La ofensiva del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las pandillas debilitó profundamente a la Mara Salvatrucha (MS13) y al Barrio 18 y convirtió su estrategia de seguridad en un modelo replicado en otros países de América Latina. ¿Pero a qué costo?
Arrestos masivos, régimen de excepción y megacárceles
La estrategia de seguridad de Nayib Bukele se apoya en tres pilares fundamentales: el régimen de excepción, los arrestos masivos y la construcción de megacárceles.
En marzo de 2022, el gobierno intensificó su ofensiva contra las pandillas en respuesta a una ola de violencia que dejó 87 muertos en apenas 72 horas. La masacre se produjo en medio de la ruptura de negociaciones secretas que funcionarios habrían mantenido con líderes de las pandillas para reducir los homicidios. En respuesta a la masacre, el gobierno decretó un régimen de excepción, que suspendió garantías constitucionales y flexibilizó las normas sobre detenciones, dando paso a una campaña de arrestos masivos sin precedentes.
La ofensiva debilitó a la MS13 y al Barrio 18, dos pandillas que surgieron en Los Ángeles y se expandieron por Centroamérica a través de las deportaciones desde Estados Unidos. Las detenciones desarticularon gran parte de sus estructuras y obligaron a numerosos integrantes a esconderse o exiliarse.
Pero el ritmo de las detenciones terminó desbordando un sistema penitenciario que ya sufría problemas de hacinamiento. En respuesta, el gobierno inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en 2023, una megacárcel de máxima seguridad con capacidad anunciada para 40.000 reclusos en condiciones severas. Sin embargo, pese a la ampliación de la infraestructura penitenciaria, las cárceles del país continuaron gravemente superpobladas.
¿Hasta dónde llegó la ofensiva?
La ofensiva también se extendió más allá de las fronteras salvadoreñas. Mediante alertas rojas de Interpol, las autoridades de El Salvador impulsaron detenciones de presuntos pandilleros en otros países.
A esto se sumaron las designaciones de Estados Unidos, que en 2025 incluyeron a la MS13 y al Barrio 18 en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, ampliando sus propias herramientas legales para actuar contra ambas pandillas.
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Pero mientras la persecución de presuntos pandilleros trascendía las fronteras, la ofensiva entraba en una nueva etapa dentro de El Salvador: el procesamiento judicial de miles de detenidos. Las autoridades recurrieron a juicios colectivos que agrupan a cientos de acusados para hacer frente al volumen de casos. En julio de 2026 concluyeron las audiencias contra 485 presuntos integrantes de la MS13.
Costos y consecuencias
La violencia letal se redujo significativamente y las pandillas perdieron gran parte del control territorial que ejercían sobre las comunidades.
El encarcelamiento masivo llevó a El Salvador a registrar la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con cerca del 2% de su población en prisión desde finales de 2023, una proporción que se mantuvo hasta finales de 2025.
Organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y muertes bajo custodia. En julio de 2026, Amnistía Internacional informó que al menos 470 personas habían muerto bajo custodia estatal desde el inicio del régimen de excepción.
La ofensiva también ha estado acompañada de un aumento de la persecución contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
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