haberse integrado entre la población civil. Algunos de estos campamentos han sido reocupados, pero los rebeldes colombianos son claramente conscientes de los riesgos, y el ataque con misiles contra el Tren de Aragua podría llevarlos a moverse otra vez.
Los guerrilleros del ELN, en campamentos o escondidos entre la población civil, continúan participando en una amplia variedad de economías criminales, como el tráfico de drogas, todo tipo de contrabando y el comercio ilegal de oro y minerales. La mayoría de estas actividades se realizan en coordinación con elementos corruptos del régimen chavista, que tienen un interés directo en mantener el statu quo y proteger al ELN.
